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miércoles, 4 de septiembre de 2024

Una propuesta modesta y radical


Escrito en vísperas* de la catástrofe que devastará el aeropuerto de El Prat de Llobregat.

Antes de que una tempestad destruya el aeropuerto de Barcelona, querría modestamente hacer una propuesta. Una propuesta que de buen seguro será considerada radical, pero que sin embargo veo absolutamente necesaria.

No reconstruirlo.

Justo en estos días que precisamente se está hablando de ampliar el aeropuerto de El Prat, creo que deberíamos hablar de, al contrario, abandonarlo. O más bien, renaturalizarlo.

En primer lugar, porque no tiene sentido reconstruir el aeropuerto de El Prat. Sería tirar millones de euros en un gasto inútil, doblemente inútil, porque la naturaleza lo volverá a destruir al cabo de pocos años, y porque, debido a la escasez de recursos, en no tanto tiempo (años, quizá unas pocas décadas) el aeropuerto acabará siendo un símbolo abandonado de otro tiempo.

Dirán que no podemos hacer tal barbaridad, porque eso es sacrificar el crecimiento económico. Que el deber del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat es velar por la buena salud económica de Barcelona y de Cataluña (y por ende de España).

Pero, ¿es correcto ese planteamiento?

¿Qué sentido tiene en plena Emergencia Climática el seguir apostando por un aeropuerto que solo sirve, con sus abusivas emisiones, para agravarla?

¿Qué sentido tiene intentar mantenerlo,  cuando este aeropuerto, por la subida del nivel del mar y la recurrencia de tempestades, está de todas maneras condenado?

¿Qué sentido tiene en un planeta que ha sobrepasados 6 de sus límites planetarios, marcados por sus límites biofísicos, seguir apostando por el crecimiento?

¿Qué sentido tiene en medio de una crisis energética que no acabará nunca seguir desperdiciando vitales recursos en una empresa inútil, en una industria suntuaria, en un lujo que no podremos mantener?

Señores y señoras del Gobierno y del Govern: cuando suceda lo inevitable, hagan lo razonable y no reconstruyan el aeropuerto de El Prat. Al contrario: renaturalicen esa zona, para minimizar la erosión de los futuros temporales, para conseguir que ese área sea más resiliente al Cambio Climático.

Ese gesto valiente, aceptar lo inevitable y no luchar por lo perdido, nos llevará a abordar otras cuestiones que también requieren una discusión urgente. Como, por ejemplo, qué modelo económico deberíamos tener en el futuro para hacer frente a los retos de sostenibilidad enunciados. Por ejemplo, qué hacer con el turismo.

 

*: "Vísperas" no quiere decir hoy ni mañana, ni probablemente este año o el que viene. Pero es algo que con gran probabilidad acabará sucediendo, en algún momento de las próximas décadas. Y quizá éste es un debate que convendría tener antes de que esto pase, para evitar que hagamos lo que hacemos siempre, tirar arena para que se la lleve el mar (como en la regeneración de las playas tras los temporales).

lunes, 21 de octubre de 2019

Agitación

Rambla de Figueres, mediodía del 18 de octubre de 2019
 
Queridos lectores:

Como sabrán, hace tiempo que sostengo la idea de que la crisis catalana tiene probablemente mucho que ver con la forma que tomará el colapso en España. A la creciente conflicitividad en Cataluña le he dedicado ya muchos posts en este blog; y, teniendo en cuenta los sucesos recientes en este rincón del mundo donde vivo, parece que es bastante natural que escriba una crónica desde aquí tanto sobre lo que está pasando como sobre lo que no está pasando.

Primera una cuestión de orden: según en que lado de la divisoria entre los defensores de la independencia de Cataluña y los defensores de la unidad de España uno se coloque, suele usarse una cierta terminología para referirse a su propio grupo y al contrario. La terminología escogida por los partidarios de la independencia de Cataluña suele ser "independentistas", para ellos mismos, y "unionistas" (o a veces "españolistas") para los otros, en tanto que para los defensores de la unidad de España la terminología habitual para referirse a sí mismos es "constitucionalistas", en tanto que para los otros se les denomina tanto "independentista" como "separatista" (generalmente dependiendo de la afiliación política de quien habla). En mi caso, como he explicado muchas veces, yo no me sitúo ni a un lado ni a otro (por razones que son fáciles de entender), así que intento usar una nomenclatura con la que todo el mundo se sienta identificado. Por tanto, a los partidarios de la independencia de Cataluña les denominaré "independentistas", término que parece ser bastante aceptable para todo el mundo. En cuanto a los defensores de la unidad de España ningún término me parece aceptable: "constitucionalista" se refiere a una constitución particular, la española de 1978, que no solo reivindica la unidad de España sino que cuela muchas otras cosas de rondón, y además parece un término poco apropiado si el otro grupo se acaba dotando de su "constitución"; "unionista" tampoco me parece acertado, ya que más que defender una unión lo que se defiende es un statu quo; y "españolista" tampoco lo veo acertado por motivos similares a lo anterior y porque además parecería que se quiere achacar al otro grupo, así en su conjunto, una visión rancia y esencialista (como ya discutí en su día) que no tiene porqué ser la que le represente en realidad. "No independentista" tampoco es demasiado bueno como término, ya que daría a entender que hay solo dos grupos cuando, entre medias de ambos, hay gente que como yo que no queremos la independencia de Cataluña y que además creemos que sería contraproducente para los ciudadanos de Cataluña y de España, pero que por otro lado creemos que en una democracia todo se puede hablar y discutir, que una nación moderna se debe definir por un consenso de sus ciudadanos a querer formar libremente parte de ella, y que por tanto defendemos el derecho de los independentistas a pedir un referéndum y a acatar su resultado si es lo que la mayoría de la población de Cataluña quiere. Por tanto, y  a falta de nada mejor, les denominaré "contrarios a la independencia", de Cataluña siempre sobreentendido.

Comencemos por la parte meramente descriptiva de lo que ha pasado estos últimos días: el lunes pasado, el Tribunal Supremo (TS) de España dictó sentencia contra los nueve líderes catalanes que llevaban en prisión preventiva aproximadamente dos años. El TS consideró probado que no había habido una violencia instrumentalmente ligada a la intención de conseguir la independencia de Cataluña; no solo eso, sino que - como muchos defendimos en su momento - no había capacidad real de declarar la independencia y que toda la agitación de aquellos días no fue más que una representación destinada a forzar al Estado español a negociar. Consecuentemente, condena a los acusados con responsabilidad en la gestión del dinero de la Generalitat por malversación, a los cargos que no tocaron el dinero por desobediencia y a todos por sedición. Las penas finales oscilan desde los 13 años de prisión decretada al exvicepresidente Oriol Jonqueras hasta los 9 años para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que entonces eran presidentes de las asociaciones civiles Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente.

Como reacción a la sentencia, el mismo lunes 14 surgieron muchas protestas más o menos espontáneas, con multitud de cortes de carreteras y de vías (aquel día volver a casa me llevó ocho horas, en vez de las dos habituales). Sin embargo, en un salto cualitativo sin precedentes en esta historia, apareció un nuevo actor denominado Tsunami democràtic, un grupo organizado a través de las redes sociales y con una gran maestría en la gestión de las mismas; con una capacidad de movilización inaudita, consiguió concentrar a unas 10.000 personas en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona con la intención de colapsarlo. Los manifestantes fueron tenidos a raya aunque con gran esfuerzo por los agentes antidisturbios de la Policía Nacional española y de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica catalana), pero aún así consiguieron en parte su objetivo al lograr que algunos vuelos fueran cancelados. Después, hacia la medianoche el Tsunami Democràtic ordenó la desmovilización a través de los teléfonos celulares y el grupo se fue disolviendo de manera bastante rápida. Desde entonces, el grupo guarda silencio sobre las futuras acciones, posiblemente para evitar que se le vincule con los altercados de las noches siguientes.

Y es que durante las siguientes jornadas la situación degeneró de manera considerable. Las noches del martes al viernes han sido de auténtica batalla campal entre la policía y los manifestantes más violentos en el centro de Barcelona, con barricadas, contenedores incendiados y continuo lanzamiento de objetos por la parte de los alborotadores, mientras la policía se empleaba con contundencia para contenerlos. Estos altercados de madrugada han eclipsado las manifestaciones que los han precedido (y para los cuales han servido de excusa) y las diversas acciones de protesta pacífica de estos días, incluyendo las largas marchas desde diferentes puntos de la geografía catalan que culminaron en una multitudinaria manifestación el viernes - día para el cual, por cierto, se convocó un día de huelga con desigual seguimiento.

Las dos últimas noches, del sábado y el domingo, han registrado un cierto cambio en el patrón de la violencia callejera. De una parte, los manifestantes se han esforzado en aislar y expulsar a los que quieren aprovechar las protestas para generar disturbios, arrastrando a veces consigo a los más jóvenes e inconscientes; por el otro lado, la policía ha intensificado los filtros para evitar que algunas personas introdujesen en los lugares de concentración objetos apropiados para la batalla campal. Ambas cosas han conseguido que los disturbios de las últimas horas hayan sido prácticamente anecdóticos, aunque la situación continúa siendo tensa.

Respecto al escenario político, las palabras que mejor definen lo que pasa es ruido y confusión. La maltrecha unidad de acción de los partidos independentistas ha acabado por saltar por los aires con estos eventos; mientras el president Quim Torra apuesta por intentar, una vez más, hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sus socios de gobierno prefieren la moderación y ampliar la base social del apoyo a las tesis independentistas; en todo caso, ninguno de ellos es capaz de formular un plan para salir de este atolladero. En el ámbito de los partidos estatales, y con la espada de Damocles de las elecciones del 10 de noviembre colgando sobre sus cabezas, el discurso político está dominado por la alharaca; no hay reflexión, solo grandes voces y golpes en el pecho, y continuas llamadas por los partidos actualmente en la oposición a intervenir la desleal autonomía de Cataluña por medios legalmente dudosos, mientras que el presidente del Gobierno español en funciones parece que ni está ni se le espera, y tampoco parece que nadie haga una propuesta lógica sobre cómo detener y revertir la escalada del conflicto.

