Cómo podría ocurrir Parte 4: Cruzando la línea

Queridos lectores,

He aquí la cuarta parte del relato de John Michael Greer. Pueden encontrar el artículo original aquí, y una traducción al catalán aquí.

Salu2,
AMT

Cómo podría ocurrir

Parte IV: Cruzando la línea

El post de esta semana es la cuarta de las cinco partes de un relato de ficción que bosqueja un posible escenario de la derrota imperial y posterior colapso de Estados Unidos. Una vez finalizada la guerra, hay que pagar el precio correspondiente, y eso será lo que motivará que un Estados Unidos ya fracturado se precipite hacia una crisis que pocos ciudadanos podrían haber imaginado un tiempo atrás.

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Las campanas de las iglesias repicaron toda la noche; completos desconocidos se abrazaban y se besaban o hincaban las rodillas en el suelo para rezar juntos, en función de sus inclinaciones; el boom de natalidad registrado nueve meses más tarde reveló la cantidad de estadounidenses que habían celebrado el descubrimiento de que la vida continuaría. En todo el planeta, los equipos y tripulaciones de los silos de misiles, las bases de bombarderos estratégicos y los submarinos suspiraron aliviados al comunicárseles que el estado de máxima alerta había finalizado. En Estados Unidos, los escasos efectivos de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional que todavía defendían barricadas en autopistas o edificios gubernamentales abandonaron sus puestos y se unieron a la alegre multitud. La amenaza de una guerra nuclear había pasado.

Pese a todo, mientras la fría y gris mañana se cernía sobre Washington, Jameson Weed evaluó los restos de su mandato presidencial y, abatido, dejó caer la cabeza sobre las palmas de las manos. Un equipo de negociadores saldría en breve hacia Ginebra, al encuentro de sus homólogos chinos y tanzanos para alcanzar un acuerdo de paz. No importaba lo aplicados e inflexibles que se mostraran allí los diplomáticos estadounidenses; el presidente sabía que aquel tratado significaría una amarga derrota para Estados Unidos, y su sólido conocimiento de la política nacional le indicaba exactamente quién iba a ser culpado de ello.

El tratado, como se comprobó después, fue sorprendentemente indulgente. Ninguno de los contendientes debía admitir ofensa alguna o pagar indemnizaciones; Estados Unidos solo tenía que aceptar el nuevo statu quo en África oriental y ceder sus derechos sobre Diego García —de todas maneras, propiedad del Reino Unido— a la República Popular China. Dado que Estados Unidos no tenía forma alguna de plantear exigencias, quedó claro que no había margen para sutilezas. El tratado se firmó a comienzos de octubre y lo ratificó un sombrío Congreso tres días después.

Sin embargo, antes de que eso ocurriera, dos nuevos acontecimientos ahondaron la crisis que atravesaba el país. El primero se produjo a raíz de la decisión de una cadena de televisión de revelar la historia del desastre naval. En parte se debió a una decisión política —la cadena tenía vínculos estrechos con el más firme candidato presidencial del otro partido— y en parte a una decisión puramente comercial del mundo mediático, pero en cualquier caso fue un duro golpe para la moral nacional. La cadena encontró supervivientes de las tripulaciones que habían sido evacuadas a Europa antes de la caída de Mombasa y emitió el testimonio de analistas que llevaban décadas alertando a la marina de la obsolescencia de los portaaviones en la era de los misiles de crucero. Por supuesto, el resto del mundo mediático se unió enseguida al frenesí informativo.

El segundo evento fue todavía más demoledor. Conforme el mundo empezaba a hacerse a la idea de que Estados Unidos ya no era la nación más poderosa del planeta, el sector financiero empezó a vender activos valorados en dólares. La venta empezó por los productos especulativos de más alto riesgo, pero se extendió rápidamente al resto de los valores, hundiendo la cotización del dólar. Los intentos desesperados de los bancos centrales por frenar el colapso de nada sirvieron ante una espiral de pánico a medida que los inversores estadounidenses y de todo el mundo se apresuraban a deshacerse de sus dólares a cualquier precio. Mientras la moneda nacional se hundía respecto a otras divisas, el precio de la gasolina se disparaba hasta los 12 dólares el galón y continuaba su ascenso a la vez que muchos artículos de importación desaparecían de los estantes por su coste prohibitivo.

