viernes, 5 de agosto de 2016

Mi colapso y yo: A la deriva




Queridos lectores,

Hay una práctica instaurada desde tiempos inmemoriales en la administración española conocida como "agostidad". Se dice que tal o cual medida, generalmente de cierto calado, se ha aplicado "con agostidad" cuando su publicación (y típicamente los plazos asociados de presentación de la documentación relevante por parte de los interesados) recae en los últimos días de julio o primeros de agosto. Puesto que agosto es inhábil en todas las administraciones del Estado español y es el mes en el cual casi todo el mundo está de vacaciones, estas disposiciones pasan con menor publicidad (pues también los medios de comunicación tienen la guardia más baja esas fechas, al ver mermada su plantilla) y muchas veces sin que quienes están afectados por ella puedan reaccionar, si no es que estuvieran sobreaviso.

El pasado sábado día 16 de julio el Ministerio de Hacienda y Admnistraciones Públicas publicó en el Boletín Oficial del Estado español una orden por la que se obligaba, a fecha de 20 de julio, al cierre contable de la Administración General del Estado y otros organismos del Estado. Este cierre tiene normalmente lugar en noviembre y en la práctica imposibilita la ejecución de nuevos gastos que no estuvieran ya presupuestados. No afecta a los gastos corrientes, pero pone patas arriba la programación de las diversas actuaciones que tenían que tener lugar durante la segunda mitad del año. De hecho, el inopinado cierre (oficializado en sábado y dejando sólo cuatro días para reaccionar, uno de ellos domingo) ha forzado a las plantillas de los ministerios a trabajar a marchas forzadas del lunes 18 al miércoles 20 para asegurar que como mínimo sus programas más importantes estaban aprobados antes de que cayera el cierre. Obviamente muchas de las cosas que se tenía planeado hacer ya no se ejecutarán, y ésa era la intencionalidad del cierre contable precipitado: con ese cierre, se imposibilita el gasto, con lo que se contiene el déficit público español y de ese modo el Gobierno (en funciones) le demuestra a la Unión Europea que está haciendo un esfuerzo para reducir el déficit y cumplir con los draconianos ajustes que exige la ortodoxia fiscal europea. 

Las consecuencias prácticas de este cierre contable no serán evidentes para la mayoría de los españoles hasta septiembre, y entonces ya sólo cabrá lamentarse. Cuántos servicios y programas quedarán detenidos por esta manera drástica y no consultada de parar todo gasto nuevo es algo aún difícil de determinar, pero obviamente causará bastante malestar a partir de este otoño.

Yo no fui consciente de las implicaciones del cierre contable hasta el 25 de julio. Ese día, mi administrador de sistemas (que se ocupa del centro de cálculo de mi laboratorio) me pidió la firma para la orden de compra de un nuevo servidor de cálculo que habíamos estado planeando, un servidor que ha de reemplazar los antiguos antes de que éstos dejen de ser funcionales. A los cinco minutos de haber firmado la orden de compra volvió para comunicarme algo que no me pilló por sorpresa: todas las compras a través del sistema de compra centralizada estaban paralizadas hasta el 1 de enero, por razón del cierre contable del Estado. Dejé lo que estaba haciendo y fui a hablar con el gerente para intentar aclarar el efecto y alcance de la nueva situación.