Éste es el resumen acelerado de los hechos. Analicemos ahora con un poco más de detalle su contenido. 

Comencemos por la sentencia en sí. Es evidente e indisimulable que en su huida hacia adelante de septiembre-octubre de 2017, los partidos independentistas cometieron muchos delitos. Se podría argumentar que estos delitos los cometieron de una forma consciente y justamente para favorecer un cambio en la postura del Estado español, justamente para conseguir un progreso político. A veces en política es legítimo traspasar ciertos umbrales legales como un acto extremo de protesta, pero cuando lo haces aceptas las consecuencias que se derivan de tus actos. Uno de los problemas con la sentencia es que hay muchos delitos cometidos que no han sido juzgados: prevaricación, prevalimiento, abuso de poder... Todos ellos graves y que los acusados difícilmente podrían negar haber cometido. Pero el mayor problema de la sentencia es el delito que se ha escogido para la pena principal, el de sedición. Como han explicado varios catedráticos de derecho, la sedición es un delito arcaico que data de antiguas leyes medievales, y eso se refleja en el uso en su definición de palabras hoy en desuso como "tumulto". En la época de las monarquías absolutas, un grupo de campesinos que se reunían y protestaban públicamente contra los impuestos excesivos podrían ser reos de sedición. Por supuesto se asumía que no había armas de por medio (esto sería ya rebelión), así que lo que diferenciaba una protesta dentro de los límites razonables de una sedición era el carácter "tumultuario" de la concentración, es decir, que fuese ruidosa y/o masiva. Lo que viene siendo una manifestación hoy en día, vamos. En los estados modernos, al recogerse en su legislación el derecho a la manifestación, han desaparecido mayoritariamente los delitos de sedición, siendo España una de las pocas excepciones reseñables (cosa que por cierto va a complicar la extradición del expresidente Puigdemont, huido a Bélgica cuando fue citado a declarar). Siendo como es un delito contra el orden público, llama la atención que el delito de sedición esté castigado con penas tan elevadas comparado con otros delitos semejantes, como el de desórdenes públicos (mención aparte merece el hecho que la sentencia abre la puerta a calificar como sedición cualquier obstrucción a la acción de la justicia, desde las acciones anti-desahucio hasta los cortes de carreteras por protestas por el clima). Destacados penalistas han resaltado la contradicción que supone que en una sentencia que califica los hechos de simulación y de ensoñación acabe condenando a los reos a penas comparables a las de un homicidio. Esta desproporción en las penas (que llega a verdadera saña en el caso de los dos Jordis, pues eran gente sin responsabilidades públicas) aumenta el sentimiento de agravio y de persecución ideológica en la población independentista (que, no lo olvidemos, debe ser al menos de dos millones de personas). Toda la especulación de los últimos días sobre que los reos podrán acceder pronto a un segundo o tercer grado penitenciario es completamente inane desde este punto de vista, aparte de ser evidentemente falsa porque difícilmente se accederán a los beneficios penitenciarios hasta haber cumplido la mitad de las condenas, y eso implica esperar aún dos años y medio en el caso de las condenas más bajas.

Gracias a la sentencia del Tribunal Supremo ha quedado acreditado que los hechos de septiembre y octubre de 2017 fueron una farsa a gran escala, una representación si quieren pero muy peligrosa. En estos dos años ha habido muy poca autocrítica desde el bando independentista sobre esta verdad simple, y es que realmente era imposible acceder a la independencia si no era mediante un acuerdo con el Estado y a través de un proceso (este sí, un verdadero proceso) que llevaría años. La lentitud del proceso real de independencia tiene más que ver con su carácter administrativo-logístico, necesario para evitar una salida desordenada y subsecuente caída en el caos; y en todo caso tal proceso es imposible sin forzar al Estado español a negociar. Nada se ha explicado como se debería, y la violencia desmesurada del Estado aquel 1 de octubre ha alimentado en el imaginario independentista la entelequia de que si no se consiguió la independencia fue por la represión salvaje, y no porque simplemente era imposible en los términos en los que se planteaba. Dos años después, las semillas de la frustración entonces plantada han brotado al conocerse las condenas, ejecutadas en la forma de un delito arcaico y con penas excesivas. Durante demasiado tiempo los dos bandos ha alimentado esa frustración que ahora se manifiesta de la peor manera posible: los desórdenes públicos y la violencia.

Se tiene que reconocer que la mayoría del movimiento independentista es de carácter pacífico y cívico. Sin embargo, por demasiado tiempo se ha jugado con fuego y eso ha favorecido que algunos grupúsculo contemplen la violencia como un arma legítima en el camino hacia la independencia de Cataluña. La presencia masiva de las fuerzas antidisturbios, el efecto llamada hacia los grupúsculos radicales que se mueven por toda Europa y, en ocasiones, la presencia de infiltrados y provocadores, generan esa llama inicial que se necesita para inflamar un conjunto ya bastante inflamable. Es entonces cuando comienzan los disturbios. De la parte de los elemento más autoritarios del Estado, los disturbios son positivos porque ayudarán a que los manifestantes no violentos desistan de acudir a las concentraciones y así detener la previsible oleada continua de concentraciones y actos de protesta que se pueden extender durante meses. Ese efecto de desmovilización es un incentivo perverso sobre ciertas prácticas más o menos discutibles. Por su parte, los partidos independentistas y particularmente el Govern de la Generalitat no está sabiendo actuar delante de un fenómeno que, aunque perfectamente previsible, parece desbordarles. Queda la sensación de que no hay un verdadero plan a partir de aquí, de que los partidos independentistas se han vuelto adictos a la adrenalina de la movilización pero no tienen nada claro qué hacer a partir de ahora, mientras que en Madrid menudea la retórica inflamada y la demagogia más zafia. Nadie propone un plan, ni en Barcelona ni en Madrid, y nadie parece estar verdaderamente al mando.

El tratamiento mediático de estos eventos merece un punto de discusión aparte. En los medios catalanes se ha tendido a dar una visión idílica y edulcorada de las movilizaciones, y, aunque no han ocultado la gravedad de los disturbios en general, ha predominado el tono exculpatorio, achacando a agentes externos la gravedad de los altercados. En los medios de ámbito estatal, lo que ha dominando es el morbo informativo, con una recreación absolutamente malsana en los detalles más grotescos y magnificando la gravedad del problema.  En unos y otros se comparte la incomprensión del momento que estamos viviendo y la incapacidad de ofrecer un verdadero debate público, más allá de las astracanadas de los que creen que esto se soluciona en dos patadas de manera autoritaria.

Lo que no está pasando es el retorno al sentido común. Ninguno de los dos bandos puede tener éxito en sus propuestas maximalistas, y si queremos avanzar no se pueden ignorar el uno al otro. Hace falta encontrar aquello que es compartido por unos y otros, y a partir de ahí construir algo nuevo y diferente, mejor. Sin embargo, si en los diez años en los que se ha ido alimentando este conflicto no se ha sido capaz de buscar otra vía que no fuera la de doblar las apuestas e incrementar el conflicto, es más que dudoso que ahora se haga.

Y lo que resulta curioso es que nadie establezca la conexión con otros conflictos ahora en marcha, de Ecuador a Francia, de Chile al Reino Unido, de Argentina a Italia. Las costuras de un mundo tejido con mentiras están reventando bajo el peso de una clase media que cada vez lo es menos, que cada vez es más clase excluida, pero nadie ve la conexión. Y mientras seguimos discutiendo sobre los galgos de la Declaración Unilateral de Independencia y los podencos del artículo 155 de la Constitución española, las fauces de la nueva crisis están a punto de cerrarse sobre nosotros.

Salu2.
AMT

sábado, 30 de diciembre de 2017

Predicciones para 2018


Queridos lectores,

Una vez más, como por estas fechas, me enfrento al difícil ejercicio de intentar adivinar cuáles son las tendencias que configurarán el año que empieza en un puñado de horas. Lo haré atendiendo, como es del interés de este blog, al problema de los recursos y ambientales, y a sus consecuencias socioeconómicas. Como siempre, debido a lo corto del plazo comparado con los tiempos propios de los procesos que pretendo describir, así como la multiplicidad de factores que intervienen, hacen de este ejercicio una pirueta difícil y arriesgada, pues las probabilidades de equivocarse son mucho más elevadas que las de acertar. Aún y con todo, creo que el ejercicio de plasmar cuáles son mis ideas sobre la actual situación es interesante por sí, más que nada con una función de prevención de los peores problemas que se podrían dar y también ejemplarizante.

Pero antes de empezar con la previsión de este año propiamente dicha, haremos como siempre un repaso de las previsiones que hicimos el año pasado, analizando cuán acertadas o equivocadas fueron.


