Queridos lectores,
Hace ahora poco más de diez días la sociedad catalana y la española quedaron conmocionadas por el atentado cometido por un fanático, armado con una simple furgoneta, en plenas Ramblas de Barcelona. Un chico muy joven entró en la zona peatonal de la concurrida calle turística de la Ciudad Condal y atropelló a más de un centenar de personas, dejando malheridas a varias decenas y matando a 14 de ellas. Después, se dio a la fuga, robando un coche (previo asesinato de su conductor) y consiguió escapar del cerco que prácticamente de inmediato cayó sobre Barcelona. Pocas horas después, unos compañeros suyos intentaron sembrar el terror en el paseo marítimo de Cambrils pero fueron interceptados letalmente por la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, aunque tuvieron la ocasión de matar a otra persona más. Cuatro días más tarde, los Mossos consiguieron dar con el conductor de la furgoneta en un pueblo al sur de Barcelona y lo abatieron.
Durante esos cuatro días, las pesquisas policiales fueron frenéticas, y gracias a ellas la policía fue capaz de averiguar muy rápidamente que una célula radical, formada por una decena de jóvenes comandada por un imam fanatizado, eran los responsables de los atentados. Casi todos los participantes de esa célula están ahora muertos, y quedan un par de detenidos, a partir de los cuales se intentará reconstruir todos los pasos que dieron los implicados durante los meses y años precedentes al momento de los atentados. Sin embargo, hay un escaso interés en comprender las causas finales (más allá de asumir una maldad sin límites en estas personas) que les llevaron a cometer estas atrocidades, con un absoluto desprecio no sólo a las vidas ajenas sino incluso a las suyas propias.
Se puede caer en el simplismo de creer que todo es debido al perverso proceso de lavado de cerebro y fanatización al que les sometió el imam radical, pero eso implicaría ignorar un hecho fundamental: no todo el mundo es susceptible de abrazar una visión tan radical y con tal desprecio a la vida humana; los más de dos millones de musulmanes que viven en España, obviamente, ni comparten ni aceptan las atrocidades cometidas por estos energúmenos que dicen ampararse en una visión peculiar y muy sectaria del islam. Para que estos jóvenes fueran proclives a aceptar la visión maniquea y radical con la que el imam les hizo mirar el mundo que les rodea era preciso que ellos mismos fueran gente desarraigada, con poco futuro dentro de nuestra opulenta sociedad y a un paso de la marginación y la pobreza. El imam les dio la oportunidad de volver a ser protagonistas de su vida: en vez de tener que aceptar el relato de la Gran Exclusión a la que todos estamos abocados, tenían la quimérica posibilidad de ser los héroes, a los que al final su sociedad recordaría con orgullo.
Los implicados llevaban cinturones explosivos simulados para asegurarse de que, si se enfrentaban a la policía, ésta se viera obligada a matarlos inmediatamente ante el riesgo de que los activaran. Esto demuestra que le concedían un nulo valor a su propia vida, que la meta que pretendían alcanzar era más importante que su mera existencia física. Como en las épocas más oscuras de la Historia de la Humanidad, el valor de la vida humana se vuelve completamente despreciable en el altar de las ideas totalitarias y salvajes.
Una de las cosas que resultan más chocantes de estos sucesos es la rapidez con la que las investigaciones consiguieron descubrir quién estaba implicado y qué medios habían usado. La razón principal de esta celeridad es la gran cantidad de pruebas que se encontraron en una vivienda de la localidad de Alcanar, al sur de Barcelona, que había explotado justamente la noche anterior. Por lo que se ha sabido, fue precisamente esta explosión accidental lo que precipitó los atentados. Los terroristas estaban preparando una gran cantidad de explosivos que querían cargar en tres furgonetas para cometer tres atentados simultáneos aún más mortíferos, pero su escasa formación en la elaboración y manipulación de explosivos llevó a la deflagración, que mató a varios de los miembros de la célula. Los explosivos se habían elaborado con productos químicos relativamente comunes y sencillos de obtener, aunque muy inestables y poco aconsejables para ningún uso. Pero esta decena de radicales no tenían la formación mínima para trabajar con los explosivos. El atropello múltiple de las Ramblas fue una respuesta torpe y chapucera a la explosión de Alcanar, sabiendo que la policía encontraría rápidamente muchos indicios incriminatorios contra ellos, incluyendo documentación personal que les implicaba (no sólo documentos de identidad, sino también contratos de alquiler y comprobantes de compra de diversos objetos).
Ésta es una de las características notables de los atentados de Barcelona y Cambrils: no sólo fueron baratos, sino que además fueron chapuceros. La guerra civil de baja intensidad que progresivamente se va extendiendo por todo el mundo tiene dos bandos completamente asimétricos: uno que cuenta con fuerzas de seguridad competentes, armadas y entrenadas, y otro que cuenta con individuos excluidos, fanatizados, ignorantes, mal pertrechados y chapuceros. En la guerra silenciosa que se libra en el mundo, estos marginales optaron por la única cosa que podían, por un atentado low cost, usando como armas herramientas de trabajo comunes, básicamente una furgoneta y cuchillos de cocina. Y la determinación de matar y ser matados.
