El futuro de las pensiones

Queridos lectores:(*)

Hace poco, un amigo mío de Facebook (gràcies, Jofre) me sugirió que escribiera un artículo aquí sobre el actualmente muy candente en España tema de las pensiones. A priori desechaba la idea por dos motivos. Por una parte, porque aunque el tema tiene evidentes conexiones con el descenso energético y el inevitable declive económico, pensaba que se necesitaría mucha argumentación para enfocarlo correctamente desde la perspectiva de este blog, sobre todo porque al apuntar hacia el futuro parece que uno siempre se tiene que mover en un estrecho filo entre el morboso tremendismo madmaxiano y la idiota autocomplacencia tecnoreligiosa. Por otro lado, yo no soy un especialista en este tema concreto, el de las pensiones en España, y por tanto tendría que tener sumo cuidado de no perderme en ciertos detalles intrincados que pudieran desviar la atención sobre la cuestión que realmente quiero abordar, y que no es otra que la dificultad de mantener un esquema social construido basándose en una realidad socioeconómica no solamente en crisis, sino condenada a desaparecer. Sin embargo, al final he decidido arriesgarme a escribir esta pieza por que creo que puedo aportar algo, como mínimo un punto de vista bastante diferente de los que se suelen oír por ahí, y porque a pesar de mi falta de conocimientos técnicos sobre el tema estoy oyendo decir tales barbaridades y medias verdades orladas con mentiras absolutas que creo que, aunque imperfectos, mis argumentos pueden ser de más utilidad que según cuales.

En mi discusión me voy a centrar en el caso de España, porque aunque sea específico me da la impresión de que muchas de las conclusiones van a poder ser fácilmente extrapolables a otros países. Al referirme a las características del sistema de pensiones español, describiré en trazo grueso estas características porque, como he dicho, tampoco yo lo conozco en más detalle; y de antemano pido perdón por los errores y omisiones que sin duda cometeré, apelando a la paciencia de los lectores para quedarse con la conclusión más general, la validez de la cual no reposa tanto sobre esos detalles. Por supuesto agradeceré a cualquier lector que me señale los errores que encuentre en el texto para que pueda corregirlos.

Como es un post bastante largo, lo dividiré en siete secciones para facilitar su lectura.

Cómo funciona el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social.

En España, a cada trabajador por cuenta ajena (es decir, empleado en una empresa o administración pública) se le descuentan obligatoriamente unos 180 euros por cada paga (en España lo más habitual son 14 pagas anuales, 12 mensuales y 2 extraordinarias) como contribución a la Seguridad Social (por supuesto, estoy hablando aquí del Régimen General; existen otros muchos regímenes específicos para diversos colectivos de trabajadores). Esta contribución que hace cada empleado sirve para mantener el sistema de Seguridad Social, que no solamente dota las pensiones públicas sino también el sistema de salud y los servicios sociales.

La contribución de los trabajadores no es la única, ni siquiera la mayoritaria, de la que se nutre el sistema de Seguridad Social español. Por cada trabajador asalariado que tiene una empresa, la propia empresa debe obligatoriamente satisfacer una cuota patronal a la Seguridad Social, y dicha cuota corresponde aproximadamente al 30% del salario bruto del trabajador. Por tanto, incluso en el caso de trabajadores mileuristas la empresa contribuye más a la Seguridad Social que el propio trabajador (excepto en el caso de exenciones o minoraciones de esta cuota, cosa de la cual también hay un catálogo extenso).

Por último, el propio Estado y las Comunidades Autónomas prevén en sus presupuestos una financiación adicional para ciertas componentes del sistema de Seguridad Social, principalmente en el capítulo de Sanidad y en menor medida en otras prestaciones sociales. Esta parte de la financiación está, por tanto, sufragada con los impuestos que se le aplican a todos los ciudadanos y a las empresas.