  • Comienzan a notarse la caída de la producción de petróleo: Lo cierto es que no, aún no se ha notado, justamente por el aspecto que se consideraba improbable: el aumento de inversión en fracking en los EE.UU. Aunque sea una locura, no sólo por cuestiones ambientales sino también porque es financieramente ruinoso, es exactamente eso lo que está pasando. Considero esta previsión fallida en lo esencial.
  • EE.UU. lo apuesta todo al fracking: A pesar de que las explotaciones de fracking son desesperamente ruinosas, ciertamente los EE.UU. lo están apostando todo a esto, y como se preveía han conseguido remontar el máximo de producción de 2015. Esta previsión ha sido completamente correcta y más aún, hasta el punto de arruinar la anterior.
  • Recesión, por fin: Llevo desde 2014 avanzando esta recesión y este año tampoco ha llegado. Previsión completamente fallida
  • Auge del populismo: Esta previsión ha sido al menos parcialmente acertada. En Europa está habiendo claramente un resurgir de la xenofobia y el populismo, sobre todo en Centro Europa.
  • Nuevas guerras: Afortunadamente no. Se trataba de una posibilidad más que de una certidumbre; aún así, la considero fallida.
  • La España ingobernable (segundo acto): Lo cierto es que, a pesar de que todos los problemas que se apuntaban se han dado y siguen ahí, la legislatura nacional ha conseguido tirar adelante todo el año, y eso que con la cuestión catalana hubo momentos en que pareció que se hundiría. Considero la previsión parcialmente fallida (muchas de las cosas que se comentaban han estado presentes y continuarán estando ahí).
  • Cataluña, colisión inminente: Previsión completamente acertada, por desgracia, ya que ha ido mucho más lejos de lo que yo acertaba a atisbar.
  • El cambio climático no descansa: Desgraciadamente muy acertada, con posibles derivadas (sequía en España, si al final se demuestra que es un efecto del cambio climático) que nos afectan muy de cerca.
  • Cierre de este blog: Se consideraba poco probable y afortunadamente hemos acertado.
Seguramente las previsiones de 2017 han sido las peores que he hecho nunca, pues las he marrado, y por mucho, sobre todo en los aspectos más importantes, los relacionados con el tema principal de este blog.

Vayamos con las de 2018. Nada difícil de verbalizar, porque voy a hacer básicamente las mismas que hice en 2017, esperando que este año sean más acertadas.

  • Caída de la producción de petróleo: Actualmente la compensación del declive del volumen total de hidrocarburos producidos se está realizando principalmente gracias al repunte del petróleo de fracking en los EE.UU. Pero los problemas han continuado aumentando en muchos productores principales y la tensión es máxima, la desinversión es generalizada excepto en el fracking, y en los EE.UU. el fracking no podrá mantenerse por mucho tiempo más con los números ruinosos que tiene. A pesar del previsible pico de precios (ver más abajo), 2018 cerrará con un descenso apreciable de la producción de hidrocarburos líquidos, que podría llegar, en el peor de los casos, a ser de alrededor de 2 millones de barriles diarios (Mb/d) menos que el máximo, actualmente conseguido en agosto de 2016.
  • Pico de precios del petróleo: Considero bastante probable que el precio del petróleo crudo, por culpa del declive productivo ya anunciado, llegue a máximos no vistos desde 2008. No sé si llegaremos a tocar un precio tan elevado como los 150 dólares por barril de aquel año (aunque no es descartable que esta vez fuera incluso mayor), pero en todo caso asumo que el precio superará la barrera de los 120 dólares por barril, lo más probable hacia el mes de julio y en todo caso antes de cerrar el año, para luego precipitarse a precios mucho más bajos en medio de la grave crisis económica que desencadenará.
  • Grave crisis del fracking en los EE.UU. con fuertes consecuencias políticas: Dilapidar dinero en el fracking de la manera que se está haciendo no puede seguir para siempre, y considero bastante probable que el año que viene, a pesar de que los fugaces altos precios del petróleo hagan pensar que por fin el fracking va a producir beneficios, acabe en una gravísima crisis en el sector cuando se vea que ni por ésas se realizan los beneficios esperados. El hundimiento final del fracking (que, por ser sinceros, lo más probable es que no se verifique hasta principios de 2019) generará una crisis política de grandes dimensiones, que puede lastrar de forma definitiva la presidencia de Donald Trump.
  • Recesión, por fin: Un pico de precios del petróleo como el que estoy previendo desencadenaría una gran recesión global, como en 2008. En el caso concreto de las economías occidentales, incluyendo España, esta crisis arruinará todas las previsiones macroeconómicas y disparará el paro Quizá, después de tres años de repetirla infructuosamente, esta vez la previsión se cumpla.
  • Nuevas guerras: Por desgracia, considero que la probabilidad del estallido de nuevas guerras, con el factor de control de los recursos más o menos explícito, va ser muy elevada durante el año que viene. Desde escaramuzas y revueltas hasta verdaderas guerras, la lista de países donde podría estallar conflictos es bastante larga: Argelia, Nigeria, Libia de nuevo, Sudán del Sur, Venezuela e incluso Arabia Saudita. Veremos qué nos depara 2018 en este aspecto.
  • La España ingobernable (tercer acto): La consolidación de Ciudadanos como fuerza alternativa al PP, la revalidación de la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya, y por último la crisis económica con el consecuente descontento social, hacen muy probable que el actual Gobierno del PP acabe finalmente por caer. Ante la perspectiva de una caótica moción de censura, el Gobierno del PP convocará elecciones anticipadas hacia el final del año, de las que saldrá un Congreso de los Diputados más fragmentado que nunca, haciendo todavía más difícil la formación de coaliciones para gobernar España.
  • Cataluña, rebelión de baja intensidad: La situación de Cataluña va a volverse aún más compleja de lo que lo ha sido durante los últimos años. El punto central de la estrategia independentista será, probablemente, intentar restituir a Carles Puigdemont como President de la Generalitat. Aquellos diputados electos que todavía estén en la prisión o huidos de España para esquivar a la justicia española acabarán probablemente renunciando a sus actas para garantizar la mayoría independentista en el Parlament, con la sola excepción de Carles Puigdemont (actualmente en Bruselas) y quizá la de Oriol Junqueras (en prisión), de manera que se garantice la mayoría absoluta del bloque independentista aunque haya dos que nunca estarán en el Parlament (aunque eso les implicará apoyarse mucho en la CUP). El bloque independentista intentará que se proclame a Puigdemont presidente aunque no llegue a estar presente nunca, proponiendo una modificación del reglamento e intentando escenificar, si no lo consiguen, la anomalía que representa que el candidato con mayor apoyo parlamentario no pueda tomar posesión del cargo de President por la persecución judicial. Lo que pase después no sé que será, pero tiene pinta de que será bastante complejo: un President (o Presidenta) comodín, que representará el papel aunque "obedecerá" las órdenes de Carles Puigdemont (con amplia escenificación de las teleconferencias en los consejos de gobierno); una nueva hoja de ruta hacia la proclamación de la República Catalana pero de menor intensidad, intentando forzar los límites legales pero sin traspasarlos, una acción continua en todos los frentes jurídicos nacionales e internacionales y, para mantener la tensión en la calle, una nueva fecha a como mucho un par de años vista en la que deberá pasar algo muy importante y definitivo, de modo que actúe como acicate y tótem ilusionante. Un Procès 2.0, vaya. Debido a la crisis del Gobierno de España, lo más probable es que los independentistas catalanes aprovechen la situación para sacar mayor beneficio para sus fines. En todo caso, como digo, la situación que se dibuja parece extremadamente compleja.
  • La sequía en España se agrava: Normalmente las fases agudas de las sequías en España duran un par de años y eso hace probable que la actual se prolongue aún un poco. Los problemas que tal prolongación de la sequía puede generar a nivel social no deben ser desdeñados, porque ya estamos en una situación bastante extrema, y tiene un impacto económico nada despreciable. Quizá eso sirva para hacer más evidente en la población general la necesidad de tomar medidas decididas para combatir el cambio climático. Otra cosa es que las medidas que se implementen al final sirvan para algo.
  • Cierre de este blog: Los lectores más antiguos habrán observado una disminución en el ritmo de publicación, sobre todo en la recta final del año. Esto es debido a que mi trabajo principal cada vez me toma más tiempo y me implica viajar mucho más (he hecho 5 viajes sólo en el último mes). Durante el año que viene no creo que la situación varíe mucho respecto al nivel actual, con lo que veo probable que mi ritmo de publicación pase de uno a la semana que más o menos mantenía a uno cada dos semanas. Pero tengo en la recámara unos cuantos buenos posts de Beamspot y de otros autores nuevos, aparte de tres posts comenzados sobre diversos temas de interés, y confío en que con otras contribuciones que irán llegando podamos mantener el nivel de publicación en un post a la semana o más. En todo caso, no creo que haya presiones para cerrar el blog, y menos este año en que los temas que aquí se tratarán recobrarán mucho interés
En resumen, creo que 2018 será un año que marcará un hito, un cambio de tendencia bastante fuerte, una etapa destacada en nuestro declive energético.

Salu2,
AMT

lunes, 13 de noviembre de 2017

Las semillas del colapso


Imagen cortesía de Samuel Teruel


Queridos lectores,

Para mi propia sorpresa, parece que al final éste será mi tercer post consecutivo que versa sobre la cuestión catalana. Realmente quería alejarme de este tema que ocupa un tiempo excesivo en los noticiarios y en las mentes de la gente de aquí, y que además no está demasiado relacionado con la energía - tema principal de este blog - pero me veo obligado a volver a ello porque me interesa mucho hacer una serie de consideraciones sobre lo que ha sucedido durante estas últimas semanas. Esta vez, sin embargo, pretendo poner en un contexto más general, y espero que un poco más útil, diversos aspectos de la crisis española del momento.

No volveré una vez más a recapitular sobre todo lo que ha pasado los últimos años y principalmente en los últimos meses: leyendo mis dos últimos posts (Modelo para recortar/Model per retallar y Saliendo de cuentas) y los enlaces que hay allí deberían ser capaces de hacerse una idea de cómo veo la situación actual (si hace poco que ha llegado a este blog le ruego que no se saque conclusiones precipitadas sobre lo que yo pienso y se lea la buena colección de posts míos que están enlazados, principalmente en el primero de los que pongo arriba). Únicamente glosaré de manera muy breve lo que resulta más relevante para mi discusión de todo lo que ha pasado durante el último mes. Dado que mi objetivo final es intentar ir de lo menos específicamente catalán a lo más generalmente occidental, ruego a mis lectores españoles que no se alteren si ven algunos hechos relevantes omitidos en provecho de la discusión que quiero introducir.