Poco tiempo ha hecho falta para que nuestros fanáticos "de aquí" hayan comenzado a vociferar, clamando que ésta es una guerra entre la cultura occidental y la árabe, entre la religión cristiana y la musulmana, entre nuestra civilización y "la de ellos". Por supuesto, tales afirmaciones no resisten el más mínimo análisis crítico. Las repetidas muestras públicas de condena de la comunidad musulmana nacional e internacional muestran que la mayoría de los musulmanes se sienten horrorizados por la barbarie, demostrando que la de estos bárbaros no es una visión representativa del islam. Se ningunea el hecho, también, de que año tras año más del 90% de los atentados, y más del 95% de las víctimas, de atentados extremistas tienen lugar en países de mayoría musulmana y los que los sufren son, en una amplia mayoría, árabes y/o musulmanes, lo cual sería contradictorio con la visión de choque de culturas, de religiones o de civilizaciones. Pero los hechos le son igual al radicalismo fascistoide que se reivindica como "100% español". En su simplismo totalitario, el radicalismo identitario español considera que un español no puede ser de raza árabe o de religión musulmana, ignorando toda una fracción de nuestra sociedad que son españoles (y no son ninguna otra cosa) y pertenecen a esa raza y/o a esa religión, y a los cuales nuestra Constitución ampara como ampara a cualquier otro español de cualquier otra extracción. Aún cuando la mayoría entiende más o menos esta realidad, el radicalismo identitario español va cuajando entre las clases medias cada vez más depauperadas, cada vez más amedrentadas porque comienzan a entender que de esta crisis no saldremos nunca y que el único destino que se les prepara desde el BAU es La Gran Exclusión. Que en el plan general al que nos aboca nuestra inevitable declive energético, y por tanto material y económico, es al de que nuestras vidas no valgan más que la de los fanáticos de las Ramblas de Barcelona, que sean también vidas low cost como las de ellos, vidas que se pueden sacrificar y aplastar impunemente. Ese miedo a perder nuestro status, nuestra seguridad occidental, nos lleva directamente a la rabia. Una rabia que, como la Historia demuestra, es una pésima consejera y que hace que poco a poco vaya calando la explicación simplista, la que elude
nuestra propia responsabilidad, la del radicalismo fascista emergente que
podría acabar cogiendo fuerza, y que no es mejor que la de los fanáticos que se creen luchando en una Guerra Santa o Yihad pero que no son más que unos imbéciles de la peor y más canalla especie.
Los asesinos de las Ramblas y de Cambrils no podían estar más equivocados en el método escogido para luchar contra las injusticias del mundo, pero conocían bien y apuntaban certeramente a su objetivo. España, como Estado-nación, no es una institución inocente de la desgracia que sufren los países ricos en recursos naturales (y pobres en todo lo demás), recursos que Europa ambiciona en su loca huida hacia adelante. De acuerdo con el Ministerio de Defensa español, España mantiene actualmente 17 misiones militares en el extranjero que movilizan a más de 2.400 soldados, y en las que España generalmente participa como parte de algún contingente europeo. Muchas de estas misiones tiene como propósito velar por el mantenimiento de algún precario alto el fuego o la distribución de ayuda humanitaria, pero alguna de ellas tienen una justificación o un contexto algo menos respetable (por ejemplo, la cobertura en Malí que da actualmente España a Francia en su guerra por el control del uranio de Níger). Son estas misiones militares, y otras muchas desarrolladas en el pasado, las que consolidan en el delirante imaginario extremista la estampa de una España imperialista y belicosa (al que se añade, en algunos casos, el aún más rocambolesco y alucinado sueño de "recuperar Al-Andalus"). Es por eso que, una vez identificada España como enemigo a combatir, los terroristas han intentando atacar al corazón económico del país, el turismo, y por ello no es casual que hayan atacado la calle más turística de la ciudad española más conocida en el extranjero, Barcelona, que es a la sazón es el destino turístico internacional más importante de España. El sentido de la lucha que plantean los extremistas es aberrante y los métodos son chapuceros e inefectivos a sus pretendidos fines, pero el objetivo está claro y correctamente identificado. Eso hace temer que futuros ataques intenten incidir en el mismo tipo de blanco, que tiene la ventaja de ser más vulnerable que cualquier otro sector. Porque las víctimas de este atentado son gentes de esa clase media occidental que se resiste a desaparecer, que simplemente disfrutaban de un paseo en una zona pintoresca de una ciudad europea, un pequeño placer que aún les resultaba asequible. Vidas low cost que estaban al fácil alcance de unos locos con vidas también low cost.
Es cierto que hay una guerra, pero no es de religiones, de razas o de culturas. Aunque los medios se esfuercen en negarlo, hay una guerra global, sí, y es una guerra de pobres contra ricos. Y de momento ganan los ricos, porque lo que están consiguiendo es que los pobres luchen entre ellos porque les están haciendo creer que lo que importa, lo que explica el sufrimiento y el dolor de todos, es la diferente religión, raza o cultura. Pero no, no es eso. Miren hacia arriba. Miren cómo se codean y comparten mesa los monarcas cristianos con los musulmanes, los jerarcas arios con los árabes, los de la orilla norte del Mediterráneo con los del Creciente Fértil. Mírenlos y comprendan que la lucha es contra la miseria que nos van imponiendo a todos, a los pueblos del Sur antes y más que a nosotros, pero que a nosotros también se nos está imponiendo y más que se nos impondrá. Si quieren buscar un enemigo, dejen de mirar al hermano que tienen enfrente y miren hacia arriba, a esos con vidas premium que consideran que nuestras vidas no valen nada.
Salu2,
AMT
Queridos lectores,
Hace unas semanas, el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (ministerio de competencias un tanto diseminadas, ciertamente) abrió una consulta pública por internet para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. De acuerdo con lo que se explica en esa web, esta ley pretende garantizar los compromisos de España ante la Unión Europea en materia de energía y cambio climático, surgidos tras los Acuerdos de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (la razón de que el compromiso de España sea ante la Unión Europea y no ante las Naciones Unidas proviene probablemente del hecho que es la UE la firmante de los acuerdos de París, lo cual no deja de ser una curiosa delegación administrativa). En la web se nos dice que esta ley será fruto de la participación y el consenso, y nos anima a participar en su elaboración.
Por supuesto, aunque se invite a la participación la libertad de actuación de quien quiera aceptar la invitación es bastante limitada: los que contribuyan deberán contestar a un formulario ya preparado y muy específico, las respuestas del cual se tendrán que insertar en los cajetines de un formulario web. Formulario web que a mi no me funciona (quizá por usar Linux), aunque visto el tenor de las preguntas que se formulan no creo que mis respuestas fuesen de alguna utilidad a los promotores de esta participación ciudadana. Sin embargo, el análisis de las preguntas mismas que se formulan creo que es muy interesante, pues resulta muy revelador sobre cómo entiende el Gobierno de España el problema al que hacemos frente (comprensión que, me temo, es bastante compartida por otros Gobiernos, lo cual hace que el interés de tal análisis tuviera también cierta transcendencia allende nuestras fronteras). Así que voy a dedicar el post de esta semana al análisis crítico del formulario.
Antecedentes:
Antes de comenzar a comentar las preguntas del cuestionario resumiré los antecedentes de la ley, que pueden leerse completos en el apartado del mismo nombre de la web. En primer lugar, nos encontramos con una interpretación de los Acuerdos de París: el objetivo de los mismos es "una transición global que culminará en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático". Al margen de si ésta es o no la interpretación correcta de los Acuerdos, lo que sí que es es toda una declaración de intenciones: se busca un nuevo "modelo de desarrollo" que no tenga la pega del cambio climático. No se dice abiertamente "modelo de crecimiento", pero es más que probable que esa idea está en la mente del legislador. En suma: más BAU, pero píntemelo de verde.
