El fin del sueño fotovoltaico

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Queridos lectores,

Alarma y preocupación ha causado el anuncio de la próxima publicación del último Decreto Ley en España que, una vez más, regula el sector eléctrico (no llevo la cuenta, pero si no me equivoco es el séptimo en poco más de un año) y que incide especialmente en el sector de generación renovable y más particularmente en la generación fotovoltaica. Regular por Decreto Ley debería ser una excepción, pero en la España de la excepción en la que vivimos se ha convertido en norma. A pesar de las peculiaridades del caso español lo que está pasando nos da algunas lecciones de alcance global y por ello he creído que merecía la pena dedicarle un post extenso. Seguramente habrán leído sobre algunas de las claves de este problema tan embarullado. Les resumiré algunas aquí, aunque tengan en cuenta que el que esto escribe no es un experto en todos los intríngulis de este vodevil tan español y por tanto la información que ahora les daré es muy somera.

La causa principal de las barbaridades que se están haciendo ahora es el denominado déficit de tarifa. En 2003 el Gobierno español (del PP) aprobó un sistema para evitar que el precio de la luz subiera demasiado deprisa y que al mismo tiempo se compensara a las compañías eléctricas por una serie de costos adicionales que el Reino de España les reconocía como deuda del Estado, dando lugar a lo que se conoce como déficit tarifario o diferencia entre lo que las compañías ingresan y lo que deberían ingresar para poder compensar esos costes reconocidos (que no forzosamente reales). Resulta que en España el mercado eléctrico está fuertemente regulado y no se puede vender la electricidad por encima de un precio tope que fija el Gobierno (aunque éste lo puede revisar y revisa continuamente, al alza de hecho). Los costes que quedan englobados de ese cajón de sastre que se ha llamado déficit tarifario incluyen un batiburrillo de conceptos muy diferentes, con la única característica en común que en todos ellos resulta muy discutible el reconocimiento que hace el Reino de España de esos costes. Someramente, este déficit de tarifa incluye:

• La mal llamada moratoria nuclear, que teóricamente es una compensación que paga desde los años 80 el Reino de España a las compañías que apostaron por la energía nuclear y que tuvieron que detener grandes inversiones en marcha al decidir el Gobierno que no daría más licencias de apertura de centrales nucleares debido, según reza la mitología del sector, a la oposición social que despiertan  por el miedo a accidentes nucleares después del accidente de Three Mile Island en los EE.UU. en 1979, y después reforzado por el de Chernóbil en la URSS en 1986.
  
  La realidad, como muestra la gráfica de la derecha (que proviene del Atomic Industrial Forum; gracias a Pedro Prieto por la indicación), es que el número de encargos de nuevas plantas durante la década de los 70 (antes de ninguna moratoria, por tanto) llegó a su máximo en 1973, coincidiendo con el embargo de petróleo. Y es que, en realidad la energía nuclear es una extensión de los combustibles fósiles, como ya discutimos; lo cual, traducido a román paladino significa que sin petróleo barato no hay energía nuclear rentable. El pago de la moratoria nuclear es, en realidad, una manera de compensar a la industria por no poner en marcha un negocio que en realidad no podrían rentabilizar pero haciendo creer que si no lo arrancan es por razones legislativas.
  
• Otro tipo de coste reconocido por España es el asociado al cambio del sistema de retribución de la generación eléctrica para adaptarlos a las normas del mercado europeo, siguiendo directivas de obligado cumplimiento. Son los llamados Costes de Transición a la Competencia. Estos incluyen varios conceptos, pero esencialmente son un pago del Estado a las compañías eléctricas para compensarles por una disminución de ingresos al cambiar el sistema de tarifación. Antes de 1997 en España se pagaba el kilovatio·hora consumido en función de los costes de su generación, mientras que con el sistema de subasta que se estableció posteriormente la potencia necesaria en cada momento se va tomando de las fuentes más baratas primero, y el precio de todos los kilovatio·hora en el mercado mayorista lo fija el del más caro y último que entra en cada momento. Esto ha dado lugar a que a algunas centrales muy amortizadas y que entran a coste casi cero (y por tanto su energía siempre es consumida) se las pague un diferencial muy sustancioso (windfall profits o ganancias caídas del cielo), pero otras centrales más caras puedan arrojar pérdidas. Esto afectaba sobre todo a centrales de gas de ciclo combinado, que se construyeron masivamente para sustituir a las térmicas de carbón en cumplimiento con los compromisos que obligaban a España con el Protocolo de Kyoto, y que se vieron perjudicadas por la entrada en tromba de la eólica primada. Sin embargo, como algunos autores señalan, estos costes están más que generosamente pagados desde hace tiempo.
• El último coste contribuyente al déficit de tarifa que quiero destacar hoy es el que corresponde a la prima de generación renovable. Los actuales sistemas de generación eléctrica renovable no son rentables, en principio porque la tecnología no ha evolucionado aún lo suficiente para que lo sean. Para incentivar su implantación y que se pueda ir progresando en su desarrollo tecnológico el Estado español ha decidido que la producción de origen renovable englobada dentro del régimen especial (básicamente, eólica, fotovoltaica y solar de concentración) reciba una prima, de manera que se puede vender más barata que su coste real. Esta prima no fue asumida directamente por el Estado sino que se cargó al déficit de tarifa, y en algunos años ha sido uno de los mayores contribuyentes al aumento del mismo, sobre todo la fotovoltaica ya que está bastante más primada que la eólica (la cual está prácticamente a punto de no necesitar prima alguna). El problema de este sistema de primas es que ha favorecido abusos; en un momento los incentivos fueron tan suculentos que se creó una verdadera burbuja especulativa en torno a la fotovoltaica y no pocos abusos y estafas (por ejemplo, algunas instalaciones que producían electricidad incluso de noche; las primas eran tan altas que compensaba conectar grupos electrógenos de diésel y sus usuarios fueron tan torpes de no apagarlos cuando no había sol). Ha sido un sector que fue propicio al pelotazo de enriquecimiento rápido y al fraude y por eso ahora es el más duramente (y seguramente en exceso) castigado.