Entonces, justo una semana antes de la firma del tratado de paz, uno de los mayores bancos de inversión del país se declaró en quiebra. Antes del estallido de la guerra, sus operadores bursátiles habían hecho uso de sus conocimientos sobre la política norteamericana para iniciar una actividad febril en el mercado de derivados financieros, comprando activos que debían revalorizarse una vez que el cambio de régimen en Tanzania tuviera lugar. La posibilidad de una derrota de Estados Unidos nunca se les pasó por la cabeza, y el riesgo imprevisto los dejó irremisiblemente en números rojos. Los banqueros pidieron entonces auxilio a Washington, solo para darse cuenta de que imprimir miles de millones para un rescate bancario cuando el valor del dólar estaba en caída libre no era la mejor opción. El siguiente viernes, después del cierre de los mercados, un ejecutivo de Goldman Sachs anunciaba con aspecto macilento que su firma estaba en quiebra y que iba a echar el cierre. En las seis semanas siguientes, los índices bursátiles norteamericanos acumularon pérdidas medias equivalentes a un tercio de su valor, volatilizándose así decenas de billones de dólares en títulos y, con ellos, ocho compañías financieras consideradas “demasiado grandes para caer”.

Sin embargo, mucho antes de que este proceso concluyera, el país ya tenía un nuevo presidente. Dos días después de la firma del armisticio, al mismo tiempo que aviones repletos de prisioneros de guerra norteamericanos despegaban de Nairobi rumbo a casa, Jameson Weed compareció por última vez tras el atril presidencial para anunciar su dimisión. Su discurso final fue sencillo y solemne: asumió por entero la responsabilidad de los errores cometidos durante su mandato, expresó su total confianza en su vicepresidente y sucesor y, expresó su deseo de que Dios bendijera a la nación. Tras la comparecencia, el ex-presidente Weed se retiró a sus aposentos, sacó un revólver del cajón de su escritorio y se descerrajó un tiro en la sien.

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El nuevo presidente, Leonard Gurney, probablemente no era el mejor candidato para la difícil tarea que tenía de repente por delante. Lo deseable hubiera sido un comunicador talentoso con dotes para detectar y moldear el pulso de la opinión pública, pero Gurney carecía por completo de tales aptitudes. Vástago de una rica familia y encumbrado con el objetivo de conciliar las distintas facciones de su partido, Gurney apenas comprendía los entresijos de la política práctica ni tampoco la grave situación en que la guerra de África oriental y las consecuencias posteriores habían sumido al pueblo norteamericano. Sus prioridades eran restablecer la autoridad del poder ejecutivo y financiar la reconstrucción de un aparato militar que permitiera a Estados Unidos recuperar el liderazgo que China le había arrebatado y, con ello, su papel de amo y señor del mundo.

Era un programa irremisiblemente desvinculado de la realidad de los tiempos que corrían. Multitudes enfervorizadas dieron la bienvenida en Beijing a un nuevo orden internacional en el que Estados Unidos ya no constituía la única superpotencia mundial, y en el que incluso cabía la posibilidad de que pronto dejara de serlo. Como consecuencia de la guerra en África oriental, un creciente número de antiguos aliados de Estados Unidos invitaron a las tropas norteamericanas estacionadas en su territorio a abandonar el país al tiempo que se ofrecían a los chinos. En realidad, entre la caída de los ingresos fiscales, el hundimiento del dólar y la tendencia a la baja del mercado de letras del Tesoro —los T-bills—, Estados Unidos no podía mantener por más tiempo las bases que tenía a lo largo y ancho del mundo, ni tampoco los grupos de portaaviones que un día fueran la piedra angular de su poder militar, pero que ahora resultaban tan obsoletos como un buque de guerra de vapor. Gurney y sus asesores, incapaces de comprenderlo, solicitaban dinero a los ciudadanos de una nación al borde de la bancarrota para financiar proyectos militares grandiosos que pudieran reavivar el poderío estadounidense, mientras China desguazaba su único portaaviones y lo reemplazaba por una flota de barcos pequeños y veloces de bajo presupuesto, una decisión que sería adoptada por otras potencias emergentes como India y Brasil.