A continuación, nos indica los dos objetivos de París, no superar los 2ºC y los 1.5ºC de calentamiento (el barullo que se abrió en París, con esos dos guarismos), y nos indica que hay muchas oportunidades de actuación "con co-beneficios para las Administraciones Públicas y sociedad civil". En suma, el discurso de que hay grandes oportunidades esperando, incluso con el cambio climático (lo que me recordó un vídeo del ex-presidente español Jose María Aznar cuando decidió subirse al carro de la lucha contra el cambio climático con el Global Adaptation Institute).
Leemos a continuación cuáles son los objetivos de la UE en los Acuerdos de París: reducción de emisiones de CO2 (respecto a 1990) en un 40% para 2030, que el consumo de energía renovable sobre el total sea del 27% en 2030, intentar que la eficiencia energética mejore un 27% para 2030 y un 15% de interconexiones eléctricas. Con respecto a los dos primeros objetivos cabe decir que son muy ambiciosos: sin una auténtica revolución energética, disminuir las emisiones en un 40% implicaría un descenso del consumo energético de similar magnitud (algo que probablemente puede llegar a pasar), en tanto que incrementar el porcentaje de energía renovable del aproximadamente 9% actual al 27% implicaría lo mismo: revolución o descenso. Ahora, lo que resulta llamativo es ése normativismo de pedir que la eficiencia energética mejore un 27%: ¿por qué un 27% y no un más redondo 25% o 30%?. Sin contar con que mejorar la eficiencia energética depende de los progresos científico-técnicos que se realicen (los cuales no se pueden pautar ni ordenar) y además habrá límites infranqueables que la Termodinámica no nos permite traspasar (los cuales dependerán de cuál sea la eficiencia actual, al margen de que sería conveniente ser más específico sobre la eficiencia de qué exactamente estamos hablando).
Se nos enuncian a continuación los objetivos de la iniciativa europea "Energía limpia para todos", con el que se pretende "acelerar, tanto la transición hacia una energía limpia, como el crecimiento y la creación de empleo, manteniendo la competitividad de la Unión Europea. De esta manera, un sistema energético sostenible es aquel que siendo
eficaz en la garantía de suministro, pondera el crecimiento económico y
el bienestar de los ciudadanos con la protección adecuada del medio
ambiente a medio y largo plazo.". Dejando claro que, obviamente, no se comprende el trasfondo de la crisis energética y sus implicaciones sobre el crecimiento, y que en lo que se piensa es buscar una manera adecuada de luchar contra el cambio climático, donde adecuada significa adecuada a nuestro sistema económico y en particular que no lo ponga en cuestión. Los objetivos del paquete "Energía limpia para todos" son tres (y es en torno a ellos, como veremos, que quiere girar la nueva ley española):
- Priorizar la eficiencia energética
- Lograr el liderazgo mundial en materia de energías renovables
- Ofrecer un trato justo a los consumidores
Al fijar estos tres objetivos, en realidad nos están diciendo ya cuál es la solución que se busca: en primer lugar, que se podrá aumentar el ouput económico aunque se disminuya el input energético; en segundo lugar, que las energías renovables van a resolver la papeleta (es decir, van a proporcionar tanta energía como queramos) y además de van a convertir en un negocio lucrativo para Europa; y en tercer lugar, que todo eso no pondrá en peligro ni la economía ni el Estado del Bienestar. Sin embargo, hay tres problemas con esos tres objetivos: el primer objetivo implica la desmaterialización de la economía, una entelequia absurda e imposible, desmentida tras décadas de observación de la economía; el segundo objetivo no considera que las renovables tienen límites y que además son incompatibles con el modelo del libre mercado; y en cuanto al tercer objetivo, obviamente la economía está en peligro como consecuencia de la crisis energética, y probablemente el Estado del Bienestar con ella. Por tanto, los tres objetivos son completamente erróneos y deberían ser reformulados para convertirlos en algo realmente factible, pero, como se nos explica a continuación, los Estados de la UE deben diseñar sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima para dar respuesta a la iniciativa "Energía limpia para todos", que es como la Unión Europea va a vehicular los Acuerdos de París. Así que no es de extrañar que el resto de la discusión vaya de eficiencia energética, electricidad, innovación, competitividad y similares sones. Lo mejor es la frase: "Todos los grupos del arco parlamentario y la sociedad civil comparten la necesidad de elaborar esta Ley." Quizá sí hay acuerdo en elaborar una ley, aunque me parece incierto si es esta ley la que se debería elaborar.
Después de esta declaración de intenciones, pasamos a los aspectos técnicos de cómo debe ser la ley, poniendo especial énfasis en la cuantificación de objetivos fijados en ciertos valores arbitrarios, perpetrados probablemente en su despacho oficial por parte de alguien con formación en Económicas a golpe de tabla de Excel. La disquisición final sobre alternativas regulatorias y no regulatorias es de una exquisita futilidad y deja claro que quien domina el planteamiento del texto tiene formación en leyes (y probablemente poca en Física).
El formulario:
Las preguntas se estructuran en 6 bloques. Dejaré en itálica subrayada el título de cada bloque y en itálica el texto original de las preguntas.
1. Cuestiones de carácter general
1.1. ¿Considera adecuado y viable que la Ley regule conjuntamente el cambio climático y la transición energética para cumplir los objetivos que ha asumido España a nivel internacional y europeo?
Que es adecuado es de cajón para cualquier persona medianamente informada, pues el energético es el sector de mayor impacto sobre las emisiones de CO2. Lo de preguntar si es viable es un acto fallido o es de una ingenuidad dolorosa.
1.1.1. En su opinión, ¿Cuál debería ser el objeto de la Ley?
Esta pregunta es un apartado de la anterior, y la palabra "objeto" está marcada en negrita en el original. La pregunta tiene probablemente un sentido jurídico (toda ley debe tener un objeto, que debe ser especificado claramente en su preámbulo), pero tal cuestión es un tanto accesoria para las personas que quieren dar su opinión sobre qué se debe hacer. Más bien, el Ministerio debería elaborar por sí mismo este apartado a partir de las respuestas a preguntas de carácter más general y menos jurídicas. Nuevamente, se evidencia un sesgo por los aspectos jurídicos y un escaso interés por los técnicos (que en el caso de esta consulta deberían ser los más relevantes).