Los sucesivos Gobiernos españoles (primero del PP, luego del PSOE, luego otra vez del PP) no han hecho realmente nada para acabar con este déficit tarifario, y en particular en un punto que sería fundamental: no reconocer ciertos costes como costes reales o, en todo caso, como costes que deba de asumir el Estado. Para complicar más las cosas, esta deuda avalada por el Estado está titulizada, es decir, las compañías eléctricas han emitido pagarés y otros productos de deuda derivados (con lo cual los que adquieren del derecho de cobrar la deuda original son otros), haciendo del problema una maraña intextrincable que nadie osa desenredar y que actualmente representa nada menos que 26.000 millones de euros (el 2,6% del PIB oficial de España, aunque si lo comparamos con el PIB real superaría el 3,25%). Dada la complejidad estructural del déficit de tarifa, según al lobby que perteneces cargas contra uno de sus elementos como si fuera el todo; así, algunos critican las primas a las energías renovables mientras que otros denuncian el cinismo de las primas implícitas a la energía nuclear y a los ciclos combinados. Si quieren profundizar más en el tema, aquí les dejo un artículo muy detallado (aunque no exento de ciertas cuestiones opinables) y otro más sencillo y objetivo.


Miremos el problema ahora desde una perspectiva diferente: España tiene 108 Gw de potencia eléctrica instalada para cubrir una demanda que equivale a una potencia media de 32 GW y cuyo pico máximo de consumo, de unos 45 Gw, se consiguió en el verano de 2008. Desde entonces, el consumo eléctrico está en una tendencia a la baja, punteada con algún pequeño repunte desmentido por bajadas posteriores. Se consume cada vez menos electricidad porque la electricidad no sustituye otros usos no eléctricos.

Los 108 Gw de potencia instalada pueden parecer una barbaridad para cubrir una demanda de 32 Gw en media con máximos de 45 Gw, pero se tiene que tener en cuenta la capacidad de carga de las centrales eléctricas, que varía de unas tecnologías a otras (del 85% de la nuclear al 15-20% de la eólica). Con todo, a España le sobra un 40% de capacidad de generación eléctrica y la tendencia es a que le sobre cada vez más por la caída del consumo: de ahí que hace unas semanas se hablase de cerrar centrales de ciclo combinado, y ahora se aseste este golpe a todo el sector y especialmente al de la generación fotovoltaica.

Nos hemos creído el discurso de la curva de aprendizaje de las energía renovables y hemos dado por descontado que el progreso tecnológico es algo inevitable. Sin embargo, todo apunta a que el progreso tecnológico está limitado por diversas variables, entre ellas la disponibilidad de capital, la disponibilidad de fuentes de energía abundantes y baratas (buena TRE),  los límites físicos (energía que llega del Sol, densidad de energía por superficie y rendimiento máximo de las placas) y que el producto que se genera (en este caso, electricidad) siempre tiene mercado (cuando en realidad el mercado eléctrico esta saturado). Todas estas variables están en nuestra contra en este caso, pero el discurso del sector continúa siendo el de que tenemos que seguir la curva de aprendizaje. Siendo incapaces de comprender y adaptarnos al momento histórico que estamos viviendo, la gran noticia del momento es que los paneles fotovoltaicos han bajado de precio un 80% durante los dos últimos años y esto se saluda como una demostración de que al final el progreso tecnológico ha llegado. En realidad tal bajada de precio (que no de coste energético, aunque ya sabemos que algunos defensores de la opción fotovoltaica no entienden el concepto de TRE, entre otros) obedece a que se está inundando el mercado con paneles fotovoltaicos chinos a precio por debajo del de fabricación. La situación es por supuesto coyuntural y responde mayormente a la quiebra del mayor fabricante de placas fotovoltaicas del mundo, la china Suntech, que favorece que se liquiden paneles a precio de saldo desde hace meses. Teniendo en cuenta que tras la burbuja de comienzos del siglo XXI el sector de manufactura de placas fotovoltaicas está sufriendo en los últimos años una severa reestructuración (el escándalo de Solyndra sigue haciendo daño al sector), la llegada de placas chinas a bajo coste está incrementando enormemente el número de bancarrotas durante 2012 y 2013 (lean aquí una lista bastante larga de bajas), incluyendo la gallega T-Solar. Por eso no poca gente ha considerado la última agresión por parte del Gobierno español al sector fotovoltaico como una demostración de la influencia intolerable del lobby eléctrico, ahora que se demostraba que la tecnología estaba llegando a la viabilidad y la rentabilidad.

