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| Evolución del presupuesto de los diferentes Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles |
Queridos lectores,
Me había propuesto no volver a escribir sobre la situación de la institución que me acoge, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hasta que no se produjera un trastorno mayor en mi entorno inmediato (porque curiosamente la gente suele poner más interés y darle más credibilidad a las historias de proximidad, de escala humana, que no a las de escala colectiva, a pesar de que las últimas afectan a más gente). Además, no quería enredarme en la descripción pormenorizada de la degradación día a día del CSIC en general y de mi instituto en particular, porque en medio del hundimiento generalizado de toda la sociedad, con especial afección en servicios más importantes para el día a día de la ciudadanía, la historia particular del CSIC y de la investigación española es poco relevante. Sin embargo, durante la última semana se han sucedido una serie de noticias muy negativas acerca del CSIC y mucha gente me pregunta qué está pasando, intuyendo que algo gordo se avecina. Y sí, efectivamente se avecinan cambios profundos en la institución de investigación de referencia en España, los cuales obviamente son a peor, a mucho peor. A mayor abundamiento, el tratamiento informativo de estos eventos muestra una cierta intencionalidad, un sesgo en la presentación de los problemas que predispone a que se vea como natural una cierta solución. Y como probablemente en fechas no muy lejanas querré escribir, entonces sí, sobre mi colapso profesional personal, he creído oportuno escribir estas líneas para que ahora se entienda mejor qué está pasando y después por qué pasará lo que pasará. Este post, sin embargo, no es de interés general, sino sólo para aquéllos que quieran saber qué está pasando en el CSIC - si no es su caso, ¡deje de leer ahora y ahorre energía!
La gráfica que abre el post es un gráfico extraído del informe que la COSCE ha elaborado para explicar la evolución de la inversión en I+D+i en España. El gráfico en cuestión muestra cómo ha ido variando el presupuesto de los diversos Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles, comenzando por el más importante de ellos, el CSIC. El CSIC tiene 129 institutos y centros mixtos, con una nómina de más de 14.000 trabajadores (de los cuales unos 4.600 son científicos de plantilla, funcionarios, todos ellos doctores: yo soy uno de ellos). Las dos curvas de arriba corresponden al presupuesto del CSIC; la más elevada corresponde al presupuesto total, que incluye tanto la aportación del Estado como el dinero que consigue mediante proyectos ganados en concursos públicos y contratos con empresas, y sus propios remanentes de tesorería. La cantidad de dinero que el CSIC consigue como recursos propios no es nada desdeñable: supera largamente los 100 millones de euros todos los años, y en ocasiones los 200. El hecho de que desde 2009 se cuenten también estos recursos propios como parte del presupuesto de ingresos tiene que ver con que desde ese año el CSIC tiene la categoría de Agencia Estatal, de acuerdo con la nueva Ley de Agencias. Esta nueva categoría causa no pocos problemas, porque desde el Ministerio de Hacienda preocupa la autonomía de gasto que otorgaría al CSIC el hecho de ser Agencia, y según parece es por ese motivo que hasta ahora no ha habido manera de que se firme el Contrato de Gestión (obligatorio según la ley, pero en España a un cierto nivel las leyes no están para cumplirlas), mecanismo a través del cual el CSIC debería percibir los ingresos establecidos desde el erario público. Al carecer de este Contrato de Gestión, es el Ministerio de Hacienda el que decide cuándo y cuánto va transfiriendo al CSIC a lo largo del año, y en ocasiones sus pagos pueden haberse retardado (se apuntaba a que esa falta de pagos, del Ministerio y de otros organismos deudores, causó los problemas de liquidez que comenzaron en Julio y que en realidad nunca se han resuelto completamente desde entonces).