1.2. ¿Considera que la Ley es un instrumento útil para dotar a España de un marco jurídico estable a largo plazo que permita impulsar un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima?
Aquí lo que es curioso, aparte de la nueva insistencia en aspectos jurídicos, es el uso del artículo "la" en "la Ley". Si nos preguntaran si "una Ley es un instrumento útil..." la pregunta tendría cierto sentido, pues básicamente nos preguntarían si creemos que a través de una ley es posible impulsar ese modelo de desarrollo (aunque, alternativamente, si no es a través de una ley, ¿en qué estaríamos pensando? ¿en los mecanismos del libre mercado?). Ahora, como lo que nos preguntan es si "la Ley es un instrumento útil..." debemos entender que se refiere a esta Ley, es decir, esta Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética que ni siquiera está escrita (¿o sí que lo está?), cuyo texto no conocemos en cualquier caso. ¿Cómo se puede responder con sentido a una pregunta semejante?
1.2.1. En su opinión, ¿cuáles deberían ser los principios rectores de la Ley para que ésta asegure un marco jurídico estable a largo plazo?
Esta pregunta es un apartado de la anterior: vemos claramente que hay una obsesión en conseguir un marco jurídico estable a largo plazo, tanto que nos preguntan por ello. Para mí, más que los principios rectores lo que parecería importante es que fuera consensuada por la mayoría de los partidos políticos, pues así se podría evitar (o hacer menos probable) el bochorno y la inseguridad jurídica que genera habitualmente la regulación energética en España. Ya puestos, dada la importancia que se dice que tiene esta ley, se podría plantear hacerla una Ley Orgánica. En todo caso, estas cuestiones jurídicas siguen siendo un tanto extrañas para un proceso de consulta popular.
1.3. ¿Considera que la Ley es un instrumento adecuado para dotar de coherencia a las actuaciones en España de lucha contra el cambio climático y para la transición energética?
Aquí la palabra destacada es coherencia, y para tal cosa imagino que lo que les importa es conseguir un marco legislativo único y evitar la dispersión normativa que suele suceder en España. En fin, sea ése u otro el aspecto que les preocupa, continúa siento un tema jurídico y muy accesorio a lo que debería ser esta consulta.
1.3.1. Enumere los principios rectores que asegurarían la coherencia de las actuaciones en España de lucha contra el cambio climático.
Un matiz del mismo color anterior. La respuesta simple a esta pregunta: que sea una competencia no transferida a las autonomías. Puestos a soñar, y saliéndonos del marco meramente jurídico, que se constituyera un panel internacional de expertos reconocidos que asesorara al Gobierno, con una comisión mixta Gobierno-Panel cuyas decisiones resultasen vinculantes. Por supuesto tal cosa no se le pasa ni por la imaginación a quien pregunta tal cosa.
1.4. Enumere los principios rectores de un modelo energético para lograr una economía baja en carbono.
Ésta es muy buena porque, visto el tono de las preguntas anteriores, es evidente que la pregunta tiene un carácter meramente jurídico; pero, dado lo que pide (lograr una economía baja en carbono), la respuesta es eminentemente técnica. Y para empezar cabe destacar que la pregunta está mal formulada, desde el punto de vista técnico: ¿una economía baja en carbono? ¿cuál economía? Pues existen diferentes modelos de economía (y en realidad de sociedad) asociados a diferentes modelos energéticos, todos ellos bajos en carbono: podría ser una sociedad neofeudal, o ecofascista, o decrecentista, o colapsante, o radicalmente municipalista, o un estado fallido o ecofeminista. Podría ser muchas cosas, pero la que no podría ser nunca es la única que el legislador tiene en mente: un modelo continuista respecto al actual, en el que simplemente se cambia las fuentes de energía fósiles por energías "verdes"; básicamente, lo que se viene llamando capitalismo verde. El capitalismo verde es, justamente, la única cosa que no se puede dar por, entre otras muchas, las razones que daba en el post anterior. Es un error garrafal no darse cuenta de que no se puede separar el modelo económico del político (o de sociedad), pero eso plantea preguntas demasiado incómodas para un legislador que tan sólo quiere abordar este problema tan grave y complejo como si pudiera ser tratado con pequeños apaños legislativos.
1.5. Indique los principios rectores que, a su juicio, deben incluirse en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en lo referente a la transición energética.
Sería interesante saber en qué se diferencia esta pregunta de la anterior.
2. En relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
2.1. ¿Considera que la Ley debe contener objetivos cuantitativos?
2.2. En su opinión, ¿los objetivos de reducción de emisiones deben ser generales, sectoriales, o ambos?
2.3. ¿Deben cubrir los objetivos de reducción de emisiones sólo a los sectores difusos (no incluidos en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión)?
2.4. ¿En qué horizonte temporal deben establecerse los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero? Esta pregunta admite varias respuestas
De manera sibilina aquí nos empujan a hablar con el lenguaje que habitualmente se utiliza para discutir estas cuestiones: que si para conocer la efectividad de las medidas hay que fijar objetivos concretos de emisiones de CO2 porque si no de otro modo no se sabe si se está avanzando, y cuánto; que hay que hacer planteamientos pragmáticos y llegar a valores acordados por todas las partes, siendo flexibles en los calendarios; y demás cuestiones de similar jaez que suelen adornar estas discusiones, y que se repiten en las preguntas de este bloque. Éste es un caso de apropiación de la agenda: se delimita sobre qué aspecto se puede discutir, y se abusa del detalle de ese aspecto hasta la náusea, hasta que se pierde la noción de qué era lo que se pretendía hablar en primer término; peor aún, muchos grupos ecologistas acaban haciendo propios estos términos de discusión como si fueran los únicos posibles, y consideran logros lo que son desplazamientos mínimos en la reducida dimensión en la que les están forzando a moverse, sin comprender que el verdadero problema se enmarca en otras dimensiones que se dejan inexploradas.