Durante el último mes, la situación político-social de Cataluña ha sufrido un vaivén intenso, un flujo de emociones tremendo, y no sólo en esta que aún lo es comunidad autónoma española, sino en toda España. El 10 de octubre el president Pugidemont proclamó la independencia y casi al mismo tiempo dejó esta declaración en suspenso para abrir un tiempo de negociación con el Estado español. Pasaron los días y quedó claro que la única respuesta que iba a haber por parte del Estado español era la intervención de la autonomía catalana, al tiempo que los fiscales iban estrechando el cerco judicial sobre el Govern de la Generalitat. Al final, tras dudar en una delirante mañana si convocar elecciones autonómicas o proclamar definitivamente la independencia de Cataluña, Carles Puigdemont optó por la segunda opción (o eso fue lo que pareció, como discutiré más abajo), para gran regocijo de las masas de independentistas que le jaleaban en las calles. Como respuesta, el Gobierno de España puso en práctica el decreto de intervención de la autonomía, con la intención inicial de mantener el control durante al menos seis meses. Dos días más tarde, Puigdemont se dio a la fuga y se refugió en Bruselas con cuatro de sus consellers, mientras que el Estado español se hacía con el control efectivo de la Generalitat sin ningún tipo de resistencia. El resto del Govern, que se quedó en Cataluña, fue citado a declarar en la Audiencia Nacional unos días más tarde y metido en prisión preventiva, acusados de graves delitos contra el Estado. Y en ésas estamos: el autodenominado Govern en el exilio intentando (con bastante éxito, todo hay que decirlo) atraer la atención internacional sobre el caso, mientras que en Cataluña y en España todo el mundo está pendiente de los nuevos comicios autonómicos convocados por el Estado para el 21 de diciembre, es decir, en el menor plazo legamente posible, de manera un tanto sorprendente por cuanto contradice las intenciones expresadas de un control de más larga duración de la Generalitat.

Como pasa muchas veces en los grandes conflictos, hay un texto, que trata de aquello de lo que se habla, y un subtexto, que trata de lo que realmente subyace al conflicto. En este caso, a mi modo de ver lo que tenemos es un texto de confrontación nacional que genera una reacción nacionalista exacerbada (como ya me temía hace algunas semanas), mientras que el subtexto tiene mucho más que ver con el intento de estratos cada vez mayores de la clase media de escapar de la inevitable y cada vez más inexorable Gran Exclusión.

Referente al texto del conflicto, vemos un posicionamiento dialéctico muy diferente por parte de las autoridades catalanas y de las españolas. De la parte catalana, la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya ha forzado la legalidad para conseguir su objetivo, que no era tanto conseguir la independencia de Cataluña como hacer una representación de la misma. Si uno analiza cuidadosamente lo que ha pasado desde comienzos de septiembre, veremos que los actos verdaderamente punibles desde el punto de visto jurídico han sido las irregulares sesiones de los días 6 y 7 de septiembre, donde esa mayoría se saltó el reglamento de la cámara (al estilo de lo que luego hiciera el Senado español en la tramitación del decreto de aplicación del artículo 155) y el mantenimiento de la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, a pesar de estar la ley autonómica que lo amparaba suspendida por el Tribunal Constitucional. Estas irregularidades pueden y deben ser perseguidas judicialmente de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, pero no pasan de ser meros delitos de desobediencia, que podrían acarrear inhabilitación para quienes los originaran, aparte de multas, pero nada más. La pintoresca declaración de independencia e inmediata suspensión del 10 de octubre fue en realidad un acto declarativo, toda vez que el president Puigdemont suspendía una independencia que en realidad no había sido declarada. Más políticamente extrema fue la sesión del día 27 de octubre, en la cual la mayoría independentista declaró finalmente de manera formal la independencia de Cataluña; sin embargo, si se examina la parte resolutiva se ve que lo único que acordó esta mayoría fue pedir a Puigdemont que buscase la manera de implementar la ley de transitoriedad jurídica, en tanto que el texto de la declaración de independencia quedaba en la parte declarativa, sin consecuencia jurídica alguna. Tanto es así que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no recoge la independencia de Cataluña como un hecho, y la bandera de España no fue arriada del edificio de la Generalitat. Por el mismo motivo, cuando entró en vigor el decreto estatal de intervención de la Generalitat, los mismos que habían sostenido una retórica prácticamente belicosa rindieron dócilmente la administración catalana al control del Estado, acatando de facto la legalidad española.

Delante de esta gran representación orquestada por los partidos independentistas, la reacción española ha sido, desgraciadamente, excesiva, pues a cada jugada de farol y de escasas consecuencias jurídicas (o incluso sin ellas) de los independentistas, el Estado español ha reaccionado con gran dureza y con acciones de gran calado, cargadas de consecuencias jurídicas que forzosamente se tendrán que acabar volviendo contra él. De entrada, la imagen exterior de España se está viendo muy afectada (cosa que era en parte lo que pretendían los independentistas con esta actuación); y, en el ámbito doméstico, la retórica inflamada del Estado ha dado paso a un resurgir del esencialismo nacional español que puede ser la causa de muchos problemas interiores (y no sólo en Cataluña) en el futuro.

Hay que comprender una cosa: ERC y el PdeCat, que formaban la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxS) en el Parlament de Catalunya, son partidos afincados en el BAU (como quedó acreditado hace muy poco) y por tanto la posibilidad de una ruptura descontrolada con España, que hubiera precipitado Cataluña en el colapso, no estaba en modo alguno en su hoja de ruta. Si Cataluña tuviese que ser independiente, tendrían que negociarse un montón de cosas con España: control de fronteras, gestión de recursos hídricos, gestión de infraestructuras en general y particularmente la red eléctrica, la gestión de los residuos nucleares, el transporte del gas natural y de productos refinados, la judicatura, la competencias de policía aún no asumidas por los Mossos d'Esquadra... Una lista larguísima que necesitaría de muchos meses de negociación, y unos cuantos años de implementación. Por ese motivo, nunca ha sido la intención de la coalición JxS proclamar la República por su cuenta y riesgo. Al contrario, lo que se ha pretendido ha sido escenificar esta ruptura al máximo posible pero sin acabar de salirse de la legalidad española, intentando forzar una negociación con el Estado español. El problema es que su representación ha sido demasiado creíble y hasta ahora el Estado español se había tomado el desafío como algo real, en vez de como la gran mascarada que era. Sólo recientemente han comenzado a comprender que se trataba de una boutade, y de ahí la insistencia en los últimos procesos judiciales en que los procesados renieguen del independentismo y declaren que acatan la legalidad española.

Pues no sólo fue el Estado español quién se tragó la bola de que se estaba buscando proclamar la independencia por la vía exprés, sino también toda la base social que les había apoyado con sus votos. En su mayoría, esas masas que ocupaban y aún hoy ocupan las calles para dar su apoyo a los diversos hitos de este proceso creyeron de buena fe que realmente íbamos a ser independientes en un plazo ínfimo de tiempo. El duro choque entre la retórica revolucionaria y una realidad en la que, sin la mínima resistencia, todo sigue supeditado a la legalidad española ha causado altas dosis de incredulidad, decepción y fustración en las filas independentistas, tal y como yo anunciaba incluso antes del referéndum del 1 de octubre. Y de ahí la nueva estrategia de la Fiscalía española, que, siguiendo las directrices marcadas por el Estado, pretende hacer patente entre los suyos que, más allá de la retórica, en realidad sólo había un juego de humo y espejos destinado no sólo a confundir al estado español, sino también a la gente que apoya el independentismo. No es por eso extraño que los partidos favorables a la unión estén poniendo el acento en que los partidos independentistas han engañado a sus votantes. 

Porque es cierto que lo han hecho, les han engañado. Se puede alegar que hacía falta esta representación para conseguir un gran avance, que todo este proceso era el primer capítulo de un historia, la de la independencia catalana, que se tenía que escribir forzosamente de esta manera. Sin embargo, los dirigentes catalanes, que se esperaban que al final el Estado español se sentara a negociar al ver el clamor popular, se han encontrado con la sorpresa de que no hay ninguna posibilidad de negociación y que todo lo que se puede esperar es represión. Por eso se les ve tan indefensos, tan incapaces de reaccionar: nunca pensaron que el Estado español fuera capaz de ir tan lejos.


La represión a gran escala (aunque, seamos honestos, todavía de una intensidad controlada) es una de los fenómenos más interesantes de toda esta historia. El 1 de octubre se verificó la extensión de la represión a sectores de la población que no están acostumbrados a ella. Porque dentro de las grandes hipocresías sociales actuales, la gente "normal", la gente "de bien", acepta que la represión pueda ser aplicada, injusta e indiscriminadamente, a otros, a los marginales, a la gente que algo malo seguramente habrán hecho. Que, de repente, la represión se pueda extender a familias que van con sus niños y sus abuelos a votar, a gente que, a su entender, no estaban haciendo algo malo, es algo que ha dejado en estado de shock a la sociedad catalana, un shock que dejará heridas muy duraderas. Y que se pueda encarcelar a personas "normales" y "de bien", con altas dosis de arbitrariedad, saltándose los procedimientos y garantías procesales, es algo también muy inesperado. Ese tipo de tratos a los cuales la chusma está acostumbrada, pero que no debería sucedernos a nosotros.

