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| Imagen de http://peakoiltas.org |
Queridos lectores,
Esta semana un amable lector, conocedor del sistema sanitario y de cómo funciona su cadena de suministros, se ha ofrecido a escribir una pieza sobre el impacto del peak oil en nuestro sistema tal y como está concebido hoy en día. Espero que les resulte interesante.
Salu2,
AMT
Seguramente a nadie le sea extraña la afirmación de que el sistema
sanitario español es de los mejores del mundo. Este decir que aunque parece estar perdiendo apoyo en los últimos tiempos,
de momento (febrero de 2012) parece seguir siendo cierto sustentado en
estadísticas internacionales que colocan a nuestro país entre aquellos
con mayor esperanza de vida al nacer teniendo uno de los gastos sanitarios por habitante y año más contenidos.
Podríamos intentar mentirnos a nosotros mismos y decir que lo dicho es así gracias a la dieta mediterránea y los buenos hábitos que ya casi nadie practica, pero la cruda la realidad es otra. Si bien el sistema sanitario español intenta centrarse en la atención primaria y el diagnóstico precoz, la verdadera contención del gasto sanitario en relación al número de habitantes se origina en una presión a la baja sobre los sueldos de los trabajadores del sistema sanitario, información que se desprende de un análisis comparativo de costes globales por tratamiento entre países de la UE («health basket project», realizado por la «Asociación Europea para la Gestión de la Salud», EHMA). La remuneración de los profesionales sanitarios españoles, que es de las más bajas de la Europa comunitaria y por tanto del mundo desarrollado, lo que reduce el coste final de la factura sanitaria (recorte de prensa al respecto). Esta situación, unida a la tiranía que ejerce la estructuración de una carrera sanitaria basada en la explotación de becarios abundantes y la escasez de plazas para promoción , el exceso de carga laboral fruto de que en España los médicos concentran gran parte de la actividad sanitaria y las reducidas plantillas de enfermeros en comparación con el resto de Europa, ha obligado a cientos de profesionales sanitarios a emigrar cada año con su título bajo el brazo en busca de un futuro mejor. Por supuesto este proceso se ha acentuado con la creciente crisis y la reducción en la contratación. A pesar de lo expuesto, el sector sanitario público español sigue siendo de calidad cubriendo casi a la totalidad de la población. Por eso, no deja de ser uno de los sectores económicos más importantes en cuanto a porcentaje del PIB se refiere, suponiendo el gasto sanitario total (público más privado) un 8.4% en 2007, 9.0% en 2008 y alcanzando por primera vez el nivel medio de los países de la OCDE en 2009 con un 9.7% sobre el PIB nacional, siendo este el último dato disponible en la serie oficial del banco mundial. Hay que destacar que, a pesar de que el gasto público representó el 74% del gasto sanitario en España en 2009, que la sanidad española alcanzara el nivel del resto de países desarrollados no se debió a una mejora sustancial en servicios, equipos, contratación o retribución del personal (todas ellas empresas que se intentaron acometer con mayor o menor éxito antes y durante las primeras etapas de la crisis), sino a la contracción progresiva del PIB nacional.
Después de este repaso necesario podemos entender que el sistema sanitario español era una máquina que funcionaba de manera ajustada dado su nivel de suministros hasta el inicio de la crisis, cubriendo con servicio de calidad a la población residente e incluso a los no poco asiduos turistas sanitarios (suerte que el parlamento europeo puso coto a esta sangría el año pasado), de modo que la próxima vez que les digan que la sanidad española no es eficiente permítanse arquear una ceja y discutir.
Bien es verdad que si
introducimos el coste educativo en la ecuación, la «TRE» de la sanidad
no salía tan a cuenta pero aún y así nos contentábamos con que el
sistema funcionara... hasta que vino lo que nos trae a la discusión
actual: La sanidad y el Peak Oil. Como hemos podido aprender en algunos
de los post anteriores, una de las primeras manifestaciones del Peak Oil
es una crisis económica que en los términos actuales no acabará nunca.
La sanidad, que como el resto de administraciones públicas se financia
mediante emisión de deuda (parte a cargo del gobierno central y parte a
cargo de las CC.AA. por tener las competencias transferidas), se encuentra
de un año para otro con una situación de pura bancarrota al no poder
hacer frente a los pagos acordados por el estancamiento y reducción de
los ingresos públicos. Ante esto, los gestores públicos, que parecen
saber poco o no querer saber nada de Peak Oil pero que si saben mucho de
BAU, intentan apuntalar el sistema de la mejor forma que pueden
mediante nueva deuda, pero existen limitaciones al déficit presupuestario que no se deben saltar.