Discutir sobre objetivos cuantitativos muy precisos a aplicar a un aspecto muy concreto del problema que debería abordar la ley (las emisiones de CO2, estimadas con unas metodologías con sus propias limitaciones) es una mera distracción, teniendo en cuenta el calado de lo que se trata. No digo que las emisiones de CO2 no sean importantes, pero es que estas emisiones son más el síntoma que la causa del problema, y al centrarse en ese aspecto se le acaba convirtiendo en el fin en sí mismo y se pierde de vista el objetivo real. Peor aún, lleva a perversiones conceptuales, como la de intentar no cambiar nada excepto las emisiones y, rizando ya el rizo, llegar a creer que lo único que hay que hacer es contener las emisiones, como si éstas fueran independientes del sistema económico.
Toda la elaboradísima discusión actual sobre objetivos de emisiones, con sus porcentajes sectoriales y por países, cuotas y derechos de emisión, etc, es demostrablemente ineficaz, a pesar de que se pretenda lo contrario. Es una negociación pro-BAU, que parte de una concepción evolutiva de las medidas a adoptar para conseguir la transición. No sólo es inaceptable, sino que es completamente inútil, como muestran los años transcurridos desde el Protocolo de Kyoto y que las emisiones mundiales sigan creciendo, por más que los proponentes de estos mecanismos vayan buscando excusas para justificar su inutilidad en el mundo real. El fracaso de este enfoque se debe a que no se va a la raíz del problema. A estas alturas, sabemos de sobra que nuestro ritmo de emisiones de CO2 es tan alto que simplemente manteniéndolo unas pocas décadas más garantizamos un cambio climático de grandes proporciones y que pondría en peligro nuestro continuidad en el planeta. No es ya tiempo para negociar cuánto vamos a reducirlas y a qué ritmo, no; es tiempo para tirar a fondo de la palanca de freno y rezar para que el tren se pare antes del abismo. En vez de eso, seguimos jugando con las casillas de ficheros Excel absurdos mientras nada cambia en lo esencial, y la razón es porque no se quiere poner en peligro el crecimiento económico (a veces eufemísticamente referido como "competitividad"). Es hora de aceptar la verdad y comprender que no podrá seguir creciendo la economía sin un crecimiento del consumo de energía (como explica Gaël Giraud). Tanto es así que el estancamiento actual (los dos últimos años) de las emisiones de CO2, el cual se alaba como si fuera fruto de alguna política de contención de emisiones, probablemente se debe más que a nada al ligero retroceso del PIB global expresado en términos nominales, como mostraba Gail Tverberg en su último (y muy recomendable post):
Mientras no se comprenda que hace falta una reforma radical e inmediata de la economía para hacer frente al problema del cambio climático, el resultado será simplemente un proceso de autoengaño sin que las emisiones se reduzcan. De hecho, parece mucho más probable que las emisiones se reduzcan debido a la grave crisis económica que se acerca (y en la que probablemente intervendrá el futuro shock petrolero) que no a ninguna de las políticas que se dicen estar implementando.
Por resumir, las preguntas que se plantean en este bloque del cuestionario para la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética son tan poco apropiadas como si al abordar un tratamiento de cáncer nos preguntaran si preferimos el helado de fresa o el de chocolate.
3. En relación a adaptación
Éste es uno de los dos bloques que tiene una frase introductoria, como sigue:
Existe un consenso generalizado sobre que la futura Ley debe dar respuesta al reto de gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima en España, facilitando la adaptación de nuestro país al cambio climático.
Consenso más que posible, aunque no sabemos de dónde se lo sacan. Vayamos a las preguntas de este bloque:
3.1. ¿Cuáles son los elementos esenciales en materia de adaptación que deberían ser introducidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? Enumere los elementos.
Una de las pocas preguntas que, por su formulación, sería susceptible de permitir introducir alguna cuestión técnica relevante. Fíjense que este bloque no se llama "prevención" (evitar el cambio climático) ni "mitigación" (hacer que su efecto sea menor), sino "adaptación", es decir, no vamos a poder evitarlo y ni siquiera podremos controlar su intensidad, así que veamos cómo nos podemos adaptar lo mejor posible a él. Como alguna vez he comentado, esa evolución del lenguaje político en las últimas dos décadas, muy perceptible por ejemplo en los documentos de la Comisión Europea, es una aceptación implícita del fracaso de todas las políticas puestas en práctica hasta ahora.
La respuesta a esta pregunta podría ser extraordinariamente extensa; se podría plantear cambios en temas urbanísticos (adaptación de la línea de costa, obligación de construir a cierta elevación con respecto al nivel del mar, análisis de escorrentías), edificación (refrigeración pasiva, materiales a usar), subvenciones e indemnizaciones (a la adaptación de viviendas y negocios, a la reparación de daños considerados causados por el cambio climático), agrícolas (uso del agua en zonas hídricamente estresadas, cultivos prohibidos o obligatorios), sanitarios (establecimiento de protocolos de alerta temprana por la propagación de enfermedades tropicales hasta ahora ausentes en estas latitudes, cambios en las cartillas vacunales), laborales (regulación de las actividades al aire libre y temperaturas de confort) y así un larguísimo etcétera. Ahí tienen su cajetín: rellénenlo. Lástima que sea tan pequeño.
3.2. ¿Cómo podría la Ley facilitar información, herramientas y capacitación, para incorporar la adaptación a la toma de decisiones?
Por si nos habíamos equivocado al leer la pregunta anterior, aquí ya nos van diciendo por dónde deben ir nuestras reflexiones. Estamos pensando sobre todo en formación y en "herramientas" (seguramente, competencias a las diversas administraciones). ¿Y qué nos preguntan?: "Cómo facilitar todo eso desde la Ley". No acaba de ser una cuestión meramente de técnica jurídica, como las primeras, pero poco le falta. En realidad, lo lógico es preguntar qué es lo que se necesita, y después que sean los juristas los que busquen la manera de articular esas necesidades, porque incluso lo que se proponga de buena fe no tiene por qué ser necesariamente jurídicamente correcto.
3.3. ¿Qué mecanismos podría contemplar la Ley para asegurar un adecuado seguimiento de los impactos derivados del cambio climático y los efectos de las medidas de adaptación?