Mientras en Cataluña gente común se sorprende de que se les trate como pre-excluídos sociales, en España también se ha producido una reacción que causará tanto o mayor mal en el futuro. Delante de la exhibición masiva de enseñas independentistas en las calles catalanas, muchas personas comunes, también ellos pre-excluídos sociales, se han arropado en banderas españolas, en un resurgimiento nacionalista español, también carente de mucho sentido común y atizado por algo que afortunadamente aún no es común en Cataluña: el odio. Ese odio basado en argumentos de trazo grueso, que motiva debates imbéciles y argumentos grotescos con los que se atiza a diestro y siniestro, y no sólo en Cataluña. Esa rabia mal encauzada que se manifiesta en todo y contra todo, tenga sentido o no, como la de esa funcionaria de la Junta de Andalucía que por algún motivo se cree con el derecho de acosarme de tanto en tanto con vitriólicos desvaríos en forma de correos electrónicos. Curiosamente (o no), a medida que arrecian los rasgos más excluyentes del nacionalismo español se intenta repetidamente desde los medios de comunicación españoles presentar al independentismo catalán como un movimiento de corte fascista y xenófobo, sin entender de dónde viene el independentismo de nuevo cuño. Pues si bien el independentismo clásico tiene una cierta componente nacionalista (aunque probablemente menor de la que se le atribuye), el nuevo independentismo, ése que explica que las ansias secesionistas catalanas hayan pasado en menos de una década de menos del 20% de la población a situarse alrededor del 50% actualmente, tiene mucho más que ver con el deseo de huir de un Estado, el español, que se percibe como inoperante, corrupto y vendido a los intereses del gran capital, descuidando su deber de servicio a la ciudadanía. Nada que sea particular del Estado español, en realidad: este problema se reproduce en mayor o menor medida en todo Occidente, y es en parte lo que explica la situación en Grecia, el Brexit o la elección de Donald Trump en los EE.UU., por no hablar del ascenso de la ultraderecha en toda Europa. Una gran parte de la población de Cataluña ha llegado a creer que la independencia podría ser la solución a sus problemas, en tanto que otra parte de más o menos el mismo tamaño no lo cree en absoluto. Lo mejor de caso es que los argumentos que se exponen a favor y en contra tienen poco que ver con la situación real. Dejando al margen lo sesgado de las contabilidades económicas que presentan los exponentes de uno y otro lado, es cierto que la independencia de Cataluña sería una oportunidad para construir un nuevo Estado mucho más justo y social, en el que se limitara la capacidad de cooptación del poder económico y que incluso se contemplara como política de Estado la necesidad de abandonar el crecimiento y apostar por la dimensión social. Pero no es menos cierto que teniendo en cuenta quién está a los mandos de la nave, en vez de dirigirnos a Ítaca más probablemente acabaríamos llegando a Nueva España, donde todos los vicios que creeríamos estar dejando atrás se reproducirían a una escala más local pero no necesariamente menos corrupta. Por el otro lado, los argumentos esencialistas españolistas se están utilizando para ocultar o como mínimo minimizar el proceso de deriva de la clase media hacia la Gran Exclusión vía devaluación interna; la gente se olvida de su tránsito a la miseria mientras se centra en denostar a los malvados catalanes. Mientras tanto, el Estado va derivando cada vez más claramente al autoritarismo (como se ve en el caso de la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid). Como tantas otras veces, la sociedad se rompe en dos bandos antagónicos de similar tamaño sin que uno de los dos domine con total claridad, simplemente porque el verdadero problema se sitúa en una dirección completamente diferente de aquélla por la que se está moviendo (probablemente de manera interesada) la discusión pública. Eso explica en parte el fracaso relativo de la última jornada de huelga general del día 8 de noviembre, si no convocada al menos capitalizada por el independentismo. Quizá se esperaban un paro tan absoluto como el del 3 de octubre, pero si bien entonces la gente estaba aún en estado de shock por los hechos del 1 de octubre, el 8 de noviembre probablemente pesó mucho más la cuestión económica, y es que la realidad es que mucha gente no se puede permitir el enorme lujo de parar un día.

¿Y si el colapso era esto? ¿Y si ésta era la forma que tenía que tomar el colapso en el concreto caso de España? ¿Y si nuestro camino en el descenso energético tenía que ser hacerlo confundidos en debates entre esencialismo español y nuevas repúblicas ibéricas? Para mi estos días han sido muy curiosos: cada dos por tres me he encontrado con personas hablando del mismo tema, del único tema que ocupa recurrentemente las conversaciones. Y con mucha serenidad me he visto dando ánimos y consejos a unos y a otros,  a los independentistas y a los unionistas, todos ellos abatidos, los primeros porque Ítaca estaba más lejos de lo que creían, los segundos porque ven cómo derivan las cosas y que ya no son mayoría. Me he encontrado repetidas veces haciendo de consejero emocional y dándole bálsamo a unos y a otros. Al final, uno de ellos me preguntó por qué yo estaba tan tranquilo, y cómo era que nada de todo eso que altera a todo el mundo me afecta. Sonriendo, le dije que la razón es que yo ya he asumido que vamos a colapsar, al menos parcialmente, y delante de eso todo lo demás me parece accesorio.

En medio de toda la confusión actual, hay un fenómeno nuevo que está surgiendo en Cataluña: los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Se trata de pequeños grupúsculos de ciudadanos que se organizan autónomamente para favorecer la llegada de la República catalana, y son herederos de los Comités de Defensa del Referéndum, de mismo acrónimo, que tan bien funcionaron para la organización clandestina del referéndum, tan efectiva que fue capaz de escapar a la presión del Estado. Inicialmente impulsados por algunas CUPs, estos CDRs funcionan realmente como células independientes de gente con una inquietud común que intenta organizarse, de ciudadanos que intentan coger las riendas de la situación con sus manos en vez de esperar que los líderes les resuelvan los problemas. Básicamente, es un gran experimento de empoderamiento ciudadano, favorecido por la crisis independentista. Mientras los CDRs consigan mantenerse como agrupaciones de fines pacíficos podrán sobrevivir, aunque lógicamente el Estado los va a combatir ya que algunas de sus acciones son claramente ilegales (por ejemplo, cortar carreteras o vías del tren). Lo verdaderamente interesante de los CDRs es su capacidad de, por un lado, dar salida a la necesidad de la gente de hacer algo para superar la actual crisis, y por el otro crear estructura que puede resultar muy útil cuando venga la siguiente oleada recesiva y particularmente cuando nos vayamos hundiendo en el progresivo colapso y desestabilización del Estado. Que los CDRs se acaben convirtiendo en sanguinarias milicias o en grupos de resiliencia ciudadana dependerá de la inteligencia colectiva y de la evolución de los acontecimientos. De una manera u otra, son probablemente las semillas del colapso, a falta de decidir si serán las que acelerarán el mismo o las que podrán dar un fruto del cual construir una nueva sociedad cuando el colapso finalmente sobrevenga.

Salu2,
AMT 

Post Data: Mientras nos entretenemos con todas estas cosas, hay algunas otras cuestiones relevantes para los temas de este blog que están pasando: la consolidación de la caída de la producción de petróleo en China; el fracaso relativo de la Oferta Pública de Acciones de la compañía nacional saudí de petróleo, Aramco, y casi al unísono la batida contra la corrupción en Arabia Saudita, que ha descabezado Aramco y otras compañías; la progresiva subida del precio del petróleo; la generalizada bajada de la inversión en upstream que sin embargo se está viendo compensada por la brutal subida de la inversión sólo en los EE.UU. de Donald Trump... Mañana saldrá el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía de este año, el World Energy Outlook 2018 y, como siempre, intentaré ofrecerles un análisis del mismo a la mayor brevedad.

jueves, 21 de septiembre de 2017

Modelo para recortar/Model per retallar

Plaça de l'Ajuntament de Figueres, 20 de septiembre de 2017, 19:56


Queridos lectores,

Quería dedicar ésta y las próximas semanas a discutir toda suerte de temas centrados en la energía y en la educación, con varias contribuciones ajenas destacadas, pero la vorágine de las últimas horas en Cataluña me ha hecho desviarme de mi plan inicial. Querría ser capaz de aislarme del tumulto que me rodea y centrarme en los temas específicos de los que versa este blog, pero la degeneración de la situación en el lugar donde vivo y trabajo hace muy difícil mantener la cabeza serena; incluso, ponerse a discutir los temas menos locales y más trascendentes de los que nos solemos ocupar en esta esquinita de internet podría ser interpretado como una cierta frivolidad o, peor aún, voluntad de ninguneo de la agitación social que llega a todos los ámbitos de la vida cotidiana; pero, ¿cómo ignorar el eco de las sirenas de los coches policiales que ayer retumbaron incluso a través de las paredes de mi laboratorio?

Haré un breve resumen (obviamente personalmente sesgado pues resulta imposible de evitar tal sesgo) acerca de qué pasa y, más importante, de cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que tal resumen es importante no sólo para mis lectores de allende nuestras fronteras, sino que quizá puede llegar a ser útil también para aquéllos de mis compatriotas que pudiera ser el caso que hayan perdido perspectiva de las cosas que han ido pasando durante estos años.