De la evolución de las curvas queda claro que el Peak CSIC fue el año 2008, y que desde entonces se nos está reduciendo el presupuesto (de 2009 a 2012, un 30%, y para el año que viene se nos aplicará una reducción de otro 10% respecto al presupuesto de este año). La evolución de los otros OPIs es igual o peor. Queda claro, por tanto, que tanto para el anterior Gobierno como para éste la investigación no es una prioridad, y que tan pronto como empezaron las dificultades económicas se produce una rápida desinversión en múltiples capítulos de I+D+i a nivel estatal, y en particular en sus organismos propios de investigación. El problema es que cuando tú tienes una infraestructura (edificios, laboratorios, personal contratado) adecuada para un nivel de presupuesto y en tres años te lo reducen en un 30% es imposible adaptarse. Y, consecuentemente, no nos hemos podido adaptar. Contrariamente a lo que se va diciendo o dejando entender en múltiples medios de comunicación, el CSIC es un organismo bastante competente a pesar de sus múltiples ineficiencias y su exceso de burocratización, y si se ha podido sobrevivir hasta ahora ha sido gracias a los remanentes (dinero que ha sobrado o que se ha ganado con proyectos y con contratos). Es decir, como el CSIC tenía beneficios de años anteriores ha podido tirar de ellos para mantenerse a flote. En condiciones normales el CSIC hubiera utilizado este dinero para financiar nuevas infraestructuras o remodelar las antiguas, o para convocar programas propios de contratación (como los contratos y becas del programa JAE). Lo malo es que el descenso de financiación pública al CSIC le ha pillado con el paso cambiado, puesto que al ser ahora una Agencia tiene que definir planes estratégicos de duración cuatrianual, en los que se establecen qué dotaciones de infraestructuras y plazas se acometerán, aparte de definir las líneas de investigación, y el CSIC se ha visto atrapado en el cumplimiento de sus obligaciones del vigente plan 2010-2013. Además, como la política científica de este país no se ejecuta con ninguna visión a largo plazo el CSIC nunca puede saber un año si hay la intención de ampliar o reducir su presupuesto el año siguiente, y en ese caso de cuánto, así que es muy complicado adaptarse a lo que pueda venir. Claro que, tal y como yo lo veo, la apuesta más segura sería apostar por un decenso permanente a partir de ahora.
Ésta es, en esencia, la situación del CSIC: se le está dando cada vez menos dinero y ahora la despensa de los remanentes está prácticamente agotada, en tanto que aún no se han tomado medidas drásticas como elminar centros y líneas de investigación, y despedir gente (cosa a la que el actual Presidente se opone con todas sus fuerzas), entre otras cosas porque nadie es capaz de decirnos qué se espera de nosotros a un horizonte más allá de unos meses (y ni creo que lo sepan). Atacar al sistema de ciencia tiene mala prensa en España, así que parece que se ha optado por dejar pudrirse el problema y cuando las cosas explotan (no por casualidad, sino por ese estangulamiento económico decidido por los sucesivos Gobiernos) acusar al organismo de ineficiencia y corrupción.
Ésta parece ser la intencionalidad de la filtración a los medios del informe encargado por el Presidente del CSIC a los técnicos del Ministerio de Economía. El informe en cuestión contiene un montón de despropósitos, fruto de un profundo desconocimiento de qué es el CSIC y de cómo funciona. Si los técnicos del Ministerio se hubieran tomado la molestia de discutir con los servicios económicos del CSIC se podrían haber corregido esos errores, y yo supongo que así se habría hecho y posiblemente se hará, pero alguien -no se sabe quién- ha filtrado a la prensa el informe preliminar para alimentar un clima interesado de crisis en torno al CSIC. Así, el diario El País plantea que el CSIC necesita un rescate del Gobierno por valor de 100 millones de euros, mientras que la información en el diario ABC es todavía más contundente y sesgada, acusando a la institución de corrupción y mala gestión.