Heredando el vicio de la cuantificación de las emisiones de CO2, se nos está pidiendo que demos herramientas para el seguimiento. Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno complejo con multitud de ramificaciones y algunos de sus efectos son imposibles de anticipar ahora mismo. Lo que se quiere es que se hayan definido unos objetivos cuantificables de la ley para ver después si los mecanismos previstos habrán sido eficaces desde el punto de vista de la adaptación o no (básicamente, auditar la eficacia de la ley). Lo que en general es una buena idea, aquí no será demasiado útil debido a la gravedad de lo que se plantea, excepto para aquéllos que buscan colgarse una medalla y decir: "mira, como muestra nuestra auditoría sin nuestras medidas de adaptación las pérdidas hubieran sido X millones de euros mayores". Todo muy útil y muy con los pies en la tierra.
4. Cuestiones relacionadas con el impacto económico, social y medioambiental.
4.1. ¿De qué forma considera que hay que compatibilizar los objetivos medioambientales con los objetivos de competitividad, crecimiento económico y empleo?
Esta pregunta se contesta sola: de ninguna manera. Por supuesto tamaña herejía no cabe, y de nuevo vemos que lo único que se persigue es una vía para poder continuar con el BAU.
4.2. ¿Considera necesario que la ley consigne la realización de un análisis coste-beneficio en términos económicos, sociales y medioambientales de las distintas alternativas regulatorias para atender a los objetivos marcados en materia de energía y clima?
Aquí la respuesta vuelve a ser no, pero no por la idea en sí - que es correcta - sino porque los criterios de coste y beneficio en los que obviamente se están pensando no son los que se deberían considerar. También, para abordar las diversas interrelaciones entre esas variables y de una manera más objetiva y con una herramienta más realista que una hoja de Excel es para lo que empezó el proyecto MEDEAS y otros similares.
4.3. ¿Considera útil que se analicen en particular los efectos económicos y sociales relacionados con el impacto en los precios de la energía que supondría cada una de las alternativas para el cumplimiento de los objetivos fijados en la ley?
Y la respuesta vuelve a ser no. Tenemos ya sobrada experiencia de que los "mecanismos de mercado" (regulación vía precios), y resulta bastante obvio que es en eso (y probablemente sólo en eso) que se están fijando. Demuestran, una vez más, que sólo creen en esos mecanismos para abordar un problema tan grave y tan serio como el cambio climático y la transición energética.
5. Cuestiones de carácter transversal:
5.1. En relación a la revisión del cumplimiento
5.1.1. ¿Debería contener la Ley mecanismos de revisión? ¿Con qué periodicidad?
Obviamente sí, y la periodicidad debería ser frecuente, por ejemplo anual. Lo que obviamente no se contempla es revisar la propia ley, es decir, cambiarla para adaptarse a un problema que tendrá un aspecto cambiante y al que además, mientras sobreviva, el BAU intentará trampear para seguir a lo suyo. Revisar y actualizar la ley es quizá lo que más se necesitaría.
5.2. En relación a las herramientas
5.2.1. ¿Qué herramientas debe tener la Ley para cumplir con los objetivos que se fijen?
5.2.2. En su opinión, ¿Es necesario incluir herramientas de carácter sectorial en la Ley?
5.2.3. ¿Qué papel ejemplarizante debe desempeñar la Administración?
Una vez más vemos un exceso de detalle en cuestiones nimias y una falta de profundidad en las cuestiones clave. ¿Qué herramientas? Fácil: prohibición y sanciones draconianas. ¿Se puede hacer eso? A día de hoy no. ¿Herramientas de carácter sectorial? Cada sector tiene su idiosincrasia, pero en general todos se basan en un mismo sistema apoyado por los combustibles fósiles, y que sin él se caerían. Sectorializar impide ver las interdependencias y facilita "escurrir el bulto", aunque favorece que haya un ejército de burócratas revisando detalles insignificantes mientras ignoran el elefante en la habitación. ¿La Administración? Ha de dar ejemplo, claro, siempre, pero no le quedará más remedio, en realidad.
5.3. En relación a la arquitectura institucional y participación pública
5.3.1. ¿Qué órganos y disposiciones en materia de coordinación y participación pública debería contemplar la Ley para alcanzar sus objetivos de una manera eficiente?
Teniendo en cuenta que no tienen claro lo que tenemos que hacer, todo eso resulta una discusión completamente inane.
6. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
Éste es el otro bloque que tiene una frase introductoria, bastante inquietante por cierto:
En caso de no poder contar con un instrumento como una Ley que permita afrontar el reto que supone llevar a cabo una transformación ordenada de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al clima,
Y aquí viene la pregunta:
6.1 ¿Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no regulatorias, cree que serían necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos en materia de cambio climático y transición energética?
No estoy muy seguro de entender lo que se pretende con este bloque, pero parecería desprenderse de la primera frase que contemplan como una posibilidad muy real que la Ley finalmente no sea aprobada. La pregunta es: ¿y por qué creen eso? ¿Y para qué se estarían preparando en ese caso? La verdad es que la inclusión de esta discusión aquí me parece completamente extemporánea, o quizá no, pues podría ser que quisieran ganar tiempo sabiendo que habrá un rechazo de la Ley. Sea como fuere, es bastante sorprendente que el cuestionario concluya con esta pregunta.
Conclusiones:
En principio, la iniciativa del Ministerio de Energía (y todo lo demás) de abrir una página web para la consulta pública de qué cosas deberían incluirse en la futura Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética es algo positivo. Sin embargo, falta muchísima información de qué es lo que se pretende con ese formulario. Para empezar, no se dice en ningún lado a quién va dirigido, si a empresas del sector, profesionales, académicos y/o al público general, y eso es importante. Tampoco se dice qué se pretende hacer con la información que compilen de esos formularios: no sabemos si la ignorarán por completo o si aprovecharán algo de su contenido. El formulario en sí tiene un perfil excesivamente jurídico y da un marco muy cerrado de discusión, dando por sentado que las únicas cuestiones a considerar en este asunto tan capital son las que dejan abiertas, cuando el problema es mucho más amplio y la evidencia se acumula de que son justamente todos los aspectos ignorados los que tienen más peso (y fundamentalmente entre ellos el cambio del sistema económico, pues como ya comentamos un modelo de generación de energía 100% renovable es probablemente incompatible con un modelo económico basado en el crecimiento).