La conversación con el gerente de mi centro no fue demasiado aclaratoria. Él y el resto de los gerentes de los otros centros del CSIC están esperando aclaraciones al respecto, pero de momento la situación es ésa: todas las compras de inventariable están bloqueadas hasta el 1 de enero de 2017. No importa que en nuestro caso el dinero que se tiene que utilizar puede proceder de subvenciones europeas o de contratos con empresas: todo está bloqueado. Pero es que incluso en el caso del dinero que procede de subvenciones españolas (proyectos del Plan Nacional de I+D+i español, picamente), hay unos plazos obligatorios para la ejecución de los proyectos, y si el dinero no se ejecuta para lo que está previsto en el plazo indicado se tiene que devolver la parte no ejecutada y encima con unos intereses del 7% anual. Peor aún, en cualquier proyecto o contrato el organismo carga unos costes indirectos del 20% típicamente, que contribuyen a pagar los gastos corrientes del CSIC y del centro pero esa cantidad se tiene que calcular sobre el presupuesto realmente ejecutado, y por tanto cada 5 euros dejados de ejecutar representan que el CSIC deja de percibir un 1 euro adicional por los costes indirectos; y como esos costes indirectos son abonados en el momento en que se abonan los directos, en el sobreentendido de que los segundos se ejecutarán plenamente, no solamente tendríamos que devolver los costes indirectos asociados a la no ejecución de los directos sino que también tendríamos que pagar un recargo del 7% anual por ellos. Por tanto, las dificultades de ejecución de la arbitraria medida del Ministerio de Hacienda puede causar un grave menoscabo a nuestras cuentas (amén de no dejarnos hacer nuestro trabajo).

Otra consecuencia del cierre contable es que probablemente tampoco se puede contratar nuevo personal con cargo a proyectos o contratos hasta el 1 de enero de 2017. Ese personal es fundamental para la ejecución de los proyectos de investigación, y si por cualquier motivo la disponibilidad de fondos tuvo lugar en el segundo semestre del año los investigadores responsables tendrán problemas para ejecutar las tareas previstas en los plazos indicados, ya que durante seis meses no podrán contratar a nadie.

Tras hablar con mi gerente, respiré hondo y tragué saliva, mientras iba evaluando rápidamente mi situación particular. No tenía previsto contratar a nadie más hasta enero del año que viene, así que el problema de la contratación laboral no me va a afectar hasta esa fecha. Respecto al servidor, la presente situación no nos deja muchas opciones: el gasto se tiene que ejecutar y además los servidores viejos pueden fallar en cualquier momento y acabar paralizando nuestro servicio de datos oceanográficos de satélite. Con el plan actual tendríamos que intentar aguantar como sea hasta enero, parcheando lo que tenemos, quizá comprando alguna pequeña pieza de nuestro bolsillo para que la cosa aguante un poco más. Otra opción es intentar modificar la orden de compra y adquirir las piezas del servidor (ese tipo de compras van por otro conducto, no bloqueado administrativamente) y montar luego el servidor o una parte de él, substituyendo partes de lo que hay, montando una especie de clónico/Frankenstein, sin las mismas garantías ni servicios. Cualquiera de las opciones es mala y sinceramente no sé qué haremos al final. Pero no me quejo: algunos compañeros van a tener problemas mucho más serios, de los cuales los que estaban de campaña o de viaje estos días no van a ser conscientes hasta septiembre, cuando ya será muy tarde para reaccionar en muchos casos. Toda la planificación científica y de ejecución que hubieran podido hacer saltará por los aires. Es la situación habitual en España en los últimos años: nunca sabes a qué tendrás que hacer frente, siempre tienes que estar alerta y pendiente, y rápidamente reaccionar para tapar huecos, buscar soluciones, encontrar resquicios, luchar en suma para poder hacer lo que se te exige pero no se te deja hacer.

Caminaba por el pasillo cuando me crucé con una joven investigadora. Ella lleva varios años trabajando con nosotros, con diferentes contratos y sobre diferentes temas, todos ellos enmarcados en el contexto de la tesis que quiere presentar a finales de este año. Ella es una de las ocho personas a las que no renové el contrato el pasado 1 de enero, no por falta de capacidad en su trabajo (todos los que no renové son gente muy competente) sino porque con los proyectos y contratos que manejo actualmente yo no tenía dinero más que para mantener un puñado de contratos (tres, en total, uno de ellos compartido con otro investigador). En su familia conocen bien lo que es la precariedad de la ciencia española: su marido tuvo un contrato de Juan de la Cierva, ideado para jóvenes doctores, el cual agotó sin que en su centro en Barcelona ni en su Francia natal pudieran conseguirle un acomodo más permanente. Tras trabajar en su centro como "investigador visitante" mientras "disfrutaba" de la prestación de desempleo, al final el chico puso una tienda de ropa (una franquicia) en Barcelona. En cuanto a ella, a pesar de que no pude renovarle conseguimos juntar algo de dinero entre los diversos científicos del grupo y le hicimos un mini contrato de siete meses para intentar acabar el trabajo que ya estaba comenzado. En todo caso, cuando esto escribo ella ya estará en el paro, pues se nos acabó el dinero y no pudimos renovarle más. En cuanto a su tesis, tendrá que acabarla mientras cobra el paro.