Ayer se plasmó de manera dolorosa la diferente concepción de lo que es un proceso político para el Govern de Catalunya y para el Gobierno de España: durante largas horas la Guardia Civil registró numerosas dependencias de la Generalitat de Catalunya y detuvo a catorce personas, la mayoría de las cuales eran altos cargos de la administración catalana. Como reacción a lo que consideran un atropello, miles de ciudadanos de Cataluña se lanzaron a las calles a protestar (mi instituto se quedó medio vacío), de manera mayoritariamente pacífica, delante de los lugares donde se estaban produciendo los registros y las detenciones. La razón de esta medida de tanta fuerza fue la orden del juez que investiga la comisión de delitos asociados a la preparación del referéndum convocado para el domingo 1 de octubre por la Generalitat al amparo de una ley aprobada por el Parlament de Catalunya, ley recurrida por el Gobierno de España delante del Tribunal Constitucional y que ahora mismo está suspendida. Basándose en esa suspensión cautelar, el Gobierno de España considera delictiva la convocatoria del referéndum, y ha dado instrucciones a la Fiscalía General y a los cuerpos policiales españoles para que tomen las medidas adecuadas para evitar ese referéndum, al tiempo que se ha querellado contra todo el Govern y unas cuantas personas más. Durante las últimas semanas se ha producido un goteo de registros y requisa de material propagandístico y de papeletas, que hasta ahora fue tomado a risa por el sector independentista de la ciudadanía, hasta que se produjeron el asalto a las dependencias de la Generalitat y las detenciones de ayer. Para el Govern de la Generalitat, ayer se traspasaron muchas líneas rojas, que le han servido para demostrar qué pueden esperar de una negociación con el Estado español.

¿Cómo se ha pasado del vodevil de los últimos años al drama actual? Y, más importante aún, ¿se puede evitar que el drama acabe en tragedia? No puedo entrar a resumir todo lo que ha pasado hasta ahora: el lector interesado en profundizar más sobre esto puede leer mi primera entrada sobre el puzzle catalán, de hace 5 años, cuando la olla independentista comenzaba a  hervir; o la que escribí hace 4 años (con una segunda entrada analizando la viabilidad económica de un nuevo estado desde el punto de vista del capital internacional), o la última, que data de hace 3 años (cuando se produjo la consulta alegal del 9N), aunque el tema de Cataluña sale una y otra vez en este blog, dado el interés que tiene para mi por ser el lugar donde vivo y también por ser un problema de primer orden en España. Déjenme que escoja una serie de hechos de todos esos posts que he mencionado más arriba para situar someramente la discusión actual, sin entrar en más detalles aquí.

Por un lado, sabemos que Convergència Democràtica de Catalunya, el partido conservador que ha gobernado la Generalitat durante casi tres décadas  (no seguidas), ha ido derivando hacia posturas cada vez más independentistas con el curso de los años. Es cierto que en un principio esta deriva fue una excusa para hacerse perdonar por los recortes sociales que implacablemente aplicó aquí, con verdadero convencimiento, la propia Convergència. Maniobra que ciertamente dió sus frutos, pues con la cada vez mayor deriva soberanista el rechazo por los recortes al estado del bienestar y también a los tremendos escándalos de corrupción de este partido han pasado a un segundo plano. Pero no es menos cierto que el soporte electoral de Convergència (ahora redenominado Partit Demòcrata Europeu Català, PDeCat, cambio de nombre que justamente se produjo para escapar de algunos de los escándalos de corrupción más graves y que afectaban a su cúpula y a la estructura misma del partido) se ha ido degradando y que en unas eventuales elecciones autonómicas sufriría una caída histórica. En su huida hacia adelante, los líderes de Convergència aka PDeCat se enrollaron en la bandera catalana y abrieron una caja de los truenos que llevaba muchos años cerrada y que ahora no pueden volver a clausurar. El ascenso de Carles Puigdemont, independentista convencido, a la presidencia de la Generalitat, aupado con los votos de los otros dos partidos independentistas, ERC y CUP, ha llevado al escenario actual de confrontación abierta con el Estado español, reclamando para la Generalitat una legitimidad de Estado soberano que justamente es lo que se tendría que discutir vía referéndum. Sin embargo, la coalición gobernante en la Generalitat, formada por el PDCat y ERC, ha tenido demasiada prisa por sacar adelante su proyecto de independencia porque sabían que la ciudadanía independentista no admitiría de grado una nueva dilación de plazos tras siete años de agitación popular continua, y porque además las encuestas muestran que el retroceso electoral que sufriría el PDCat pondría en cuestión la actual  hegemonía independentista en el Parlament. Básicamente, así lo comprendieron, era ahora o nunca y se han decidido por un ahora atropellado, lleno de errores de bulto, manipulaciones groseras y falta de respeto a los procedimientos que han hecho las delicias de sus oponentes.

Por el otro lado, tenemos a un Gobierno español regido por el conservador Partido Popular (PP), con Mariano Rajoy al frente, urgido también por sus muchas necesidades. Pues durante los últimos años se han destapado numerosísimos casos de corrupción que afectan a prácticamente toda su cúpula y que comprometen incluso el sistema de financiación del propio partido (situación muy análoga a la de Convergència). Además, la lenta pero progresiva degradación de su base electoral, unida a la actual fragmentación del parlamento español con la irrupción de fuerzas políticas de nuevo cuño, llevaron a una repetición de elecciones primero y a muy feas maniobras para evitar una segunda repetición electoral, incluyendo un tumultoso proceso dentro del progresista y opositor PSOE, que primero defenestró a su líder Pedro Sánchez para facilitar la constitución de un gobierno del PP por medio de la abstención, pero que luego se vio obligado a restaurar a Sánchez en su cargo por el apoyo indiscutible de las bases. En este momento el PP gobierna sin mayoría en el Parlamento español y con el otro gran partido, el PSOE, en una posición tibiamente hostil (ciertamente tibia, pues le está dando un apoyo "crítico" en su manera de encarar el desafío soberanista en Cataluña). Delante del que posiblemente sea el mayor reto institucional de España desde la restauración de la democracia hace 40 años, la actitud del Gobierno del PP ha sido la de dejar que sean los tribunales los que se encarguen de parar el proceso independentista, ya que obviamente la independencia de Cataluña no es legal de acuerdo con las leyes españolas. El problema es que los procedimientos judiciales, en un sistema garantista como el español, son en general demasiado lentos, y en todo caso muy lentos para detener lo que el Gobierno no quiere consentir de ningún modo, que es que llegue a producirse la votación el 1 de octubre que pudiera en cierta manera legitimar a los independentistas. Por ese motivo, a través de la Fiscalía y de instrucciones a los cuerpos de seguridad, el PP ha pretendido acelerar algunos procesos, llegando a las detenciones preventivas de ayer, muy discutibles desde un punto de vista legal. Pero no tiene muchos otros recursos: en repetidas ocasiones se ha dicho que el Gobierno de España podría aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender total o parcialmente una autonomía española, pero aunque el PP controla el Senado y podría hacerlo, se arriesgaría a sufrir una moción de censura en el Congreso (gracias a mi padre por la corrección). Así las cosas, el Gobierno de España prepara el desembarco de 4000 policías nacionales en Cataluña en los próximos días, con el cometido probable de intentar evitar físicamente que se produzca la votación y eventualmente detener a todo el Govern el día 2 de octubre (no antes, para evitar espolear a que más gente vaya a las urnas).

Hay una cosa un tanto extraña, visto desde una perspectiva europea, en este conflicto institucional, y es la falta de diálogo entre los partidos independentistas catalanes y los partidos españoles. Después de las múltiples demostraciones de fuerza en la calle durante los últimos cinco años y de los resultados en las últimas elecciones autonómicas en septiembre de 2015, en las que los partidos independentistas se presentaron con un programa explícito a favor de la independencia, es evidente que en la actualidad el independentismo catalán tiene un soporte social muy amplio, sin duda por encima del 40% de la población. Sin entrar en la discusión de si el independentismo es mayoritario o no en Cataluña, en cualquier otro país con mayor tradición democrática un porcentaje tan abultado y constatado de apoyo a esa causa forzaría a que se abriera un diálogo entre las dos partes, diálogo que concluiría con la celebración de un referéndum organizado y amparado por el Estado español, como así ha sucedido en tantos otros lugares. Un referéndum libre y transparente, en que las dos opciones podrían ser defendidas con amplitud y claridad. A fin de cuentas, desde el punto de vista de un demócrata no tendría demasiado sentido forzar a los habitantes de un territorio a pertenecer a un país si mayoritariamente no lo desean, pues en la concepción moderna de lo que debe ser un país es una asociación libre por el mutuo interés, no algo inmutable sino, por el contrario, algo negociable y revisable. Además, como demuestra la experiencia de otros países, si se discuten las cosas con serenidad lo más probable es que en tal referéndum el no a la independencia hubiera ganado, porque en todo el mundo occidental la población tiende a ser conservadora en sus elecciones y preferir la estabilidad de un status quo funcional que les garantiza pan y seguridad a una aventura de incierto futuro.

Sin embargo, en España existe aún una minoritaria pero masiva percepción esencialista que impide cualquier aproximación moderna y racional al problema, un esencialismo labrado tras largas décadas de dictadura y adoctrinamiento, y que ha conseguido pervivir, casi inconscientemente, y que es sustentado ahora por muchos que no vivieron esa dictadura. Un esencialismo según la cual España es una idea superior y trascendente que está por encima de las ideas y de las vidas de sus individuos: es el viejo adagio franquista de "España es una unidad de destino en lo universal". Una concepción trascendente de España es comparable con un sentimiento religioso exaltado, que no admite ni enmiendas ni discusión. A un fanático religioso no se le puede plantear la celebración de un referéndum para decidir si Dios existe o no; "¡Qué tontería!" - te diría - "Es obvio que Dios existe". Del mismo modo, al esencialista español no se le puede plantear la celebración de un referéndum para decidir la independencia de Cataluña, "¡Qué tontería! Si Cataluña es España". Desde esa perspectiva esencialista española, si fuera cierto que existiera una amplia mayoría de catalanes que quisiera la independencia de Cataluña sólo podría ser porque han sido abducidos, engañados o se les ha lavado el cerebro, con una actitud paternalista que considera a los otros equivocados porque uno conoce la verdad máxima, la cualidad trascendente de España, que no puede ser cuestionada y es la verdad siempre. Llevada al extremo, hay quien en un arrebato considera que, en vez de sentarse y dialogar para entender los argumentos del otro, considera que lo que tendría más sentido es echar a los catalanes al mar o incluso destruir Barcelona con un misil, cualquier cosa antes que aceptar que Cataluña y sus gentes simplemente siguieran su rumbo como un país diferente, cualquier cosa antes de aceptar que la actual configuración de España no es una verdad indiscutible sino una construcción humana y por tanto provisional y revisable. En vez de querer construir un espacio común de encuentro donde todos los que quieran se sientan incluidos, el esencialismo español se considera legitimado para imponer su verdad por la fuerza si ello fuera preciso. Y el problema aquí es que el PP (y una parte del PSOE) se arropa en el esencialismo español, igual que Convergència lo hace con la bandera catalana y con igual motivo de hacerse perdonar sus muchos pecados. Y al igual que a Convergència, es una estrategia que al PP le ha funcionado bien, incluso se podría decir que mejor que a sus homólogos catalanes.