Peor aún, los esfuerzos del gabinete de Gurney coincidieron en el tiempo con un momento en que los problemas económicos ocupaban un lugar cada vez más central en la vida de los ciudadanos. El colapso del dólar y el acusado descenso de las importaciones paralizaron la economía de ambas costas y, a pesar de que los estados del Medio Oeste agrícola estaban experimentando un modesto boom y florecían industrias manufactureras que antaño no habían sido competitivas en el mercado interior, este leve repunte de la actividad económica no era capaz de compensar el empobrecimiento de decenas de millones de norteamericanos cuyo sustento dependía de una manera u otra de un sistema financiero en pleno declive. Desde jubilados con ingresos fijos hasta familias acomodadas con patrimonios heredados —todos aquellos cuya riqueza se basara en activos fiduciarios— se encontraron de pronto sumidos en la pobreza.

Si bien antes de la guerra ya había campamentos de gente sin techo en los suburbios de las mayores ciudades norteamericanas, su número —y el de sus habitantes— se disparó cuando el otoño dio paso al invierno. Relatos sobre muertes por hipotermia y desnutrición comenzaron a aparecer en los medios. El colapso de la economía, añadido a la derrota en la guerra, a la matanza de Trenton y a la completa desconexión entre las acciones de la administración y la realidad de la posguerra, sumió al país en una crisis de legitimidad, una crisis de la que Gurney y sus asesores no parecían percatarse en absoluto. Discurso presidencial tras discurso presidencial insistiendo en que la solución a la crisis económica vendría de la creación de puestos de trabajo relacionados con la defensa y la recuperación del poder estadounidense en el mundo, no hacían otra cosa que generar resentimiento y, peor aún, desafección.

A falta de un liderazgo sólido en la Casa Blanca, la presión sobre el Congreso para que este hiciera algo —o al menos lo aparentase— por solucionar el rápido aumento de la pobreza resultaba cada vez más difícil de obviar. La falta de entendimiento entre ambos partidos, instigada por unos electores que premiaban las posturas más intransigentes, proseguía, y a pesar de que los discursos continuaban subiendo de tono con el agravamiento de la crisis, había pocas soluciones de calado que fueran aceptables para ambas partes. Mientras que un partido insistía en incrementar el gasto público y el otro lo hacía en bajar los impuestos, el hundimiento del mercado de letras del Tesoro dejaba claro que los días del crédito fácil y el consumo no podrían volver sin convertir el hundimiento del dólar en una espiral de la muerte.

Fue así, fruto de la desesperación que suscitaba esta situación de punto muerto, que se aprobó la Ley por la Nueva Prosperidad Americana (LNPA), redactada por una comisión formada por miembros de ambos partidos. Aunque era más gruesa que el listín telefónico de Los Ángeles y estaba repleta de dádivas y prebendas a una plétora de intereses creados y “causas solidarias” para mayor lucimiento de las estrellas mediáticas, la nueva ley también propugnaba la creación de un amplio programa de asistencia social, cuyo coste sería sufragado prácticamente en su totalidad por los estados.

Los unfunded mandates (programas federales impuestos a los estados sin que Washington aportara fondos para su implantación) eran la manzana de la discordia desde hacía décadas. La LNPA no era especialmente gravosa en comparación con otros programas anteriores, pero fue promulgada cuando numerosos estados había suspendido el pago de su deuda y algunos se encontraban en dificultades incluso para pagar las nóminas. Los gobiernos estatales presionaron en vano para impedir la aprobación de la LNPA; la ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en enero, ratificada en el Senado a comienzos de marzo y firmada por el presidente unos días después. La semana siguiente, la asamblea legislativa de Arkansas adoptaba por unanimidad el acuerdo de convocar una convención constitucional con el objetivo de aprobar una enmienda que ilegalizara todos los programas federales que no contaran con financiación.