Esta compañera y su marido son ejemplos reales de la generación actual, damnificada por la actual precariedad de la ciencia. Es la nueva generación, el futuro que estamos forjando. Pero ella no se ha resignado y, como me comunicó, ha presentado una reclamación laboral contra el CSIC, y previsiblemente llevará al CSIC a juicio. Al conocer la noticia yo asentí levemente, sin decir nada. Lo que ella está haciendo es lógico dado el contexto, es legítimo y, más aún, la ley le ampara, pero es un nuevo problema para mi.

Desde hace unos años el Ministerio de Hacienda mantiene una soterrada guerra contra el CSIC, en diversos frentes. Uno de ellos, el que más encona los ánimos en el Ministerio, es la situación del personal que ha conseguido convertirse en personal indefinido por sentencia judicial. Resulta que algunas personas, habiendo enlazado diversos contratos a lo largo de los años para desempeñar funciones similares, reclaman al CSIC que les convierta en personal indefinido, en aplicación del Estatuto de los Trabajadores y las leyes laborales españolas. El CSIC siempre se niega a atender tal reclamación y los afectados demandan al CSIC, y en casi todas las ocasiones el juez da la razón al trabajador, por lo que el CSIC se ve obligado a hacerles contratos indefinidos y, en ocasiones, a crear plazas con su perfil que después salen a oposición y que generalmente las ganan los mismos que demandaron. De esta manera, más de 600 personas han conseguido estabilizarse en el CSIC durante los últimos años, lo cual, a juicio del Ministerio de Hacienda, es una auténtica vergüenza pues tal cosa implica que en el CSIC hay un auténtico coladero y que se está incorporando nuevo personal "por la puerta falsa". La obsesión de Hacienda con este problema se explica por la regla que se aplica a toda la Administración del Estado y de las administraciones locales, de reducir al máximo la nueva contratación para conseguir cumplir con los objetivos de déficit público fijados, ya hace años, por Bruselas. Que en el CSIC hayan entrado más de 600 personas que han pasado por debajo del radar les parece intolerable. No se paran a pensar que en el período de tiempo que va de 2008 hasta nuestros días habrán entrado por la puerta falsa esos 600 y pico trabajadores, pero al mismo tiempo han salido unos 5.000 por la de delante y así de manera neta el organismo ha perdido más de 4.500 trabajadores o alrededor del 30% de la plantilla. No se paran a entender que lo que necesitaría el CSIC, adaptándose a la idiosincrasia de una institución de investigación moderna, es que a la gente que actualmente se contrata por obra y servicio con cada proyecto, y que tienen perfiles tan especializados que sólo hay una o dos personas que lo tengan en España - con lo que la recontratación recurrente está asegurada - se la debería de contratar con contratos indefinidos y el día que dejase de llegar financiación, si es que así fuera, se les hiciera un despido procedente por causas económicas y se les pagase la indemnización correspondiente. Pero dado que nadie quiere cambiar las obsoletas figuras administrativas que tanto han de valer para un oscuro negociado del Ministerio de Administraciones Públicas como para un centro de investigación, se intenta adaptar la realidad a unas fórmulas administrativas imposibles. De ahí las denuncias y las condenas recurrentes al CSIC.