Como no hay pues dinero para todo, los administradores que no son
tontos y saben que deben retrasar al máximo el conflicto social, dan
preferencia al pago de nóminas y evitan al máximo la degradación o
cierre de servicios (aunque en ocasiones aparentemente no queda otra).
Aún y así sigue sin haber dinero para todo y hay que mantener el nivel
de servicios a toda costa, de modo que se procede incrementar otro tipo
de deuda: la de los proveedores. La compra a crédito (pago en diferido
negociando cierto interés sobre el coste de adquisición) que no era
extraña debido a las habituales divergencias de presupuestos
soliviantadas de año en año vía aumento de los mismos, se convierte así
(vía incumplimiento de pagos generalmente) en el «modus vivendi» de una
administración con recursos menguantes. Esto nos conduce al punto actual
en que la industria sanitaria en conjunto reclama aproximadamente 12 mil millones de euros al sistema público de salud, aproximadamente 6.300 millones a la industria farmacéutica y el resto la de productos sanitarios (desde tiritas a maquinas de rayos X, pasando por jeringuillas, goteros y demás), industrias que ya están amenazando con acciones punitivas en caso de impago que como veremos más tarde se pueden permitir.
Como se puede entender, esta situación es trasladable a cualquier «empresa pública» y no dejar de ser una economía de guerra no declarada en la que cada uno se defiende como puede. Veamos las armas en este caso: Por su lado las administraciones central y autonómicas han intentado principalmente impulsar el uso de medicamentos genéricos para ahorrar en el gasto farmacéutico, centralizar en servicios regionales la compra de material fungible para evitar la picaresca de las relaciones comerciales y obtener mejores precios por volumen de compra, y por supuesto, recortar allí donde la gente apenas percibe pero las estadísticas darán cuenta. Los efectos de las primera medida son limitados, debido por un lado a que los visitadores médicos siguen haciendo su trabajo con total libertad (yo diría impunidad) y a que en realidad un genérico y un medicamento con marca no tienen porqué ser lo mismo, pues aunque compartan el principio activo principal pueden diferir ampliamente en el resto de componentes (excipientes que pueden estar sujetos a patente) afectando por completo la dinámica de efecto y por tanto el criterio decisor del médico y del paciente. La segunda medida está en fase de implantación pero tiene amplias limitaciones, pues si bien sugiere un ahorro potencial, la administración tiene que cargar a partir de ahora con un reto logístico gigantesco que antes se repartían cientos de empresas de productos sanitarios y transportes, condicionado por la infinidad de productos sanitarios existentes y las variables tasas de consumo de los distintos centros sanitarios. En cuanto a los resultados de la última medida quedarán para la posteridad los cientos de profesionales huidos de España por falta de trabajo y las estadísticas. De momento ya tenemos algún que otro santo presuntamente inocente.
Como se puede entender, esta situación es trasladable a cualquier «empresa pública» y no dejar de ser una economía de guerra no declarada en la que cada uno se defiende como puede. Veamos las armas en este caso: Por su lado las administraciones central y autonómicas han intentado principalmente impulsar el uso de medicamentos genéricos para ahorrar en el gasto farmacéutico, centralizar en servicios regionales la compra de material fungible para evitar la picaresca de las relaciones comerciales y obtener mejores precios por volumen de compra, y por supuesto, recortar allí donde la gente apenas percibe pero las estadísticas darán cuenta. Los efectos de las primera medida son limitados, debido por un lado a que los visitadores médicos siguen haciendo su trabajo con total libertad (yo diría impunidad) y a que en realidad un genérico y un medicamento con marca no tienen porqué ser lo mismo, pues aunque compartan el principio activo principal pueden diferir ampliamente en el resto de componentes (excipientes que pueden estar sujetos a patente) afectando por completo la dinámica de efecto y por tanto el criterio decisor del médico y del paciente. La segunda medida está en fase de implantación pero tiene amplias limitaciones, pues si bien sugiere un ahorro potencial, la administración tiene que cargar a partir de ahora con un reto logístico gigantesco que antes se repartían cientos de empresas de productos sanitarios y transportes, condicionado por la infinidad de productos sanitarios existentes y las variables tasas de consumo de los distintos centros sanitarios. En cuanto a los resultados de la última medida quedarán para la posteridad los cientos de profesionales huidos de España por falta de trabajo y las estadísticas. De momento ya tenemos algún que otro santo presuntamente inocente.