Un caso especial que me interesa destacar es el de los trabajadores autónomos. Se trata de gente que no trabaja para otra persona, sino que son sus propios empleadores. La figura del autónomo estaba pensada para los propietarios de pequeños negocios o para quien ejerce las llamadas profesiones liberales (por ejemplo, un abogado, un arquitecto, un médico con consulta propia...). Se trataría, por tanto, de gente con actividad o negocio propio, el cual les proporciona suficientes beneficios como para poder costearse su propia Seguridad Social. Aunque la casuística en este caso es bastante diversa, en líneas generales los autónomos tienen que hacer frente a una cuota obligatoria semejante a los 180 euros por nómina de los trabajadores asalariados, y tienen la opción de satisfacer una cantidad mayor equivalente a una cuota patronal minorada, con la que tendrían derecho a una mejor pensión (ver siguiente sección). El problema con los autónomos es que es una figura de la cual se ha abusado en España, gracias a la desidia si no complacencia de las autoridades, y hoy en día hay muchos trabajadores que en realidad lo son por cuenta ajena pero que se dan de alta en el régimen de autónomos aunque su estipendio no sea tan alto como para que tal cosa les fuera razonable, simplemente porque la empresa que los emplea se ahorra de este modo la cuota patronal. Estos trabajadores sufren una importante disminución de sus ingresos netos con respecto a los brutos, y generalmente cotizan lo mínimo a la Seguridad Social, con el consiguiente perjuicio para ellos a largo plazo.

Cómo funciona el sistema público de pensiones.

El hecho de haber cotizado a la Seguridad Social da derecho a recibir una pensión de jubilación al terminar la vida laboral, a otras pensiones asistenciales si fuera necesario (incapacidad, viudedad,...) y también a recibir asistencia sanitaria gratuita en el sistema público de salud. Algunos de estos derechos, particularmente las pensiones de jubilación, mejoran cuanto más años se haya cotizado a la Seguridad Social y cuanto más alta haya sido la contribución (contando en este caso la cuota patronal, lo cual para el trabajador, a efectos prácticos, es haber recibido un mejor sueldo).

Es importante tener en cuenta que el haber cotizado le da al trabajador un derecho reconocido por el Estado a través del sistema de Seguridad Social, pero en modo alguno puede considerarse que el trabajador haya puesto "su" dinero en una hucha personal. En realidad, los trabajadores en activo que están cotizando hoy están pagando las pensiones de los pensionistas de hoy, y sus pensiones del mañana serán pagadas por los trabajadores en activo en ese mañana. Es decir, que uno se gana ese derecho para el mañana pagando las pensiones de hoy.

El hecho de que uno no esté ahorrando "su" dinero y que todo lo que consiga sea un compromiso formal del Estado para que se le pague en el futuro hace que mucha gente considere el sistema de pensiones una estafa legalizada y obligada por el Estado. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones en realidad este sistema es el mejor, el más robusto y el que mejor defiende los intereses del conjunto de los ciudadanos, como explicaré en las dos próximas secciones.


La alternativa: los planes de pensiones.

Desde hace ya unos cuantos años los bancos ofrecen la posibilidad de que los trabajadores que cuenten con suficientes recursos inviertan sus ahorros en planes de pensiones. Los planes de pensiones no son más que depósitos a largo plazo, a los cuales el Estado acuerda imponer una fiscalidad muy baja porque su finalidad última es que la persona viva de  sus ahorros cuando ya no trabaje.

El problema principal de los planes de pensiones es la inflación. Hagamos un ejercicio simple. Imagínese que decide que guardará una parte de sus ahorros anuales en una caja y los mantiene ahí durante 30 años para usarlos en su vejez. Imaginemos ahora que la inflación media durante esos 30 años es del 3% anual (no es tan descabellado: que la inflación ahora sea tan reducida no quiere decir que siempre lo haya sido durante los últimos 30 años). Pero vamos a suponer que es Vd. un tipo con suerte y que consigue que le actualicen su sueldo de acuerdo con la inflación, con lo que la cantidad que Vd. consigue ahorrar de su dinero sube también un 3% cada año. Pongamos que el primer año Vd. puso en su hucha de pensiones 1.000 euros. El segundo año pondría 1.030 euros, es decir, un 3% más, aunque debido a que ésa es precisamente la inflación los 1.030 euros del segundo año tienen el mismo poder adquisitivo que los 1.000 euros del primer año. El tercer año pondría Vd. 1.060,9 euros porque 1.060,9 =1.030 x 1,03, y esos 1.060,9 euros que Vd. habría contribuido tendrían el mismo poder adquisitivo que los 1.030 del segundo año o los 1.000 del primer año. Y así sucesivamente. Al cabo de 30 años Vd. tendría en su hucha 1.000 x (1+1,03+1,03²+1,03³+...+1,03²⁹)=47.575 euros. El problema es que el poder adquisitivo del dinero que guardó en la hucha dentro de 30 años equivaldría a 47.575/1,03³⁰=19.600 euros de ahora mismo. El caso es que Vd. renunció al equivalente en poder adquisitivo de 1.000 euros de ahora mismo cada año durante 30 años, es decir, redujo su poder adquisitivo en 30.000 euros de ahora mismo a lo largo de esos 30 años, para tener al final del período menos de 20.000 euros. En suma, por culpa de la inflación sus ahorros han perdido un tercio de su valor real.