Nada más lejos de la realidad. La TRE de la fotovoltaica sigue siendo muy baja, alrededor de 5 para instalaciones domésticas y de 2 para instalaciones industriales (huertos solares), y eso continúa haciendo de esta tecnología una opción de baja rentabilidad energética. Sin embargo, factores coyunturales del mercado como los actuales pueden hacer interesante su implantación sobre todo para particulares, puesto que en realidad el precio de venta de la placa no representa el coste real (económico y energético) de su producción y ahora mismo es un buen negocio comprarlas y producir parte de tu propia electricidad. Esto llevaría a disminuir aún más la facturación de las compañías eléctricas, que están comenzando a sentir los efectos de la crisis, y posiblemente es la razón de algunas de las nuevas medidas: después de haber aprobado el anterior Gobierno un decreto que por fin regulaba el autoconsumo en España hace un año y medio, el nuevo decreto que prepara el Gobierno actual impondrá un peaje tal a los excedentes eléctricos generados por las instalaciones domésticas que hace completamente disuasorio el autoconsumo. La medida, poco lógica desde el punto de vista ambiental (al menos aparentemente) y de soberanía energética tiene todo el sentido para proteger un mercado, el eléctrico, que está en contracción (aunque de momento sea bastante leve). Por si eso fuera poco el nuevo decreto incentiva el derroche de electricidad, al rebajar los costes por consumo y aumentar los costes fijos. De nuevo, uno puede entender el por qué de tales medidas si se da cuenta de que el sector se está contrayendo y el consumo baja. Pero hay todavía medidas más gravosas para el sector de generación industrial: un nuevo impuesto del 7% junto con otras limitaciones envía a la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas industriales a pérdidas y a sus promotores, en muchos casos pequeños empresarios, a la ruina. Las instalaciones comprometidas pasarían al banco malo, el SAREB, que gestiona los activos tóxicos de la banca española, y de ese modo bajaría también la capacidad de producción eléctrica española, lo cual resulta de nuevo conveniente para mejorar las cuentas de las compañías eléctricas.

Nadie apunta al problema principal, la disminución del consumo de electricidad, como la causa última de tanto desatino.  Los que sufren los golpes de estas medidas atrabiliarias, porque sólo ven que el Gobierno se pliega a los intereses de las grandes compañías y se dedican a combatir en su pequeña parcela del problema; y las grandes compañías prefieren ver la caída de consumo eléctrico como una consecuencia más de esta crisis que se resolverá por sí sola cuando ésta pase, sin darse cuenta de que esta crisis no acabará nunca. De fondo hay otra cuestión a la que nadie quiere mirar, y es que la cada vez más acusada escasez de petróleo no está siendo compensada por un aumento del consumo de electricidad. Como hemos explicado muchas veces, no es electricidad lo que necesitamos y la electricidad no puede suplir lo que realmente queremos; peor aún, la mayoría de la gente, cuando se les pregunta por la energía, creen que fundamentalmente consumimos energía eléctrica sin darse cuenta de que en el caso de España la energía eléctrica sólo representó en 2011 el 21% de toda la energía final consumida (en contraste el petróleo fue más del 50%). Faltando petróleo como ya comienza a faltar baja el consumo de otras fuentes y formas de energía, como el gas natural y la electricidad, porque el petróleo gobierna la actividad económica y sin él ésta simplemente no es posible. Mitos recurrentes como el del coche eléctrico y el de hidrógeno mantienen adormecida a una sociedad que cree que la batalla se está librando por la liberalización del sector eléctrico y no por la mera supervivencia. Ciertamente en el caso concreto de España se ganaría mucho teniendo un mercado eléctrico más abierto y menos controlado por un oligopolio de facto. Sin embargo, mientras los pequeños luchan contra los grandes están perdiendo de vista que en realidad los dos bandos pierden, que todos estamos perdiendo. Estamos perdiendo la batalla de la energía, y ni siquiera nos estamos dando cuenta.

Salu2,
AMT