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La reacción inicial del establishment de Washington y de los medios de comunicación ante el proyecto de ley aprobado por Arkansas fue mofarse de él. La Constitución estadounidense concedía a las asambleas estatales la facultad de convocar una convención constitucional si dos tercios de los diputados respaldaban la propuesta, e incluso permitía aprobar la enmienda si tres cuartas partes de los estados le daban el visto bueno, pero nunca se había hecho uso de esta potestad; había pasado más de un siglo desde el último intento. La burla más común al respecto en los debates televisivos especulaba sobre la posibilidad de volver a redactar la Constitución en el dialecto de Arkansas.

A la semana siguiente, Montana y New Hampshire aprobaron resoluciones idénticas, así que las chanzas cesaron al instante. Expertos de toda índole hacían declaraciones tratando de explicar que la reforma de la Constitución era en cualquier caso una potestad del Congreso. Los datos que reflejaban algunas encuestas manipuladas insistían en que la mayoría de los norteamericanos se oponían a la convención, pero las asambleas estatales hicieron caso omiso de ellos: tenían sus propios medios para evaluar el sentir de la opinión pública, y lo que detectaron fue que los ciudadanos ansiaban que la Constitución fuera enmendada. Además, ya no se trataba solo de la imposición de programas federales sin fondos, sino que en el último año había arraigado entre los ciudadanos la percepción de que el sistema estaba corrompido de arriba abajo y de que necesitaba algo más que un cambio cosmético.

Cuatro estados más apoyaron la convocatoria de una convención constitucional una semana después, y otros cinco lo hicieron la siguiente. En ese punto, los gobiernos estatales, viendo que la posibilidad de forzar un cambio de calado estaba en sus manos, dieron rienda suelta a sus anhelos. Pasadas otras dos semanas, solo faltaban unos pocos votos más para alcanzar el mágico número de treinta y cuatro estados favorables a la convención.

En ese momento el Congreso entró en pánico, abrogó la LNPA y empezó a redactar una enmienda propia que limitaría, pero no prohibiría, los programas federales desprovistos de fondos. Sin embargo, fue un gesto que se quedó muy corto y que llegaba tarde: la idea de que la Constitución necesitaba una revisión a fondo cobraba cada vez más fuerza; los políticos de todos los estados apoyaban una reforma u otra, y a la agitación se unieron incluso algunos miembros de la Cámara de Representantes capaces de notar en qué dirección soplaba el viento político. El presidente Gurney criticó repetidamente la celebración de una convención constitucional en sus discursos semanales colgados en la página web de la Casa Blanca, pero tenían escasos lectores.

El 24 de abril, Oregón se convirtió en el trigésimo cuarto estado en apoyar la convocatoria de la convención, y otros cinco estados se unirían a él a lo largo del mes siguiente, impidiendo así cualquier argucia legal en su contra. El gobierno federal intentó que la convención se celebrara en Filadelfia, pero no lo logró; los delegados se reunirían en Saint Louis, en el estado de Missouri, a principios de septiembre. El Congreso ejerció su derecho a decretar que cualquier nueva enmienda debía ser ratificada mediante referéndums en tres cuartas partes de los estados, en lugar de ser aprobada por tres cuartas partes de las asambleas estatales, con la esperanza de que eso dificultara que los gobiernos estatales se hicieran con el poder. Meses más tarde se demostraría el garrafal error de cálculo que esta medida suponía.