Para eso se inventaron los fondos de pensiones, para intentar compensar el efecto de la inflación y que el que invierte su dinero en ellos no pierda poder adquisitivo real. Y la manera que tienen de combatir la inflación en sencilla, en principio: el dinero que se va depositando en el fondo de pensiones se invierte en negocios con una rentabilidad no necesariamente muy alta (basta con que gane a la inflación) y lo más segura posible. Los valores en los que se suelen invertir los fondos de pensiones son grandes empresas: petroleras, eléctricas, bancos, automovilísticas, farmacéuticas...

El mayor problema que plantea la estrategia de los fondos de pensión es que, en una inversión a 30 años vista, es muy difícil que no se produzca en algún momento una gran crisis que lleve al traste todo el beneficio acumulado. Inclusive, si la crisis es muy grave y dependiendo de la cartera de inversiones del fondo, se pueden producir pérdidas netas, que aunque no sean nominales sí lo sean en términos de poder adquisitivo. De hecho, si uno mira la evolución de los fondos de pensiones durante los últimos años se puede ver que mayoritariamente han tenido poca o ninguna rentabilidad, con lo que sus impositores no han mejorado mucho con respecto a la hucha que comentábamos arriba, y además han incurrido en el riesgo de perderlo todo.

Una cosa curiosa, tanto de estas inversiones como de cualquier otra, es que la Hacienda pública considera rendimientos del capital sujetos al pago de impuestos cualquier interés obtenido de un capital, cuando, si se creyesen los mismos principios que se aplican en el cálculo de la inflación, deberían descontar ésta. Si yo tengo un capital a un 1% de interés y la inflación ese año sube un 2%, en realidad no he realizado ningún beneficio real, sino que he perdido un 1% de poder adquisitivo (esto es, con mi capital más mis intereses puedo comprar un 1% menos de lo que podía comprar el año anterior). Sin embargo, Hacienda aplicaría en este caso el criterio de que ha habido unos beneficios del 1% y estos beneficios son tasados. Esto, que no tiene demasiada importancia cuando se habla de depósitos a plazos relativamente breves, resulta capital en los fondos de pensiones, pudiéndose dar la paradoja de que a pesar de haber tenido unas pérdidas reales en términos de poder adquisitivo uno tenga que pagar impuestos y por tanto incrementar esas pérdidas.

Por otro lado, es importante destacar que los fondos de pensiones están obviamente orientados a las clases medias. A los muy ricos todo esto, en realidad, les da completamente igual: ellos ya tienen sus vehículos de inversión y múltiples maneras para evitar pagar impuestos, y así mismo pueden asegurarse la vejez sin demasiados sobresaltos. Pero al darle acceso a las clases medias a fórmulas de inversión que solo nominalmente se parecen a las de las grandes fortunas, los fondos de pensiones alimentan la ficción de que la manera de "gestionar el propio patrimonio" es servirse de "las posibilidades que brinda el sistema financiero" capitalista. La realidad es mucho más cruda, puesto que la exposición al riesgo, al ser por un período tan largo, es mucho mayor, como ya hemos comentado más arriba; y en definitiva los fondos de pensiones son una pésima opción.


Las pensiones como contrato intergeneracional.

Se suele decir que el actual sistema de pensiones y de seguridad social fue creado por Otto von Bismarck, a finales del siglo XIX. No es en absoluto casual que el primer Estado-nación con una estructura moderna, la Prusia Bismarquiana, estableciera una estructura de seguridad social y en particular de protección de las rentas de sus mayores. En épocas anteriores, la única garantía de no tener una vejez atormentada y miserable eran los hijos. Pero con la nueva estructura estatal se hace necesario desligar los vínculos familiares tan estrechos anteriores, para que los hijos puedan ir a la guerra o para que la gente acepte trabajar en fábricas durante todo su vida útil en vez de asegurarse el acceso a un mínimo pañuelo de tierra que poder cultivar y del cual vivir toda su vida.