En todas las guerras hay al menos dos bandos y en esta el otro lo representa una industria que también tiene sus bajas, con menguante en número de empresas nacionales, creciente concentración de poder y que está aprendiendo a defenderse. La escalada progresiva de costes de producción de los últimos 15 años asociada al precio de la energía (aunque no lo supieran), presionó a la industria sanitaria a un delicado equilibrio entre precios de producción y venta, del que las empresas que pudieron intentaron huir trasladando su producción a Europa del este o China. Esto que parecía ser la panacea, no ha dejado de ser un dolor de cabeza que nunca acaba: los productores orientales no terminan de ser del todo confiables y especialmente los chinos parecen no tener reparos en embarcar mercancía problemática, en unas ocasiones por defectos «que pasan inadvertidos», en otras deliberadamente alterada por unos trabajadores desesperados que viven en las mismas fábricas trabajando interminables jornadas por sueldos miserables. A esto hay que sumar unos locos y crecientes costes de las materias primas y transporte, que obligan a negociar continuamente los precios de compra exprimiendo al máximo los márgenes de supervivencia de las empresas. Especialmente dramático es el caso del plástico usado en miles de productos distintos, pues los principales productores de plástico materia prima están en Europa y como no podía ser de otra manera su precio se dispara junto con el del petróleo. Ante todo esto, que la administración retrase un pago (generalmente cientos) suele ser el tiro (ametrallamiento) de gracia para decenas de PYMES que no pueden acumular más deuda. Y por si quedara alguna posibilidad para las PYMES, el sistema de compra centralizada tiende a excluirlas pues no suelen poseer la capacidad de producción necesaria para hacer a los concursos además de tener escasa o nula capacidad de venta a crédito. De esta manera, poco a poco, solo los peces transnacionales más gordos van quedando en el acuario y la administración elimina sin querer queriendo la competencia en el mercado, haciendo saltar por los aires las ventajas de la estrategia de compra centralizada. Al no existir competencia real, hospitales tienen que aceptar las condiciones que imponga la industria si de verdad quieren obtener material mediante compra a crédito. Supongo que tenemos claro que cuando una industria transnacional amenaza con secuestrar a un gobierno no lo dice en balde, a los hechos me remito.
Y si intuimos que esta situación solo puede ir a peor por la espiral deflacionaria y de deuda en la que se encuentra la economía, aún se puede agravar un poquito más por algo que la mayoría desconoce: los marcos regulatorios. La adopción de nuevos protocolos y materiales en materia sanitaria es una carrera de fondo que no tiene fin aparente. Que duda cabe de que esta carrera ha tenido efectos beneficiosos en la calidad y efectividad del servicio («que la esperanza de vida media sigue en 80 años a pesar de la vida que nos pegamos, oiga»). Pero nada es gratis y la mejor tecnología sanitaria se paga bien pagada. Evidentemente, a la industria no le cuesta lo mismo fabricar una aguja de toda la vida (aguja, adaptador cónico y capuchón) que la misma aguja con capacidad de autodestrucción (aguja, adaptador cónico y capuchón con partes móviles que bloquean segundos usos), por lo que esos costes aumentados de diseño y fabricación se repercuten en el producto final. Uno puede pensar «compremos agujas de toda la vida entonces», pero es aquí cuando llega la trampa y es que la transposición de normativas de rango europeo obliga progresivamente al sector sanitario a la adopción de materiales modernos en pos de distintos criterios (calidad del servicio, seguridad del operador, seguridad del paciente...). Así que ya sea por intereses lobbisticos de la industria, ya sea por necesidades reales del servicio, la transposición nacional de algunas normativas europeas promete generar un cuello de botella presupuestario nada despreciable a medio plazo del que se está por ver como se saldrá.
Así que después de saber todo esto y sin tener en cuenta aquello que se nos escape, queda claro que en el sector sanitario se desarrolla una autentica guerra de guerrillas económica, en la que los centros médicos diezmados en efectivos se ven arrinconados y hacen lo que sea para mantener el servicio, incluso intentar reciclar o reutilizar material (no se dejen asustar por notas de prensa interesadas de la industria que muchas de esas prácticas son viables y no se realizaban por pura comodidad, confíen en el personal sanitario que se debe a valores humanistas por encima de otros). Suerte tenemos de que la sanidad parece ser lo último en lo que los gestores se permiten meter la tijera, pero la situación no acompaña. Siendo una prioridad fundamental pagar deudas oirán hablar cada vez más de un «copago» que realmente es «repago» (asimétrico, ineficaz e injusto, ¡DI NO!) o de privatizaciones parciales. De modo que no se acomoden y salgan a la calle a protestar porque esto se parece cada vez más a una tragedia griega con frases tan épicas como ésta. Las consecuencias serán nada halagüeñas.
Salud y buena suerte,
SDL.