Por supuesto la posición ultranacionalista que representa el esencialismo español no es fácilmente homologable al nivel de las democracias europeas, y para salvar la cara se usa un discurso poco inteligible con unos esquemas bastante rígidos para justificar su negativa a negociar con los independentistas catalanes. Desde el Gobierno de España se habla repetidamente de respetar la ley, pero sin tener en cuenta que lo que está en discusión no es la legalidad sino la legitimidad; y si bien los partidos independentistas catalanes no están legitimados para saltarse todas las leyes españolas a la torera y a su conveniencia, tampoco están los partidos españoles legitimados a ignorar la amplia base social que en Cataluña reclama un cambio de status quo, en un debate que podía y debía ser tratado desde las instancias españolas en vez de ser ninguneado. La clásica argumentación de que si lo que pretenden los catalanes es cambiar la Constitución española lo que deben hacer es conseguir el apoyo de una mayoría de dos tercios de las cámaras españolas es completamente tramposo y torticero, pues la población de Cataluña no representa dos tercios de la de España y desde el punto de vista de España la independencia de Cataluña no es interesante, confrontando de nuevo la legitimidad que es del pueblo español con la legitimidad que quiere ser del pueblo catalán. Dar vueltas sobre la legalidad española es absurdo e inútil porque la cuestión de fondo es si se debe considerar al pueblo catalán sujeto legítimo de derecho del modo que lo es el español, y sólo desde la grandeza de miras y un verdadero convencimiento democrático podrían los legítimos representantes del pueblo español aceptar discutir la eventual legitimidad de los representantes del pueblo catalán. Un pueblo catalán que por supuesto es diverso y en el que una parte importante del mismo no querría tal independencia y que también debe ser oído y respetado, como oído y respetado debe ser quien sí lo desea. Y al final de una larga negociación, encontrar una fórmula adecuada para dirimir el conflicto. Pero nada de eso está sobre la mesa, uno y otro bando sólo usa argumentos repetidos y cíclicos que usan la legalidad preferida como si fuera la vara de todo medir, ignorando cualquier legitimidad que no sea la propia.

El desastre que inevitablemente sobrevendrá el 2 de octubre abrirá un nuevo capítulo de este conflicto de legitimidades no reconocidas disfrazado de conflicto de legalidades. La frustración de un 2 de octubre que no se parecerá a lo que hubieran deseado, no por la falta de apoyo a la independencia sino por la imposición forzada de la españolidad, dejará profundas marcas en el independentismo catalán. Un independentismo que, con el devenir de los años, podría acabar incubando un esencialismo catalán parejo al español, esencialismo que por más que se empeñen en denunciar es todavía inexistente a una escala digna de ser apreciado, pero que eventualmente puede acabar sobreviniendo. Un esencialismo catalán que puede, como un agujero negro, ir absorbiendo razones y sumiendo a sus víctimas en el mismo tipo de negro no-razonamiento que demuestran quienes son presas del esencialismo español, que sólo busca la aniquilación del disidente. Y es que por desgracia la radicalidad es un pozo del que resulta muy difícil salir.

Yo hace años que vivo aquí, y he aprendido a amar a esta gente y a esta cultura que generosamente me  acogió. Veo con inmensa preocupación la lenta pero inexorable deriva hacia la radicalidad de familiares y de gente a los que llamo amigos y a los que quiero, a ambos lados de la frontera. Estos días de mierda en los que ahora estamos sumidos nos llevan a razonamientos de mierda y a discusiones de mierda de donde, lógicamente, sólo podemos salir cubiertos de mierda. Me comentaba hoy mismo un compañero que ha tenido que salirse de 4 grupos de whatsapp porque ya no lo soportaba. Los que no somos de aquí pero vivimos aquí teniendo muchos vínculos allá recibimos muchos mensajes de gente a la que parecería que ya no conocemos, en las que al final nos reprochan nuestra falta de adhesión a una de las dos causas.

¿Qué espacio nos queda a los de la equidistancia imposible, a los que no queremos vernos envueltos en ningún esencialismo irracional, a los que creemos que hay otros muchos problemas de mucho calado que necesitan ser abordados? ¿Con qué ley seremos juzgados los que no queremos la independencia de Cataluña pero comprendemos a aquéllos que sí la desean? ¿Qué veredicto merecemos los que pensamos que el estado español es profundamente corrupto y decadente, y necesita reformas urgentes que no han querido ser abordadas en tantas décadas por culpa tanto de los dirigentes españoles como de los catalanes? ¿Qué pena se nos reserva a los que amamos a gente que se odia por su defensa encarnizada de entes abstractos?

Una vez más, nuestra dificultad para reconocer el colapso nos lleva a él de manera irremediable. Mientras los que dicen dirigirnos se abocan a una lucha terrible que las masas convencidas jalean, se acerca una nueva recesión económica, los problemas de disponibilidad de recursos están a la vuelta de la esquina, la degradación ambiental no puede esperar más a ser tratada y comienzan a sonar, aún poco audibles, los tambores para las próximas guerras por los recursos. Hablar de todo ello en este momento se considera una frivolidad, una distracción, cuando la verdadera distracción es esta lucha fratricida mientras se nos echa encima la oscura noche.


Salu2,
AMT

lunes, 5 de junio de 2017

Cataluña ante el colapso




Queridos lectores,

Con paso lento pero firme, el vodevil catalán que hemos vivido durante los últimos años encara ya su fin, como mínimo el final de esta etapa. Después de jugar al gato y al ratón durante un año, el Govern de la Generalitat de Catalunya tendrá que decidir si decide desafiar al ordenamiento constitucional español, legal y vigente en Cataluña, al convocar un referéndum de autodeterminación en este territorio; o bien acepta que no se puede celebrar tal referéndum con todas las garantías legales, disuelve la cámara y da por acabada la legislatura convocando nuevas elecciones autonómicas, probablemente repitiendo la idea de que son "plebiscitarias", como la última vez. De la parte del Gobierno español, el otro actor en este drama con toques de farsa, la posición es bien simple: no a cualquier propuesta de cambio. Entre medias, una población catalana dividida en dos mitades imperfectas, probablemente más de la mitad deseando que se celebre el referéndum (pues no entienden que se sustraiga a la población el derecho a votar, por más razonamientos alambicados que quiera dar el Gobierno español) y probablemente menos de la mitad a favor de la independencia de Cataluña (pues no es evidente qué ventaja va a reportar eso, en tanto que los inconvenientes son muy evidentes). Después de varias escenificaciones muy teatrales y golpes de efecto más o menos previsibles (conferencia de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en el Ayuntamiento de Madrid; oferta a última hora del Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, para que Puigdemont defendiera su propuesta en el Congreso, oferta que fue declinara por éste último, etc), hemos llegado al clímax de la representación, y ya sólo quedan las dos opciones enunciadas más arriba: o Puigdemont tira adelante con el referéndum con todas las consecuencias, o acepta el fracaso de la legislatura y convoca elecciones.

A mi me resulta difícil saber qué es lo que va pasar, pues los movimientos políticos, en todos los países occidentales, se manejan con claves ocultas a la mirada del pueblo cuya soberanía dicen representar, y en las que los grandes agentes económicos tienen más a decir que el pueblo llano. Tal y como yo veo la cosa desde aquí, lo que me parece más probable es que la Generalitat haga el salto al vacío e intente forzar el referéndum, posiblemente en el convencimiento de que el Gobierno español al final tendrá que ceder y sentarse a negociar (cosa que yo no tengo tan clara), y en su defecto los líderes catalanes se inmolarían política y personalmente (penas de prisión incluidas) para exacerbar la indignación popular y ganarle así el pulso al Gobierno español. Y a pesar de lo que acabo de decir, que pase lo exactamente contrario no me sorprendería en absoluto.

El gran problema en Cataluña, y que el Gobierno de España no ha sabido o querido ver, es que al margen de cómo acabe la patochada actual el sentimiento independentista en Cataluña no va a amainar, sino al contrario. Que el independentismo haya pasado de ser consistentemente el 16% del electorado catalán durante décadas hasta llegar a su cota máxima del 48% en cuestión de unos 5 años no es una cuestión menor. Alguien tendría que haber hecho un esfuerzo para entender porqué el independentismo político se había triplicado en tan breve espacio de tiempo, e intentar dar una respuesta política a lo que en esencia era y es un problema político. Por desgracia, el Gobierno de España, acorralado por múltiples casos de corrupción y teniendo que gestionar una situación interna no demasiado estable, ha preferido en todo momento reducir toda discusión en Cataluña a una tema jurídico, de mero acatamiento de las leyes, anteponiendo legalidad a legitimidad, lo cual es desde el punto de vista político una estrategia kamikaze: ¿hasta qué punto el nacionalismo catalán no se ha visto exacerbado por la intransigencia política española? Y lo peor es que aún hoy la mayoría de los líderes españoles no se dan cuenta del inmenso error estratégico de esta posición inmovilista. Así las cosas, el problema de Cataluña con España sólo puede ir a peor con el paso de los años, y lo más probable es que sólo pueda acabar cuando Cataluña consiga su independencia.