El sistema de pensiones como el que hay en España se basa en un compromiso establecido por el Estado, como indicábamos más arriba, pero es en realidad un contrato intergeneracional: los jóvenes cuidan de los viejos. Yo no soy lo que se dice un entusiasta de los Estados, pero entiendo que tal sistema puede funcionar, y no solo eso, sino que proporciona más seguridad a las personas, y por tanto al conjunto de la ciudadanía, que el clásico apoyo dentro de la familia. En realidad, el contrato intergeneracional que representan las pensiones lo que hace es crear una gran familia que es toda la ciudadanía, donde todos los jóvenes se están ocupando de garantizar una vejez digna a todos sus mayores. La colectivización de esta "ayuda entre generaciones" tiene muchas ventajas. En primer lugar, es inmune a los efectos de la inflación a lo largo de los años (son los que producen la riqueza de hoy los que destinan una parte de la misma a cuidar a los necesitados de hoy). Además, el hecho de que la tarea se asuma colectivamente hace que el destino de una persona concreta no dependa de su suerte o la de su familia: aunque una persona sufra más enfermedades, sus hijos mueran antes que él o no tenga hijos no tienen que temer que sus últimos días los pase en la miseria. La mala suerte de unos se ve compensada con la buena de otros y así todo el mundo tiene cierta garantía de dignidad. Finalmente, las personas más longevas no tienen por qué angustiarse ante la perspectiva de quedarse sin apoyo. Al colectivizar el cuidado intergeneracional se consigue que las anomalías, tanto positivas como negativas, no tengan ningún peso y que lo único importante para garantizar la sostenibilidad del sistema es que los promedios - que son más fáciles de evaluar y de controlar - estén controlados: cuál es la esperanza de vida, cuál es el promedio de días de baja que sufren los trabajadores, etcétera. En suma, es un sistema que da mayor seguridad individual a la clase trabajadora.

Desde el punto de vista de la clase trabajadora, este contrato intergeneracional resulta relativamente ventajoso también económicamente. Con los 180 euros mensuales que contribuyen a la Seguridad Social, incluso aunque todo se destinase a pensiones, no podrían sufragarse una pensión decente ni con el mejor plan de pensiones del mundo. Incluso contando con el 30% de su sueldo bruto de la cuota patronal su pensión no llegaría ni a mileurista si no hubiera tenido un sueldo bruto de al menos 2800 euros al mes. A pesar de lo exiguo de las pensiones españolas, el rendimiento del sistema actual es mucho mayor que lo que se contribuye precisamente porque se basa en promedios: algunos contribuyen muchos años pero no viven mucho para disfrutarlo, ayudando a los que sí que pueden llegar a hacerlo.

La existencia de un sistema de pensiones es un mecanismo que fomenta la estabilidad social. La gente puede aceptar trabajar toda la vida en trabajos no demasiado bien remunerados si sabe que al acabar su vida laboral no se morirá de hambre inevitablemente. En el caso particular de España, las pensiones de jubilación están siendo un último resorte para evitar un estallido social: en demasiados casos, las pensiones de los abuelos ayudan a mantener a hijos y nietos con empleos muy precarios o directamente sin empleo.


Por qué se ataca actualmente al sistema público de pensiones

Porque estamos llegando a un momento histórico: El fin del crecimiento. Por las razones que hemos analizado en extenso en este blog, el sistema económico actual, basado en un crecimiento ilimitado en un planeta finito, está llegando a su fin. Incluso en estos últimos tres años, en los que los bajos precios del petróleo han permitido mejorar su economía a un país importador como España, lo cierto es que la recuperación real no llega a sus clases medias, ni llegará. El momento actual es de impasse, mientras la actual situación de precio bajo del petróleo se acerca a su fin precipitado y descontrolado, lo cual desencadenará una terrible crisis económica. Es igual si esta crisis se acaba desencadenando este año o el que viene; en las condiciones actuales no pasará de 2020 antes de que vivamos de nuevo las peores escenas del 2008. Y si en este momento la situación no es agradable, entonces será mucho peor.

La ausencia de crecimiento económico pone doblemente en peligro el sistema de pensiones. El peligro directo es porque con nuestro sistema económico sin crecimiento se destruye empleo, y si se destruye empleo hay menos cotizantes para mantener a los pensionistas. Pero hay otro peligro, aún más serio pero menos directo y por tanto menos evidente. Y es que, en ausencia de crecimiento económico, los grandes capitales buscan desesperadamente las últimas oportunidades, las más marginales, para conseguir beneficio, es decir, para conseguir un interés por su inversión. Pero como el crecimiento económico se acaba, las únicas posibilidades para conseguir un rendimiento no están en actividades productivas, sino esencialmente en la apropiación de bienes y patrimonios de otros. De quien sea, en realidad. Y lo más fácil es ir a por el patrimonio de la clase media, porque es mucho más manipulable y dispone de menos información.