Delante de esa cascada de denuncias (que, como digo, no es ni mucho menos el problema en una institución que en realidad está perdiendo personal), la reacción de la jerarquía administrativa española no es intentar ajustar los modos de contratación a la realidad; ¡qué va! En vez de eso, la reacción actual a este problema ha sido una resolución de la presidencia del CSIC, del 6 de abril de este año, según la cual se hace una clasificación de centros según su "litigiosidad" o proporción de personal que ha demandado al CSIC en los últimos 5 años, para después usar esa clasificación para ejecutar una serie de represalias: prohibición de nueva contratación a los centros o grupos más "litigosos", anulación de complementos de productividad de las plantillas afectas y exclusión de los centros en las ofertas anuales de empleo público. La motivación de tales medidas es que, al entender de la dirección del CSIC, la culpa de que la gente litigue recae sobre el investigador que utilizó el dinero de su proyecto o contrato con una empresa para contratar a un trabajador cualificado para aquel trabajo y que al final resultó que demandó al CSIC. Resulta infantilmente obvio que no es legítimo ni lógico echarle la culpa a un tercero de los actos que libremente puede ejecutar un trabajador en el ejercicio de la defensa de sus derechos, pero el mensaje que se pretende pasar es sencillo: en vuestra mano está evitar que esa gente pueda litigar. Y de alguna manera tienen razón: si yo no contrato a nadie más, a pesar de necesitar a alguien con tal perfil y tener el dinero para contratarlo, o bien si manipulo los procesos selectivos en los que participo para evitar que alguien encadene contratos, entonces los trabajadores no podrían reclamar. De otro modo, yo no veo cómo puedo evitar que los trabajadores se encuentren en ocasión de reclamar, y al final que demanden o no al CSIC es algo que responde a su libre albedrío y escapa a mi capacidad de influencia (en modo alguno se me ha planteado ir a casa de mi compañera y romperle las piernas, por ejemplo). Tal y como yo lo veo, la única forma en la que los investigadores del CSIC podríamos acceder a los deseos expresados por la Presidencia (y que creo emanados de Hacienda) es cometiendo ciertos actos ilegales, cosa que de acuerdo con el juramento que presté al asumir mi condición de funcionario no puedo hacer. De otro modo, me tengo que exponer a las represalias que la disposición del 6 de abril me promete, sin poder hacer nada para remediarlo, lo cual me parece manifiestamente injusto y por tanto nulo de pleno derecho. 

Me alejo de mi compañera mientras sigo pensando: ¿me afectará su reclamación cuando el próximo enero lance los contratos del personal que tienen que mantener nuestro centro de producción de datos? ¿Me prohibirá el CSIC contratar más gente? ¿O de manera más sibilina alargarán los procesos de contratación que inicie como represalia contra mi por mi incapacidad de impedir que un trabajador reclame sus derechos, y también para crear un período de no contratación en la gente que ahora trabaja para mi y que previsiblemente lo seguirá haciendo, justamente para intentar minar, en fraude de ley, los derechos de estos otros trabajadores? 

La situación del personal contratado en el CSIC es especialmente complicada, fundamentalmente por la política que está siguiendo la institución. Hace unas semanas una joven ingeniera que trabaja con nosotros consiguió un contrato Ramón y Cajal, un tipo de contrato para jóvenes investigadores muy ventajoso. El contrato garantiza 5 años para los investigadores que lo consiguen, financiados al 80% por el Ministerio de Economía (que es quien saca la convocatoria) y el 20% restante proviene de la institución de acogida. Aparte de las dificultades para conseguir ese 20% y los problemas que plantea en el CSIC, está la cuestión de qué pasa después de que se agote el Ramón y Cajal. Pasar positivamente la evaluación que lleva a la concesión de un Ramón y Cajal implica que el investigador tiene un nivel bastante elevado, y tras 5 años lo lógico es que la gente aspire a tener algo más estable (en el caso de mi compañera, ahora tiene 35 años; cuando acabe el contrato tendrá 40 y, lógicamente, no querrá verse como al principio). Muchas universidades tienen compromisos de estabilización con los Ramón y Cajal, de modo que cuando se acaba el período de 5 años hay una evaluación de la actividad desarrollada y si ésta es positiva el investigador accede a alguna fórmula de contratación estable. En el CSIC tal posibilidad está completamente ausente, y así, cuando los contratados Ramón y Cajal acaban, si no tienen la suerte de sacarse una plaza en el CSIC o en cualquier otra institución, se van a la calle o denuncian al CSIC (y siguen el penoso camino que describí más arriba, para acceder a un contrato de ayudante de laboratorio). En el caso de mi compañera la ingeniera, ella ha optado por ir a una universidad que le ha hecho una oferta muy buena; nosotros, por nuestra parte, perderemos una gran profesional y amiga, mientras se va deteriorando nuestra capacidad técnica y humana.