Como ya he comentado muchas veces, creo que la efervescencia independentista en Cataluña responde en mucho al proceso de decadencia de las sociedades occidentales, decadencia que ya se ha manifestado de manera particularmente evidente en Grecia, Reino Unido, EE.UU., e incluso Francia. España sólo es otra ficha más en el dominó de esa decadencia global de Occidente, fruto de una crisis que no puede acabar nunca; y es sólo cuestión de tiempo que España sufra una convulsión, previsiblemente peor que las de nuestros vecinos. El sentimiento de desconexión con las élites que experimentan la mayoría de los ciudadanos hace que todo lo que tenga que ver con el Estado se vea como ineficiente y corrupto, y que cada vez menos personas, tanto en España como en Cataluña, están de acuerdo con un continuismo que tiene una imagen cada vez más retrógrada y despreciable. Eso lleva a la curiosa y triste paradoja de que el movimiento secesionista catalán, a pesar de sus muchas limitaciones y cortedad de miras, es lo más regeneracionista que ofrece el desierto panorama político español.

Para los que vivimos aquí, en Cataluña, y más concretamente para los que somos españoles pero no catalanes, la situación es particularmente incómoda. En mi caso concreto, yo, que soy español (nacido en León, vine a vivir en Cataluña cuando ya tenía 32 años), no deseo que Cataluña sea independiente de España, fundamentalmente porque me causa mucha tristeza nuestro fracaso colectivo, nuestra incapacidad de entendernos y llegar a acuerdos razonables. Por otra parte, comprendo los argumentos que dan mis muchos amigos independentistas (porque sí, a pesar de ser español tengo amigos independentistas catalanes, algo que los nacionalistas españoles no pueden entender, en su totalitaria visión de conmigo o contra mi). Hay muchos de los argumentos de los independentistas catalanes que no comparto, y algunos que sé positivamente que son completamente erróneos; pero por otro lado no puedo alinearme con una postura de oposición frontal al independentismos porque de manera ventajista quienes la defienden suelen alinearse con los intereses de una clase corrupta y decadente, ¿y quién puede negar que España necesita una regeneración? Por supuesto que Cataluña también (la política catalana es tanto o más corrupta que la española), y el proceso de independencia no garantiza, ni mucho menos, que se supere esa corrupción. Pero no hacer nada consiste en aceptar que esto es lo que hay y que nada se puede cambiar, ya que desde España, seamos realistas, no se está proponiendo nada como cambio real y radical. Por tanto, uno no quiere votar a favor de la independencia de Cataluña, por el sentimiento de derrota y pérdida que ello provoca, pero tampoco puede votar en contra, porque es reaccionario, una aceptación tácita de lo actual. Pero por otro lado, por pocas convicciones democráticas que se tengan, es obvio que uno no puede oponerse a que se vote sobre un asunto tan trascendente y sobre el que es notorio y manifiesto que un amplio sector de la población catalana quiere manifestarse. Así que al final, en mi caso concreto, me encuentra en la paradoja, otra más de las que jalonan este camino, de querer que se vote y no poder votar ninguna de las dos opciones. Y como yo me temo que se encuentran bastantes personas, aunque al final, con un espíritu más pragmático que el mío, seguramente optarían por una u otra opción, más probablemente el sí que el no a la independencia.

Este último contrasentido, ese callejón sin salida intelectual de querer votar pero no querer ninguna de las dos opciones, ejemplifica a mi modo de ver el callejón sin salida político en el que estamos. No es de extrañar que las posiciones del sí y del no estén tan igualadas en las encuestas; en el fondo, dado que no se habla de las cuestiones verdaderamente importantes que podrían conseguirse o no con la independencia (qué tipo de república se constituiría, si se acabarían o no los privilegios, si se primarían los derechos de las personas o los intereses de las corporaciones, qué se haría con el pago de la deuda, etc), esta votación no es menos aleatoria que lanzar una moneda al aire y pedir cara o cruz. Una vez más somos la hormiga que busca infructuosamente la manzana que huele, moviéndose adelante y atrás sin darse cuenta de que la tiene encima. Por eso, querría explorar una dimensión del problema raramente (por no decir nunca) tratada: que la secesión de Cataluña supondría una vía rápida hacia el colapso, y por qué eso podría llegar a ser algo positivo.

Contrariamente a lo que se defiende desde el campo independentista, la secesión de España supondría una caída económica más que considerable tanto para España como para Cataluña. El grado de interconexión de las dos economías es total, pues Cataluña forma parte de España, la mayoría de sus "exportaciones" van a España y para España Cataluña es un motor económico fundamental. Ya desde el punto de vista meramente logístico, el proceso de secesión tiene una complejidad astronómica: desde la gestión de la red eléctrica, enormemente interconectada entre ambos territorios, hasta las redes de gas, carreteras, puertos, aeropuertos, cuencas fluviales, recursos hídricos y así un largo etcétera. Además, tal secesión no se verificaría de grado: al margen de que más de un líder independentista pueda acabar en una cárcel española, y de que acabara produciéndose cierta violencia hasta la consumación de la separación, es evidente que, por una cuestión de orgullo nacional y sabiendo cómo son nuestros líderes, España no ayudará a Cataluña a hacer más sencillo el proceso, ni tan siquiera en aquellas cosas en las que la no-colaboración perjudicase claramente a los españoles. Antes al contrario, se pondrán todo tipo de obstrucciones y pegas, y entre otras España intentaría endosarle al nuevo Estado tanta deuda nacional como le fuera posible (si le dejan). Y por si fuera poco, esta eventual secesión de Cataluña pasaría en medio de una grave crisis económica mundial, que no sólo agravaría los problemas económicos internos sino que además mermaría el apoyo internacional al proceso de transición (como mínimo, el apoyo económico). Teniendo en cuenta que la siguiente oleada recesiva muy probablemente será el inicio del largo descenso energético, la trayectoria será siempre descendente para los países occidentales, pero en el caso de Cataluña y España ese descenso sería más rápido que el de otros países de nuestro entorno (lo cual, no nos engañemos, a ellos les vendría muy bien, por lo que se supone de aumento de recursos disponibles para ellos).

Colapsar antes o más completamente que el resto de países occidentales puede tener sus ventajas, sobre todo si uno acepta un punto de vista según el cual el colapso es inevitable. Que el colapso sea o no inevitable es algo en sí mismo bastante discutible, aunque viendo la enorme dificultad para conseguir que se acepte en los ámbitos políticos la idea del decrecimiento necesario e inaplazable, y que la falta de amplitud de miras de las grandes empresas nos aboca irremisiblemente a un descenso energético y material precipitado, es difícil ser optimista sobre la posibilidad de evitar el colapso; más bien se podría decir que nuestros sistemas político y económico están programados para colapsar tan pronto como los recursos comiencen su físicamente inexorable declive (cosa que, por lo que parece, ya ha comenzado).


La Historia, disciplina cada vez más arrinconada en los currículums escolares, es una gran maestra, y si uno se toma la molestia de echarle un vistazo verá que los procesos de colapso de las civilizaciones, aunque rápidos al ser mirados retrospectivamente, toman su tiempo. Incluso en nuestro muy inestable sistema, que probablemente nos llevará a un colapso mucho más rápido de lo habitual, el colapso es un proceso que llevará décadas, y al cual la psique humana, muy adaptativa, se va aclimatando, aceptando a cada paso la nueva realidad. A los países occidentales les llevará un tiempo colapsar, porque antes de que éste se consume por completo se tendrán que haber aprovechado todos los recursos atesorados como capital, no sólo monetario sino físico. En el proceso, la falta de aceptación del momento histórico que estamos viviendo puede abocarnos al recurso a la guerra y el colonialismo como medio para garantizar la continuidad del flujo de recursos, y eso nos degradará más y peor que simplemente dejar a los demás países a su suerte, puesto que la contrapartida de la guerra fuera es el autoritarismo y la devaluación interna dentro.

Por todo ello, un colapso rápido, o más rápido que el de los países de nuestro entorno, puede tener ciertas ventajas. Como dice John Michel Greer, "Colapse ahora y evite las aglomeraciones". Si nuestro colapso se verifica sensiblemente antes que el de las naciones de nuestro entorno, seguramente, aunque sea por su propio interés, nos ayudarán a caer de una manera más ordenada; en justa compensación a su esfuerzo por nuestra parte, el peso muerto que nosotros supondríamos les llevaría a acelerar un poco su propio inevitable y necesario colapso. La idea es, al final, colapsar mejor, como tantas veces dice Jorge Riechmman; o si no somos capaces de colapsar bien, por lo menos colapsar rápido, como dice Carlos de Castro, para acabar lo antes posible con esta locura destructiva.


La enorme carga de la deuda, las espurias rencillas entre Cataluña y España, la enorme complejidad de los ajustes en la gestión de tantas infraestructuras y administraciones, y todo eso con el trasfondo de una crisis económica draconiana, podría servir no sólo para producir una fuerte caída inicial de la que nunca nos recuperaríamos, sino que probablemente pondría, tanto a Cataluña como a España en una vía de descenso más rápido de la que tendrían yendo juntas por la Historia. Así pues, la independencia de Cataluña nos llevaría a un colapso rápido pero en mejores condiciones que los colapsos que sucederán posteriormente. Por tanto, en una última paradoja, el proceso secesionista catalán supondría una gran ventaja y algo deseable tanto para Cataluña como para España. Aunque dudo mucho de que ningún representante político osara jamás plantear el debate en estos términos.


Salu2,
AMT