Este proceso de esquilmamiento final de las clases medias, el descenso forzado hacia la Gran Exclusión, tiene muchas facetas. Es la devaluación interna vía degradación de los salarios, es el aumento de los costes reales de la vida (encarecimiento de la energía, entre otros) y en última instancia es la apropiación directa del patrimonio. Un ejemplo de esa apropiación de patrimonio en España, consentida por los poderes públicos cuando no legalizada, la vimos con el escándalo de la venta masiva de participaciones preferentes justo antes de que las cajas de ahorro implosionaran: miles de millones de euros, que representaban los ahorros de millones de trabajadores tras una vida de esfuerzos, se esfumaban entre mentiras y engaños.

Sin embargo, ya cada vez van quedando menos nichos de este último negocio del capital, el saqueo de las clases medias, y la penúltima frontera son los pensionistas. A los pensionistas, principalmente a los jubilados, se les está sometiendo a una pinza destinada a que pierdan la fe en el sistema público de pensiones y que adopten otros sistemas que finalmente servirán para levantarles su patrimonio.

Por un lado, se está permitiendo una degradación del sistema público de pensiones, con una serie de medidas legislativas pensadas para reducir el poder adquisitivo de las mismas. Las últimas revalorizaciones son inferiores a la subida oficial de los precios, con lo que la renta disponible de los jubilados es cada vez más pequeña. Encima, la reforma de las pensiones que introdujo el PP en la pasada legislatura, particularmente el llamado "factor de sostenibilidad", garantiza una continua degradación de las pensiones de jubilaciones. El "factor de sostenibilidad" consiste esencialmente en fijar la cantidad máxima de dinero que va a percibir un jubilado, independientemente de cuantos años viva. Por ejemplo, si las estadísticas del Ministerio dijeran que la esperanza de los mayores de 67 años ha pasado de 20 a 25 años más, se reparten las prestaciones entre 25 años, lo cual en la práctica supone un descenso de la pensión del 20%. Es un completo contrasentido, una artimaña contable disfrazada de decisión analítica y técnica, porque no se tiene en cuenta a todos los cotizantes que mueren antes de llegar a los 67 años, y es que un aumento de la esperanza de vida de los que ya tienen más de 67 años no implica necesariamente un aumento de la esperanza de vida general, así que el cálculo ni tan siquiera se tendría que hacer como se hace. Pero es que tampoco tiene sentido que se penalice a la gente por vivir más: se tendrían que recalcular factores, cotizaciones y demás, y eventualmente cubrir lo que faltase con impuestos (más sobre eso al final). Mientras tanto, algunos acólitos de esa religión destructiva conocida como Liberalismo Económico se pasean por las tertulias de radio y televisión denostando el sistema público de pensiones, calificándolo de estafa piramidal (sin considerar que lo que verdaderamente es una estafa piramidal es nuestro sistema económico) y en general proyectando dudas al ciudadano de a pie.

El otro brazo de la pinza consiste en la idealización de las soluciones financieras para complementar la pensión pública. De un lado tenemos los planes de pensiones, cuyas condiciones de rescate anticipado el gobierno de España acaba de dulcificar, y de los que en general se hace más publicidad ahora mismo, a pesar de los problemas que les son inherentes y que ya hemos comentado. Por el otro, se promocionan productos como las hipotecas inversas, que esencialmente es una renta vitalicia para el jubilado que está respaldada por una propiedad inmobiliaria. A la muerte del suscriptor de la hipoteca inversa, sus herederos deben decidir si cancelan la deuda para poder tomar posesión de esa propiedad, o si no se la queda el banco. Las hipotecas inversas son una manera muy eficaz y barata que van a tener los bancos para apropiarse de los bienes inmuebles de las clases medias, porque mucha gente no se va a poder permitir pagar esas deudas aún cuando la casa sobre la que pesan valga sensiblemente más dinero.



La financiación de las pensiones: posibilidades para el futuro.