Dentro de las muchas inexactitudes del informe nos encontramos con la falsa afirmación de que el CSIC es un órgano lleno de personal administrativo. Es exactamente lo contrario. Por ejemplo, en mi centro hay 8 administrativos y 340 científicos y personal técnico; la proporción es similar en la mayoría del CSIC. Sucede que hace poco ha terminado un proceso de consolidación de las plazas que fueron creadas en aplicación de la Ley Caldera, y gracias a este proceso 400 personas más forman parte ahora del personal funcionario del CSIC. Esta situación la generó el propio Gobierno de Zapatero cuando promulgó la mencionada ley, según la cual cualquier persona que fuera repetidamente contratada con contratos eventuales para ejercer las mismas funciones tenía derecho a que su contrato fuese considerado indefinido; lo que no calculó en su momento ese Gobierno es que la norma se podría aplicar a la propia administración, donde tan anómala situación es moneda común. En particular, tal tipo de cosas pasa habitualmente en el CSIC, ya que la dotación de personal técnico es insuficiente y así se contrata una y otra vez las mismas personas para hacer el mismo trabajo, pagándoselas con dinero de proyectos. Se ha de entender que estos contratos salen a concurso público, pero dado lo específico de los conocimientos requeridos muy pocas personas se ajustan al perfil de cada plaza concreta y por ello suelen recaer cada vez en la misma persona que ya lo había desempeñado. Ésta es la realidad del trabajo en una institución de investigación, que la estructura administrativa del Estado no puede comprender, y por ello cuando 400 personas denunciaron al CSIC en aplicación estricta de la ley Caldera se produjo escándalo y alarma. En vez de reconocer que la investigación en España tiene un déficit estructural de soporte técnico indispensable para llevarla a cabo, este problema ha llevado a la demonización del CSIC y ahora, rizando el rizo, se pretende hacer ver a la sociedad que esas 400 plazas son de perfil administrativo cuando, en realidad, son de técnico de laboratorio en más de un 90% de los casos. Como respuesta este problema ahora la contratación está centralizada en Madrid, donde se vigila que no se repitan tareas en las definiciones de los contratos - para evitar consolidaciones de los derechos laborales- aunque en realidad el trabajo que se va a hacer sea el mismo, lo cual nos obliga a estrujarnos las meninges para definir el perfil de las plazas -tarea que recae sobre el investigador- y asegurarnos de que no nos rechazan el perfil por repetición y al tiempo que contrataremos a alguien que sea válido para el trabajo realmente a hacer. Encaje de bolillos.
En el mismo informe se acusa al CSIC de mala gestión y despilfarro. Estoy seguro de que tales malas prácticas han tenido lugar en el Consejo, y hay seguramente algunos ejemplos muy notorios; pero, de nuevo, no es norma y es un nuevo caso de señalar la Luna y mirar el dedo. Y luego se hace una exhortación al CSIC a vivir más de recursos propios y menos de subvenciones estatales. Tal afirmación no resiste el más mínimo análisis. Las normas fijadas para el CSIC implican que la institución sólo puede destinar alrededor del 20% de los ingresos obtenidos por vía de contratos y proyectos para su propia financiación, el 80% restante estando destinado a la ejecución del proyecto o contrato en sí (e.g., trabajo de campo, toma de muestras, análisis de laboratorio, etc) y así se estipula en los contratos. Si el CSIC tuviera que financiarse plenamente con dinero de projectos europeos y contratos con empresas, sus aproximadamente 700 millones de necesidad estructural implicarían 3.500 millones captados en proyectos europeos y contratos al año, es decir, el 0,35% del PIB para una empresa con 14.000 empleados. Es decir, con menos de 4 millones de empleados (16% de la población activa) en organismos como el CSIC se podría producir el 100% del PIB de España directamente, y eso sin contar con el impacto indirecto. Pues ésta es otra cuestión que los técnicos del informe parecen desconocer, y que no es tan fácil evaluar. Por ejemplo en mi grupo (no de mi propiedad, sino en el que yo soy un trabajador más) hemos recibido vía subvenciones del Estado español unos 4 millones de euros durante los últimos años. Más del 98% ha sido a través de proyectos del Plan Nacional de I+D, los cuales hemos ganado compitiendo con otros grupos, y sólo el 2% habrá provenido de la parte alícuota de la subvención directa del Estado. Con esos 4 millones hemos hecho posible que un conglomerado de pequeñas, medianas y grandes empresas españolas hayan podido sacar adelante la ejecución y operaciones del satélite SMOS de la Agencia Espacial Europa (ESA), por el que han facturado al menos 60 millones de euros. Entiendan bien la frase: sin nosotros, que hemos sido el grupo experto de apoyo que ha hecho la mayor parte del desarrollo tecnológico y científico, estas empresas nunca hubieran podido sacar esos contratos adelante (y de hecho nuestra cooperación con ellos ha sido siempre intensa, desmintiendo el otro mito de la falta de retorno industrial de la ciencia española). Por tanto, hemos generado un retorno indirecto sobre la industria española de 15 a 1 respecto a los fondos que hemos recibido nosotros (todo lo cual, por cierto, ya no será posible con la decisión del Reino de España de reducir al mínimo su aportación a los fondos de la ESA y la penalización que eso supondrá para la industria aeroespacial española, que como los mejores formados tendrá también que emigrar). Podría parecer que mi grupo es algo excepcional y en cierto sentido lo es, pero sé que el retorno de la mayoría de los grupos del CSIC no está lejos de ese 15 a 1 y en muchos casos lo supera. Añádase a eso que la empresa española no invierte demasiado en I+D+i y que en el fondo externaliza ese función en los OPIs y las Universidades, y se entenderá mejor el despropósito de esta parte del informe.