En algunas raras ocasiones los contratados precariamente consiguen sacarse las castañas del fuego ellos mismos y obtienen la financiación para su propia contratación; pero si no es a través de alguno de los conductos previstos por el CSIC se generan nuevos problemas. Hace unos meses, otro compañero y buen amigo mío consiguió un proyecto de los buenos, un proyecto del actual programa marco europeo para la investigación, Horizonte 2020. El proyecto de mi amigo es uno de los pocos proyectos coordinados que se han obtenido en nuestra área del CSIC, y además la financiación que corresponde a nuestro equipo es más que significativa: da para contratarle a él durante los cuatro años del proyecto y a dos personas más. Sin embargo, había un problema: mi amigo no tenía un contrato laboral indefinido con el CSIC en el momento que consiguió el proyecto, y eso es algo que no sólo no está previsto, sino que al parecer es impensable desde el punto de vista del CSIC. Resulta que, por la cuestión de las demandas laborales, para el CSIC es completamente fundamental que no se demuestre lo que es un hecho, y es que se contrata a gente recurrentemente para hacer las mismas tareas, y que en particular éstas muchas veces van más allá de lo que se espera de un ayudante de laboratorio. Así, tanto el investigador responsable de un contratado laboral como el propio trabajador han de firmar cada cuatro meses un documento en el que se explicitan las tareas, todas ellas contempladas en el proyecto que financia la contratación laboral, que la persona contratada ha desarrollado durante ese período; y el investigador responsable afirma que ni ha solicitado ni ha consentido que ésta haya realizado otras tareas (un documento, a fe mía, de poco valor jurídico, ya que tenemos que firmarlo obligatoriamente tanto el investigador responsable como el contratado). En el caso de mi amigo, conseguir el proyecto, en vez de ser una alegría (sobre todo teniendo en cuenta la cuantía económica del mismo, amén de la contribución al prestigio de la institución) se convirtió en un problema de difícil solución. En diversas ocasiones se le dijo, de forma no siempre todo lo considerada que hubiera sido aconsejable, que debía renunciar a ser el investigador responsable y que cualquier otro investigador de plantilla debía pasar a serlo, y que ya se vería si después se le contrataba o no. Como quiera que él no estuvo conforme con esas propuestas, se desencadenaron toda una serie de acciones que no detallaré aquí, pero que viví muy de cerca por la estrechez de mi relación con mi amigo, por participar en el equipo de investigación de su proyecto y por ser precisamente yo mismo el investigador responsable que lo había tenido contratado mientras cometía la ilegalidad de solicitar el proyecto (por cierto que para tranquilidad de mis superiores, puedo acreditar que mi amigo preparó el proyecto sacándose el tiempo fuera de la jornada laboral, y que llegó a preocuparme lo poco que durmió en las semanas previas a la entrega del proyecto). Al final, tras un largo tira y afloja al final se encontró una fórmula para que mi amigo pudiera ser el investigador principal del proyecto que había escrito y concebido él coordinando una decena de universidades y centros de investigación europeos, aunque el episodio ha servido para que el CSIC haya sacado una normativa anti casos como éste y que mi amigo esté en alguna lista negra en Madrid.