Si somos conscientes de que el crecimiento económico está llegando a su fin y que, además, lo único que nos espera por delante es el decrecimiento, debemos comprender que productos financieros de cualquier tipo van a ser ruinosos, porque su rentabilidad va a seguir la de la economía y por tanto va a ser negativa. Los fondos de pensiones no son una excepción a esta regla y por tanto constituyen un suicidio económico en un mundo en decrecimiento.

La única vía para mantener un sistema de retribución para la gente que ya no puede trabajar ha de pasar, por tanto y forzosamente, por un mecanismo público. Sería muy conveniente que se explicitara el carácter de contrato intergeneracional que tiene, para que la gente comprendiera por qué se deben dotar a las pensiones de recursos suficientes. Un aspecto que nuestros líderes dejan una y otra vez de lado es que no hay absolutamente ninguna barrera legal o técnica que impida que las pensiones se financien aunque sea parcialmente con impuestos. La insistencia en que los fondos que financian las pensiones han de salir de las cotizaciones es negarse a aceptar que a lo mejor la sociedad prefiere dar otros usos diferentes a los actuales a los Presupuestos Generales del Estado. Como norma general, se acepta a pies juntillas que los porcentajes dedicados a cada partida de gasto de los Presupuestos son los adecuados y necesarios, pero eso no es así necesariamente, y particularmente en los muy onerosos capítulos de Obra Pública y de Defensa. Dada la proverbial ineficacia y corrupción de la Obra Pública, no es evidente que un descenso de la inversión en la misma se traduzca en un descenso de igual proporción de la actividad económica; y si eso es así para la Obra Pública imagínense cómo deber ser en Defensa. A eso hay que añadir las multimillonarias partidas que se han dedicado al rescate bancario, a indemnizaciones varias (como la del almacén de gas Castor) o al rescate de infraestructuras deficitarias (como las autopistas radiales de Madrid): simplemente con el pago que se ha hecho para rescatar la última autopista radial se hubiera podido incrementar las pensiones de jubilación unos 300 euros al mes durante un año. La sociedad tiene derecho a tomar una decisión sobre cómo quiere encarar el declive, y por ello los porcentajes destinados a las diversas partidas pueden cambiar, apareciendo alguna nueva (como la cofinanciación de las pensiones) y quizá desapareciendo alguna de las antiguas. Negarse a discutir esos porcentajes es antrincherarse en la idea de que la presente crisis es pasajera y que todo volverá a ser como antes, lo cual no solo es falso sino que puede llevar a una gran inestabilidad social.


Conclusiones
 
Las pensiones públicas son un derecho que se la ha garantizado a los trabajadores en aras de la estabilidad social y que favorece el mantenimiento de una sociedad industrial con especialización del trabajo. Este derecho no consiste en el acceso a unos ahorros que el cotizante hubiera acumulado a lo largo de los años, sino la participación en un sistema colectivo de ayuda mutua en lo que constituye un verdadero contrato social transversal e intergeneracional.

La desaparición de oportunidades de inversión para el capital por la llegada de un momento histórico, el fin del crecimiento económico, está llevando a un debate espurio sobre el significado y el destino del sistema público de pensiones, falso debate que trata de camuflar que el gran capital no quiere perder sus privilegios y en particular porfía por asegurarse un retorno que considera adecuado para sus inversiones aunque sea a costa de esquilmar todos los recursos de las rentas del trabajo y del Estado.

El presente ataque al sistema público de pensiones acaba siendo un ataque a la estabilidad del edificio social tal y como lo entendemos ahora. De proseguir en esta dirección, se acabará en una revolución o en el establecimiento de un sistema autoritario y fuertemente represivo.

El verdadero debate que se debería abrir es sobre cómo se deben obtener y utilizar los recursos públicos en un mundo abocado inevitablemente al decrecimiento. Las dificultades y complejidades de este momento no significa que no haya soluciones posibles y perfectamente viables, pero el debate se debe plantear de manera honesta y transparente. Desgraciadamente, nuestros líderes políticos esquivan esta cuestión, en la mayoría de los casos porque son completamente ignorantes de la misma y porque asumen que las transformaciones económicas que se llevan operando en la última década son parte de un ciclo y por tanto algo pasajero, cuando en realidad son el preludio de cambios aún más drásticos, profundos y definitivos. Sin una dosis de realismo y un asesoramiento técnico más imparcial, las políticas actuales nos abocan irremisiblemente a la demagogia, al populismo, a la ineficacia y por ende a la inestabilidad social.
 

Salu2,
AMT

(*) Sebastián, eso dos puntos van por ti. Al final volveré al redil.