Todo el cuadro macroeconómico del CSIC ha llevado a su Presidente a anunciar una toma de medidas drásticas de reducción del gasto, siempre intentando evitar el despido masivo de personal. Pero con el recorte adicional del 10% de presupuesto para 2013, a pesar de las anunciadas medidas de austeridad presupuestaria, aún quedará un déficit de 100 millones de euros durante 2013, que tendrá que añadirse a la deuda ya consolidada de 140 millones que quedará este año. Para acabar de agravar la situación, el informe filtrado pone de manifiesto y denuncia que el CSIC está pagando actualmente gastos corrientes con dinero de proyectos. Es decir, no sólo dedica el 20% del dinero que recibe y al que tiene derecho para pagar sus gastos como comentaba antes, sino que está echando mano del otro 80%, lo cual es ilegal. Al transcender este hecho por su publicación en prensa, el CSIC se verá obligado a dar explicaciones delante de sus contratistas y de la Unión Europea, lo cual puede suponer que si al final no justificamos correctamente el uso del dinero nos excluyan definitivamente y entonces nuestros ingresos propios caigan en picado. Lo cual servirá para denigrar aún más mi institución, me imagino que con acusaciones de ineptitud de la institución y de sus investigadores.
De manera práctica, todo este caos financiero generará fuertes problemas a los institutos del CSIC y al mío en particular. Por una parte, la Organización Central aumenta su cuota sobre ese aproximadamente 20% de costes indirectos de proyectos y contratos que sirve en parte para financiarnos, mientras que al tiempo el Plan Nacional (el instrumento estatal básico para la financiación de toda la actividad científica en España, no sólo el CSIC) anuncia retrasos en las convocatorias y la reducción del margen de costes indirectos del 21% actual al 17%. Encima, la Comisión Europea decidió que hasta 2014 no habría nuevas convocatorias de proyectos porque, dicen, están preparando el nuevo sistema (conocido como Horizonte 2020); en la práctica esto es otro recorte, y en este caso a nivel europeo, el cual nos lleva a una disminución adicional de nuestra cuota de costes indirectos. Además, la Organización Central del CSIC deja de asumir el pago de algunos gastos corrientes de los centros (luz, agua), que ahora tendremos que cubrir con la menguada cuota de los costes indirectos. Y eso sin hablar de los graves problemas estructurales de algunos institutos y unidades, como los de la Unidad de Tecnología Marina (con la que formamos el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales), unidad de complejísima admistración y que gestiona tres buques oceanográficos y las dos bases polares antárticas españolas con mucha voluntad y menguantes medios.
Está claro que mi institución (el CSIC), mi centro (CMIMA) y mi instituto (ICM) caminan con paso seguro hacia el colapso financiero, previsible e inevitable con el curso actual. Ya comenté lo que pienso sobre ello: la ciencia es un lujo que la sociedad se puede permitir si tiene excedentes, pero éste ya no es el caso de la sociedad española. Además, dentro de los esquemas del actual Gobierno español la investigación científica tiene una baja prioridad, teniendo como tiene que cubrir múltiples frentes abiertos con recursos rápidamente menguantes en medio de una recesión que se está agravando y que previsiblemente empeorará rápidamente durante los próximos meses. Somos lastre que se tiene que arrojar por la borda rápidamente, y así se hará. Ya sólo falta buscar una propaganda adecuada para que las medidas que se tomarán en un cercano futuro no tengan excesiva repercusión mediática negativa (aunque pasando como pasan cosas mucho más graves en la sociedad española no creo que sea necesaria demasiada escenografía).
El escenario está montado y los actores también están ahí. La farsa puede, pues, comenzar.
Salu2,
AMT
P. Data: Pueden ver a continuación el vídeo del Presidente del CSIC dirigiéndose el pasado jueves a los directores de todos sus centros, durante su reunión semestral.