Los mítines, discursos y manifestaciones marcaron unos comicios que, estado a estado, condujeron a la elección de los 250 delegados llamados a reinventar la Constitución. Más de doscientos libros abogando por una u otra reforma vieron la luz durante aquellos meses de frenesí, y ciudadanos de todo el espectro político, incluidos los identificados con las más disparatadas fantasías progresistas y liberales, depositaron esperanzas extraordinarias y a la vez incompatibles en la convención. Años más tarde, los mentideros alimentaron el rumor de que habían sido los grandes partidos nacionales los que habían fomentado esa proliferación de puntos de vista extremistas y facilitado la elección de delegados radicales, con la esperanza de conseguir así bloquear la convención. De ser ello cierto, constituyó un error de cálculo aún mayor.

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La convención constitucional [repárese en la similitud con la Convención de Filadelfia de 1787; n. de los t.] inició sus sesiones el 5 de septiembre, en medio de un gran despliegue de los medios de comunicación internacionales. Al principio todo fue como la seda; la enmienda destinada a prohibir los programas federales sin fondos, así como otras medidas contra los abusos del poder federal contra los estados, fueron discutidas y aprobadas sin dificultad. Los líderes de las facciones más moderadas trataron entonces de que se pusiera punto final a la convención y de que se decretara que era el momento de volver a casa.

La moción fue rechazada por una mayoría aplastante. La mayor parte de los delegados que se habían desplazado a Saint Louis, así como la mayoría de sus electores, querían más, mucho más. Así, conforme la convención proseguía, las dificultades empezaron a aflorar, constatándose así que las aspiraciones de la gente diferían tanto que encontrar puntos en común era imposible. Los estados republicanos querían reforzar el derecho a tener armas, mientras que los estados demócratas lo querían erradicar. Algunos querían salvaguardar a toda costa el derecho a decidir sobre el aborto, mientras que otros exigían una enmienda que garantizase los derechos del feto. Prácticamente cualquier cisma social que existiera en el seno de la sociedad estadounidense salió a relucir en los debates. Otras propuestas polémicas, como imponer férreos límites al poder del presidente para impulsar acciones de guerra sin el visto bueno del Congreso, limitar estrictamente la potestad de este último para aprobar leyes sin el consentimiento de los estados y sus ciudadanos, así como muchas otras iniciativas, vinieron a añadirse a las discrepancias ya existentes y encendieron aún más los debates.

Se daba la circunstancia de que los delegados de la convención se sentaban por estados, en orden alfabético. Así, una de las delegadas por Utah se sentaba junto a otro que lo era por Vermont. Al final de la tarde del 18 de septiembre, tras un día de debates encarnizados, la delegada por Utah se recostó en la silla y dijo con hastío:

—Tengo una idea. ¿Por qué no disolvemos la Unión para que cada uno pueda tener lo que quiere?

—Podría aceptarlo —soltó el delegado por Vermont.

Ella se quedó pensativa por un momento.

—Estoy empezando a pensar que bastantes de nosotros podríamos hacerlo.

Ambos trabajaron en los detalles de esa idea en la vacía sala de reuniones, acompañados de comida tailandesa para llevar. Ambos eran licenciados en derecho y tenían un ejemplar de la Constitución con todas las enmiendas que habían sido distribuidas entre los delegados, de modo que no les llevó demasiado tiempo redactar lo que terminaría siendo la 28.ª enmienda:

Art. 1: La Unión queda disuelta, y los estados tendrán la libertad de decretar las medidas que crean convenientes para garantizar su bienestar.

Art. 2: Todos los bienes del antiguo gobierno federal en cada uno de los estados, en el momento en que esta enmienda sea ratificada, pasarán a ser propiedad de dicho estado.

Art. 3: Todos los bienes del antiguo gobierno federal fuera del territorio de la Unión serán repartidos con arreglo a acuerdos entre los estados.

A la mañana siguiente, ambos delegados presentaron la enmienda ante el comité pertinente. La respuesta fue un largo silencio lleno de estupefacción. La enmienda cumplía todos los requisitos formales y sería debatida al día siguiente. Mucho antes de que eso sucediera, todos los allí presentes, desde los delegados hasta el personal de cocina del centro de convenciones, tuvieron la sensación de que algo extraordinario había ocurrido. Se había cruzado una línea y ya no había marcha atrás.