La preocupación por el futuro del personal laboral en el CSIC, y más en concreto lo que sucederá con mis próximas contrataciones, se añade a la pila de otras preocupaciones que arrastro como las cadenas de un fantasma desde hace meses. El grupo de investigación que heredé de mi jefe cuando éste se jubiló fue bien financiado durante años, pero en los últimos tiempos nuestra principal fuente de financiación española, el Plan Nacional de I+D+i, comenzó a menguar drásticamente. Es algo lógico, pues los recursos escasean en el Plan Nacional, se presentan muchos y muy buenos proyectos, y la financiación no alcanza para cubrir las necesidades de todos ellos, así que se tiene que repartir como buenamente se puede. Yo no me quejo por la financiación que hemos recibido, que es muy generosa dadas las circunstancias pero muy inferior a la solicitada, y con el PN no me llega para cubrir el mínimo de actividades que yo he decidido asumir. Así que no me ha quedado más remedio que liarme la manta a la cabeza y lanzarme a buscar financiación de fuentes diversas, públicas y privadas, y a recorrer media Europa en busca de oportunidades. Ahora viajo mucho más que antes y dedico una mayor parte de mi tiempo a la gestión y búsqueda de proyectos. Y con cierto éxito: este último año he conseguido ya participar en tres proyectos y contratos, además del del Plan Nacional, y la continuidad de mi grupo para los próximos dos años parece garantizada. No puedo parar, pues tengo que seguir buscando más y más para seguir indefinidamente, en una carrera sin fin. Al tiempo, el trabajo de los últimos años está dando sus frutos y por fin estamos mostrando el gran potencial de este grupo, llegando a donde nadie más que nosotros ha podido llegar (como por ejemplo recuperar salinidad superficial del océano desde satélite en áreas como el Mediterráneo, donde el diseño de las misiones no permitía esperar recuperar una señal coherente). El esfuerzo es grande y está mereciendo la pena, al menos desde una perspectiva bautomática, y mientras dure.

Pero una cosa es la situación de mi grupo de investigación, que de momento es saneada y tiene unas razonables perspectivas de futuro, y otra es la del centro donde trabajo, el Instituto de Ciencias del Mar. Las reposiciones por los errores de ejecución en los proyectos, reclamadas con tardanza y cierta mala fe, más los intereses de demora que nos ha aplicado el Ministerio de Hacienda, más cierto número de avatares que nos han costado bastante dinero, han hecho disminuir enormemente los activos de un centro que durante muchos años ha tenido un balance muy saneado. No sé ni puedo saber cuál es nuestra situación actual, pero resulta un mal indicio de por dónde van los tiros la medida extrema que tomó mi director hace unas semanas de poner todos los servicios del centro al ralentí, al menos hasta saber exactamente donde estamos. Mi impresión es que estamos tocando fondo en lo que se refiere a la capacidad de financiar nuestra infraestructura básica, y en los pasillos hay quien dice que no podremos pasar de septiembre. Yo no soy tan pesimista, pues siempre hay cierto margen para el ahorro y para estirar lo que quede, pero en todo caso lo que está claro es que nuestra situación no es tan boyante como lo fue y que probablemente nunca más lo vuelva a ser. Sé que nuestro nuevo escenario nos acerca al habitual de muchos otros centros del CSIC, donde se vive al día y hoy se capean los problemas de hoy y los de mañana mañana los veremos. Pero esta pérdida de recursos, combinada con los problemas de gasto y los de personal, conforman una tormenta perfecta que nos podría arrastrar al fondo cuando llegue la siguiente marejada.

Ahora mismo vamos a la deriva, intentando capear lo que podemos e intentando enderezar el rumbo con los recursos que vayamos consiguiendo, rezando para que la tempestad que ya se divisa en el horizonte internacional (crisis financiera, crisis bancaria, nuevos recortes en España) no nos acabe de hundir. Por mi parte, sé que tarde o temprano nos vamos a ir a pique, que forzosamente nos tenemos que ir a pique. Pero no por eso saltaré del barco un segundo antes de lo inevitable, y mientras me queden fuerzas intentaré ayudar tanto como pueda a enderezarlo. Porque quizá, si creemos que podemos conseguirlo, acaso sí lo consigamos. Y porque, en todo caso, rendirse no merece la pena, pero intentarlo sí.

Salu2,
AMT

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