Abrir a la participación ciudadana cuestiones clave es algo positivo, pero no puede hacerse de cualquier manera. No se puede ofrecer un formulario tan cerrado, sin contexto ni perspectiva, que a la mayoría de las personas le parecerá tan áspero y alejado de ellas que dejarán de hacer aportaciones que podrían ser útiles. Parece que en el Ministerio están preocupados solamente en los aspectos de la técnica jurídica de la redacción de la ley y no se dan cuenta de que antes hay que discutir los hechos físicos básicos sobre los que se fundamenta el problema y las soluciones que se han de aportar. Un cuestionario como el actual invita a la desbandada y a la no participación, aunque tengo por seguro que el Gobierno publicitará después que para la elaboración de esta Ley se ha contado con mecanismos adecuados de participación ciudadana.
Resulta además chocante que en la discusión de un problema que lleva siendo analizado desde las Ciencias Naturales desde hace tiempo no se esté dejando prácticamente resquicio para la discusión de los hechos clave, ni siquiera para intentar proponer soluciones con base científica. En ese sentido, se echa mucho en falta la presencia en el proceso de participación ciudadana y en el de la elaboración de la Ley de un comité científico que pudiera asesorar con mejor criterio que el que se está demostrando con formularios tan cerrados, tan centrados en cuestiones de derecho y con tal desprecio a la realidad física que dicen querer gestionar. El asesoramiento científico es, para una ley de estas características, absolutamente imprescindible, pues los hechos sobre los que se trata no son materia de opinión, sino de discusión científica. La Ciencia, por definición, no es una práctica democrática sino aristocrática: el criterio que se impone (o se debería imponer) es el de la verdad objetivable, verdad que no nace ni puede nacer de la votación de opiniones más populares (¿o vamos a someter a votación si dos más dos son cuatro? ¿O si tenemos genes - no olvidemos que más de la mitad de los españoles cree que no tiene genes- ?).
Todo el planteamiento de este formulario es una farsa. Como ya dije de buen principio, yo no tengo nada a aportar.
Y mientras seguimos ensoñándonos en cuestiones sin substancia, la realidad se impone con golpes de crueldad. Hoy le ha tocado a la ciudad donde trabajo, Barcelona.
Salu2,
AMT
Queridos lectores,
Cada vez que discuto sobre el problema de la crisis energética con especialistas del sector de las renovables, me encuentro, siempre, con los mismos planteamientos y con la misma discusión. Suele comenzar mi interlocutor, quien me comenta de los avances que se están haciendo en tal o cual tecnología para el mejor aprovechamiento renovable o para incrementar su penetración en la generación eléctrica. A esto vuelvo yo recordando que la electricidad representa poco más del 20% de la energía final consumida en un país avanzado como España, y que el 70 y muchos por ciento no eléctrico no es fácil de electrificar, y que se requiere mucho esfuerzo y planificación para llevar tal tarea a cabo, sabiendo que ciertos usos de la energía probablemente nunca se electrificarán. En añadidura, hacer toda esa transformación en el contexto que supone el desafío del peak oil, momento probablemente ya superado, en conjunción con los probablemente ya pasados picos del carbón y del uranio, y el no demasiado lejano pico del gas, implica que en relativamente poco tiempo vamos a necesitar mucha energía que ya no tendremos. Y que quizá el foco se debería poner en ver cómo se tienen que diseñar los escenarios para que la transición renovable sea estable, pues sin planificación podríamos acabar siguiendo un callejón sin salida (como los primeros resultados del proyecto MEDEAS parecen indicar - serán presentados el próximo septiembre, por cierto). En
ese momento, mi interlocutor suele responder que todo lo que sea ir
incrementando el potencial de generación renovable nos hace avanzar en
la necesaria transición energética. Esa respuesta (la de que ir añadiendo sistemas de generación renovable es siempre avanzar en la buena dirección) demuestra, entre otras cosas, que mi interlocutor no ha entendido lo que le acabo de decir. Pues justamente uno de los problemas que tenemos es que, para que la transición renovable llegue a buen puerto y no nos conduzca más rápidamente al colapso, se requiere un alto grado de planificación.
Que la transición renovable, para que sea efectiva, requiere un alto grado de planificación, es algo que choca con las expectativas de la mayoría de los expertos, y no hablo aquí sólo de los despistados de los que me suelo mofar. Incluso a aquellos expertos con posiciones más aperturistas, que comprenden que lo que llamamos (sin serlo) libre mercado no lo puede regular todo, les resulta incomprensible que se tenga que tomar una medida tan drástica como inhibir la autoregulación y marcar férreamente desde una autoridad central qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Sin embargo, tenemos ya muchos indicios de que tal planificación es absolutamente necesaria. Por ejemplo, en el trabajo que publicamos en 2012 (en el que asumíamos muchas simplificaciones pero como mínimo introducíamos planteamientos realistas sobre la capacidad tecnológica de los sistemas a utilizar y sobre el uso de materiales requeridos) llegábamos a la conclusión de que la meta del 100% renovable podría ser alcanzada pero 1) se tenía que implantar, a escala mundial, una economía de guerra inmediatamente y durante los siguientes 30 años; 2) se necesitaría un grado de cooperación internacional a una escala nunca vista; y 3) una vez llegado al 100% renovable se tendría que abandonar para siempre el objetivo del crecimiento, pues el abastecimiento energético ya no podría crecer sobre el nivel conseguido, y todo lo más que se podría hacer sería repartir lo que hubiese.
Existe entre los especialistas una gran (y alarmante) disparidad de opiniones sobre el potencial renovable y muchas discrepancias en cómo se podría construir un mix 100% renovable a escala global - conviene aclarar primero que por tal cosa queremos decir uno
capaz de producir una cantidad de energía que mantuviera una parte
substancial de la actual sociedad industrial; obviamente, si
colapsaramos por completo las sociedades humanas sobrevivientes serían
100% renovables a la fuerza, pero lógicamente a un nivel energético
muchísimo menor que el actual. Y las diferencias de opinión son tan grandes que algunos expertos afirman que se podría mantener el objetivo del crecimiento durante muchas décadas aún, mientras que otros indican que es imposible de conseguir el 100% renovable, si lo que se pretende es mantener el nivel de consumo similar al actual. Pero, a pesar de esas diferencias, los estudios medianamente serios suelen llegar a una conclusión no demasiado diferente de la de nuestro trabajo de 2012, es decir, que es necesario tomar medidas muy drásticas de planificación en el uso de recursos y en las políticas energéticas e industriales para poder conseguir el objetivo 100% renovable, y que tales políticas tendrían que ser vigentes durante muchos años. En algunos casos, análogamente a nuestras conclusiones, se explicita la imposibilidad de seguir creciendo; en todos ellos, queda claro que hay que poner coto a los sistemas de libre mercado e imponer una planificación obligatoria a escala mundial.
Éste es uno de los grandes problemas de la transición a un modelo de producción de energía 100% renovable (se sobreentiende siempre, manteniendo la sociedad industrial). Y es que, con esos planteamientos, el mix energético 100% renovable es incompatible con la economía de mercado. El problema es muy profundo, pues no afecta solamente a la producción y distribución de energía: dentro de un paradigma capitalista se podría llegar a aceptar que la energía fuera un servicio nacionalizado, con tal de que se permitiera que el resto de actividades fuera completamente liberalizado; sin embargo, dado que la energía es la precursora de la actividad económica (la energía es la capacidad de hacer trabajo, y porque somos grandes consumidores de energía podemos incrementar enormemente el PIB - recordemos que el incremento de consumo de energía es responsable del 60% del incremento del PIB), si uno limita el uso de la energía (y la planificación energética no se limita a la producción, sino que abarca también quién usa y cómo usa la energía) toda la actividad económica acaba sometida a planificación.
Éste es el gran problema de la transición energética. No es sólo que se consiga una rentabilidad a la altura de las expectativas de los inversores, sino que, en cuanto se habla de un cambio radical y a gran escala de la matriz energética, se hace necesario cambiar todo el sistema productivo y, por ende, el sistema económico. Yendo más lejos aún, no queda más remedio que abandonar dos pilares del capitalismo: la liberalización económica de los sectores productivos y el crecimiento perpetuo. Debido a eso, es completamente natural que los grandes capitalistas sientan una profunda aversión por la transición energética, a la que ven como poco menos que un neocomunismo disfrazado de ecologismo (aunque, como ya vimos, el comunismo tiene el mismo problema de insostenibilidad energética que el capitalismo). No deja de ser curioso que la bastante manifiesta aversión de los máximos exponentes del capitalismo a la transición renovable sea interpretada por los grupos pro transición como un miedo a la posibilidad de "democratizar el acceso a la energía", ya que -interpretan estos grupos- la producción de energía renovable sería de manera natural descentralizada (o sea, que cada hijo de vecino podría "producir su propia energía", como suelen decir). Dejando al margen si los sistemas renovables podrían producir tanta energía como se piensan (cosa en sí misma discutible, habida cuenta de los límites de los sistemas renovables), resulta obvio que la liberalización real y absoluta de la producción de energía no es realmente lo que preocupa a los capitalistas, como tristemente muestra el caso de España (pues si es preciso se usa el poder político, completamente cooptado por el económico, para introducir barreras de acceso al mercado al productor minorista).
En realidad, el problema de los sistemas renovables, además de sus límites, es que la producción de energía de origen renovable (dejando de lado la hidráulica) tiene una baja densidad energética y baja exergía. En todas las transiciones energéticas que ha vivido la Humanidad desde el principio de la Primera Revolución Industrial, siempre se ha pasado de fuentes de energía menos densas energéticamente a otras más densas energéticamente, y además las fuentes antiguas no eran abandonadas, sino que todo se iba acumulando. En este caso, se requiere no sólo sustituir una energía densa y versátil, como la que nos proporcionan los combustibles fósiles, por una menos densa y menos versátil, y encima al tiempo ir eliminando el uso de los combustibles fósiles por la doble necesidad de su producción decreciente y por la lucha contra el cambio climático. Como digo, la restricción es doble: por un lado, es necesario reducir nuestras emisiones de CO2 a un ritmo muy rápido para evitar desestabilizar aún más el clima de nuestro planeta; pero, por el otro, aún cuando quisiéramos alargar la época de los combustibles fósiles todo lo posible, el progresivo y termodinámicamente inevitable descenso de la producción de energía fósil minará la viabilidad de nuestro sistema económico, condenándonos a una crisis que no acabará nunca. Bajo tales restricciones, nuestro sistema económico está tocado de muerte y es inevitable buscar un sistema de planificación energética y económica, como comentábamos más arriba, pero no por cuestiones ideológicas, sino meramente lógicas. Parafraseando a Bill Clinton, podríamos decir: ¡Es la Termodinámica, estúpido! Sin embargo, la mayoría de los grupos ecologistas y concienciados con el medio ambiente insisten en las vías evolutivas y posibilistas, como el ejemplo que explicaba al principio de este post. Estas personas creen de buena fe que el ir incorporando sistemas renovables va contribuyendo, aunque sea poco a poco, a disminuir las emisiones de CO2 y nos lleva por la buena dirección. Una buena dirección sobre la que siempre he dudado, y que por las razones expuestas en este post es más bien un malgasto de recursos, puesto que con ella no se consigue una disminución del consumo de combustibles fósiles y no se va a la raíz del problema. En suma, alentar las vías evolutivas dentro del mecanismo de un (presunto) libre mercado no es más que una distracción inútil, cuando lo que ya es inaplazable es un cambio del sistema económico y productivo. Sin embargo, todos somos conscientes de que
el discurso de la mayoría de las organizaciones pro transición energética sigue
encerrado en el posibilismo de una evolución del sistema, en vez de
plantear abiertamente una revolución del sistema.
Por supuesto mi posición no sólo es minoritaria, sino también bastante impopular. Por todo ello, viendo la falta de avances reales hacia una transición energética que merezca tal nombre mientras que en la prensa se jalean como si fueran grandes logros cambios verdaderamente anecdóticos, y viendo cómo proliferan los análisis que anuncian décadas de precios bajos del petróleo cuando claramente nos dirigimos hacia una caída abrupta de la producción que generará un nuevo shock de precios (que la Agencia Internacional de la Energía espera para antes del final del 2018), lamentablemente sólo puedo ser pesimista en lo que a nuestro futuro inmediato se refiere. Tal y como lo veo, un cierto grado de colapso es ya inevitable, porque sólo cuando haya graves disfuncionalidades a gran escala se comprenderá que hace falta algo más que un cambio cosmético y posibilista. Es una manera necia de obrar, pues para cuando los problemas tengan tal magnitud tendremos menos recursos y menos margen de maniobra para actuar de manera eficiente, pero aún quiero creer que en ese momento podremos implementar los cambios que todos necesitamos y que a todos nos benefician.
Salu2,
AMT
